Pinochet: Una dictadura cívico-militar

Tomado de http://alainet.org
Por Álvaro Cuadra

20121229-035938.jpgA medida que las investigaciones en torno a la dictadura de Augusto Pinochet van poniendo en evidencia la importante participación de civiles en altas funciones de gobierno, emerge el carácter de una “dictadura cívico-militar” No se trata, como pudiera pensarse, de una mera disquisición intelectual propia de historiadores sino, por el contrario, de un hecho político de la mayor trascendencia en el Chile de hoy. Por de pronto, abre la necesidad de investigar y, eventualmente, llevar a los tribunales a numerosos civiles que, hasta la fecha, permanecen impunes, muchos de ellos vestidos con nuevos ropajes democráticos protegidos por partidos y movimientos de derechas.

En otros países latinoamericanos, particularmente en la República Argentina, ya se ha comenzado a utilizar este nuevo concepto con un alcance jurídico insospechado. De hecho, por estos días ha debido comparecer ante la justicia Jaime Smart, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante los años de terror de la dictadura de Videla, como cómplice de asesinatos y detenciones ilegales.

En el caso chileno, investigaciones reciente muestran que altos funcionarios civiles de la dictadura de Pinochet estaban al corriente de las operaciones llevadas a cabo por organismos de seguridad del Estado. Entre las investigaciones que se han llevado a cabo en nuestro país, delatando la complicidad cívico – militar durante la dictadura de Augusto Pinochet, destaquemos el valioso material que aporte el libro del periodista Mauricio Weibel “Asociación Ilícita: Los archivos secretos de la dictadura” en que aparecen los nombres de varios connotadas figuras de la derecha chilena.

El golpe de estado de 1973 y la cruenta dictadura que lo siguió fue el resultado de una conspiración política fraguada por sectores civiles y militares de extrema derecha con el financiamiento de los Estados Unidos. La complicidad de la derecha en los crímenes de lesa humanidad que se investigan quedó sellada en Chacarillas (1977) Algunos de los jóvenes de entonces son o han sido diputados, senadores y ministros del actual gobierno. La derecha de hoy quiere olvidar aquel maridaje entre el dinero y el terror, lo que no se puede borrar es la responsabilidad de algunos funcionarios civiles en crímenes horrendos perpetrados por la DINA-CNI durante aquellos oscuros años.

El actual gobierno de derechas ha sacado el tema de las violaciones de derechos humanos de su agenda. Los medios de comunicación, con muy escasas excepciones, otorgan espacio a este negro capítulo de la historia nacional. En la actualidad se vive en nuestro país una complicidad de silencios que pretende dejar en la impunidad a muchos civiles que fueron responsables o cómplices de crímenes que a pesar del tiempo trascurrido siguen abiertos como una herida en el corazón de muchos compatriotas.

    Los archivos secretos de la dictadura

Tomado de http://lamansaguman.cl
Por Equipo La MansaGuman

20121229-040527.jpgCuando se hace notar que la chilena fue una dictadura cívico-militar, no es un eufemismo. Además de los “contactos” de Agustín Edwards con Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular y de la participación de civiles en la creación de “El Ladrillo” –el programa económico que implementó el régimen militar y que a instancias de la Armada fue ideado antes del golpe, cuando aún gobernaba Salvador Allende–, siempre se supo que todos los funcionarios de la dictadura no tenían justificación real para alegar “desconocimiento” de lo que sucedía en el país. Ahora se tiene todavía mayor certeza. “Asociación ilícita. Los archivos secretos de la dictadura”, de Carlos Dorat y Mauricio Weibel, prueba que había una relación permanente y formal entre ministros y subsecretarios con la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y luego con su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI). Era un vínculo institucional, que se daba a través de circulares y memorandos fechados, timbrados, enumerados para control de archivo y con membretes que establecían el nivel de importancia de la información –reservada o confidencial– enviada a diferentes reparticiones del Estado.

“Asociación ilícita” fue lanzado el 5 de octubre y no aparece en el ranking de los más vendidos de la Revista de Libros de El Mercurio (el único listado de ventas del país), probablemente debido a que la difusión en la prensa tradicional ha sido escasa (o más bien nula). A pesar de sus importantes revelaciones, tampoco ha provocado las reacciones que cabía esperar, especialmente de la clase política (¿cabía esperarla, en realidad, o es una mansa ingenuidad nuestra?).

Aquí reproducimos algunos episodios que Dorat y Weibel rescataron de los archivos de los ministerios de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Hay muchos más. “Asociación ilícita. Los archivos secretos de la dictadura” fue publicado por Ediciones Ceibo y está en librerías.

INVESTIGAR A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO. Como director de la Dina, Manuel Contreras tenía facultades para investigar a los funcionarios del Estado, lo que revela la Circular Reservada 35 F-151 de 1975, del entonces ministro del Interior general Raúl Benavides: “Su Excelencia (Pinochet) ha dispuesto que a partir de esta fecha ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte a sus antecedentes un informe DINA respecto a las actividades que el interesado pudo haber realizado”.

Este sistema operó hasta bien avanzada la dictadura. En 1983, en plena recesión económica y con la oposición más fortalecida, el ministro del Interior Enrique Montero Marx, en Circular Reservada numero 43, ordenó: “Deberá disponerse un rechequeo de los antecedentes del personal dependiente, para lo cual se considerarán los informes emitidos a la fecha por la Central Nacional de Informaciones (CNI)”.

20121229-040842.jpgEL PLAN EPSILON. Fue diseñado en 1975 por Contreras para “enfrentar” la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un documento de 11 páginas, dirigido a ocho ministerios y servicios, estableció esta estrategia: “Realizar una campaña de acción psicológica abierta y clandestina” para neutralizar las denuncias en contra de Chile por violaciones de los derechos humanos. Epsilon contaba con periodistas aliados (cuyos nombres no aparecen) y planteaba eliminar de la programación de televisión de películas de la Segunda Guerra Mundial (para evitar alusiones al nazismo), establecía crear ataques a la situación de los derechos humanos en Portugal, la Unión Soviética, Cuba y Vietnam, y planteaba además la transmisión de un partido entre Chile y Brasil, como distracción. Contreras entregó el número de teléfono y anexo de su despacho, para que los ministros y jefes de servicios le consultaran alguna duda.

LA OPERACIÓN CONDOR Y LOS “CONSEJEROS ADMINISTRATIVOS”.El oficio secreto número 35 del subsecretario de Relaciones Exteriores, general Enrique Valdés Puga, va dirigido al general (R) Odlanier Mena, director de la CNI. Esta correspondencia ratifica que hubo funcionarios de la CNI destinados a las embajadas chilenas en Brasil, Perú, Bolivia y Argentina y muestra el conocimiento del gobierno, no sólo de la policía secreta, de la existencia de la Operación Cóndor. Dice: “De acuerdo a lo conversado con US., sobre la necesidad de normalizar la situación de envío de oficiales de esa CNI como Consejeros Administrativos o Civiles a distintas representaciones diplomáticas de Chile en el exterior, mucho agradecería remitir (…) un ejemplar del Plan Cóndor”.

20121229-041209.jpgEL PERFIL HUMANO DE SU EXCELENCIA. Contreras coordinó una publicación en inglés y español detallando las características humanas del general Augusto Pinochet. Eran 600 ejemplares –enviados a las embajadas y consulados– bajo el título: “Perfil Humano de S.E.”. En el Mensaje Secreto número 205950, dirigido al canciller Patricio Carvajal, Contreras escribió: “Considerando que este documento constituye el primero en su tipo y resalta facetas de S.E. desconocidas en el exterior, tanto en círculos diplomáticos como en sectores que tienen influencia en la opinión pública, se solicita a US. disponer su distribución en las diferentes Embajadas y/o Consulados”.

EL SUBSECRETARIO CARDEMIL Y EL “CASO DEGOLLADOS” En su calidad de subsecretario del Interior –dice el libro– Alberto Cardemil distribuyó informes de la CNI a otros ministerios. Ejemplos hay varios. Uno: En el Oficio Secreto 7042 del 24 de octubre de 1984, enviado al subsecretario de Relaciones Exteriores, escribe: “Adjunto me permito acompañar para la consideración de US. memorándum de CNI sobre actividades programadas por exiliados chilenos” (los reportes incluían detalles de los viajes de dirigentes políticos en el exilio, sus reuniones y organigramas de trabajo, entre otros puntos). Otro: en el Oficio Secreto 1953, dirigido a la Cancillería el 26 de abril de 1985, en el cual Cardemil plantea: “Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntarle carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaría de la Solidaridad”. Esta información, plantean los autores, luego fue utilizada para desacreditar el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, denunciando una supuesta infiltración marxista en sus filas. Un mes antes, además, la Dicomcar de Carabineros había asesinado a tres profesionales comunistas, entre ellos un funcionario de la Vicaría: el sociólogo José Manuel Parada. El 14 de marzo de 1986, Cardemil continuaba alerta al “Caso Degollados”. En el Oficio Secreto 962, rotulado como “Urgente” y dirigido a la Cancillería, entregó la versión de Carabineros sobre la detención en una protesta del 11 de marzo de 1986 de Santiago Esteban Nattino Reyes, hijo del publicista del mismo nombre asesinado junto a Parada. “Pocos meses después y coincidentemente, Manuel Guerrero Antequera, hijo de otro de los degollados, debió abandonar el país por ataques y seguimientos reiterados”, escriben los periodistas.

20121229-041523.jpgCARDEMIL, PIERRE DUBOIS Y OTROS CURAS FRANCESES. En 1986, poco después del atentado a Pinochet, el subsecretario de Relaciones Exteriores Ramón Valdés le pide esta información al subsecretario del Interior Alberto Cardemil: “Mucho agradeceré a US. tenga a bien proporcionar el máximo de antecedentes respecto de las actividades desarrolladas en Chile por los sacerdotes señores Pierre Dubois, Jaime Lancelot y Daniel Caruette”. Dos años antes había sido asesinado el cura André Jarlan. El libro relata que “la información solicitada a Cardemil sirvió para justificar internacionalmente la expulsión de los religiosos”.

CARDEMIL VERSUS SERRAT. La dictadura le prohibió el ingreso a Chile a Joan Manuel Serrat. El Oficio Reservado B7051, dirigido a la Cancillería y firmado por el subsecretario del Interior Alberto Cardemil, indicaba: “El Sr. Joan Manuel Serrat tiene vigente una prohibición de ingreso al país”. En una minuta adjunta, Cardemil da los motivos: “(La medida) se adopta inmediatamente posterior a declaraciones públicas del Sr. Serrat contrarias al Supremo Gobierno”. Adicionalmente, en el Oficio Secreto número 210766, de 1984, el director de la CNI Odlanier Mena expresaba: “En el momento actual (protestas y manifestaciones callejeras), es preferible que (Serrat) no entre (a Chile)”.

20121229-041831.jpgLA PROTECCIÓN A COLONIA DIGNIDAD Las más altas autoridades del régimen militar supieron de las anómalas situaciones que sufrieron los niños que vivieron en la secta alemana. El Memorando Secreto 09557 de 1987 dirigido al ministro del Interior Sergio Fernández y remitido por al ministro de RREE (S) Francisco Ramírez Migliasi, detallaba: “El Ministro Subrogante infrascrito cumple con poner en conocimiento de US. antecedentes que pueden ser de gravedad”. Informaba así no de las violaciones en el enclave de Paul Schäfer, sino de la visita a Chile del presidente de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos de Alemania, Ludwig Martin, y del presidente del Instituto de Investigaciones Democráticas, Lothat Bossle (asesor de Franz Joseph Strauss, premier bávaro y admirador de Pinochet). Martin y Bossle denunciaban una “campaña de desinformación” contra el gobierno chileno en Alemania, dirigida por el entonces ministro del Trabajo Norbert Blüm. Según Ramírez Migliasi, la ofensiva de Blüm apuntaba a “la situación de Colonia Dignidad” (donde ocurren) “graves situaciones delictuales”. La dictadura conoció por años los hechos, pero los desacreditó en público. Hasta 1989, cuando el canciller era Hernán Felipe Errázuriz. Basado en un reporte de ocho páginas del 19 de octubre de ese año (a meses de que Pinochet dejara el poder), Errázuriz envió el Oficio 07473 a Interior, en el que observa: “Del estudio y análisis del informe en cuestión, se desprende que Colonia Dignidad tiene características propias de una secta, no descartándose que pueda existir una manipulación intencionada de la conciencia de sus miembros” (…). Errázuriz también reconoció que “los hijos son separados de sus padres” y las irregularidades financieras.

DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS En 1988 la CNI quedó a cargo de la incineración de los archivos confidenciales en los ministerios. En el Oficio Secreto 03146, del 7 de abril de 1988, el entonces canciller Ricardo García Rodríguez remitió a la CNI un “Acta de Destrucción” de documentos de Cancillería, firmada por el funcionario de RREE James Sinclair.

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    Los Servicios Secretos Siguen Activos: Roban Información y Amenazan a Periodista que Investiga a la Dictadura

Tomado de http://www.diarioreddigital.cl

El periodista Mauricio Weibel, autor del libro “Los archivos secretos de la dictadura”, denunció amenazas y el robo de un computador desde su domicilio, donde guardaba los archivos de la investigación sobre el papel de los servicios secretos durante la dictadura de Pinochet. El día anterior al asalto de su ndomicilio, Weibel denunció el robo de su automóvil, el que fue encontrado completamente desmantelado horas después por la PDI, en la comuna de La Cisterna. El ministro de Defensa, el “presidenciable” señor Andrés Allamand, ha guardado vergonzante silencio sobre estos hechos que recaen en su directa esfera de atribuciones y responsabilidades.

Debe esclarecerse por completo y lo antes posible el robo que sufrió en su domicilio el 15 de diciembre de 2012 Mauricio Weibel, corresponsal de la agencia informativa alemana DPA, presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales de Prensa y corresponsal de Reporteros sin Fronteras en Chile.

No se trata de un robo cualquiera. Los ladrones tenían muy claro lo que querían sustraer: el computador del periodista, donde se encontraba toda la información de su investigación sobre el papel que desempeñaron los servicios secretos dependientes de las fuerzas armadas durante la dictadura militar (1973-1990).

Precisamente a partir de este trabajo de investigación, Mauricio publicó un libro: “Asociación Ilícita: los archivos secretos de la dictadura” (Ed. Ceibo, octubre de 2012). 24 horas antes de que tuviera lugar el allanamiento de su domicilio, el automóvil del periodista había sido robado. La policía lo encontró poco después completamente desmantelado en la comuna de La Cisterna, ubicada en la zona sur de Santiago.

“Cuando llevaba a cabo su investigación, para la que consultó archivos desclasificados de la dictadura abiertos recientemente, Mauricio se quejó de las amenazas y los riesgos que corría, lo que debería haber alertado a las autoridades. Debe otorgarse al periodista y a su familia una protección acorde a los riesgos que corren. Aún se encuentran en peligro los periodistas de los países que formaron parte del Plan Cóndor que llevan a cabo investigaciones de fondo sobre este periodo. Mauricio Weibel debe gozar del apoyo del gremio, no sólo por lo que concierne a su seguridad, sino por su contribución a la búsqueda de la verdad sobre una de las páginas más oscuras de la historia sudamericana reciente”, declaró Reporteros sin Fronteras.

Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió este domingo a las autoridades nacionales la protección para el corresponsal Mauricio Weibel, de la agencia alemana DPA, objeto de amenazas y de un robo que la organización vinculó a su investigación sobre el papel de los servicios secretos durante la dictadura de Pinochet.

RSF subrayó también, en un comunicado, que “se debe esclarecer por completo y lo antes posible” el robo que sufrió este sábado Weibel en su casa, un acto en el que “los ladrones tenían muy claro lo que querían sustraer”: el computador con la información sobre su investigación.

El periodista, que es hijo del dirigente del Partido Comunista José Weibel, detenido y desaparecido en 1976 durante la dictadura, y presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional.

Un día antes del asalto, Weibel denunció el robo de su automóvil, el que fue encontrado completamente desmantelado horas después por la Policía chilena en la comuna de La Cisterna, en el sur de Santiago, informó RSF.

“Debe otorgarse al periodista y a su familia una protección acorde a los riesgos que corren (..) no sólo por lo que concierne a su seguridad, sino por su contribución a la búsqueda de la verdad sobre una de las páginas más oscuras de la historia sudamericana reciente”, indicó RSF.

Weibel es presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales de Prensa y corresponsal de Reporteros sin Fronteras en Chile. Su padre, José Weibel, fue dirigente del Partido Comunista Chileno, y en 1976, en plena dictadura, fue detenido y desaparecido.

La asociación de defensa de los profesionales de la información recordó que “cuando llevaba a cabo su investigación, para la cual consultó archivos desclasificados de la dictadura abiertos recientemente, Mauricio se quejó de las amenazas y los riesgos que corría, lo que debería haber alertado a las autoridades”.

Por eso instó que se le otorgue a él y a su familia “una protección acorde a los riesgos que corren”, e igualmente a que el gremio de periodistas lo apoye en “su contribución a la búsqueda de la verdad sobre una de las páginas más oscuras de la historia suramericana reciente”.

RSF lamentó que “aún se encuentran en peligro los periodistas de los países que formaron parte del Plan Cóndor que llevan a cabo investigaciones sobre este periodo”.

“Los archivos secretos de la dictadura”

El libro “Asociación Ilícita, los archivos secretos de la dictadura” a cargo de los periodistas se presenta este viernes a las 18:30 horas en la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), a casi un mes de su lanzamiento en el Museo de la Memoria.

Luego de una investigación de varios meses, los periodistas de la agencia de noticias alemana DPA, Mauricio Weibel y Carlos Dorat, terminaron exponiendo y revelando documentos secretos como memorandos u oficios que circularon entre ministros y jefes de las policías secretas, DINA y CNI, durante la dictadura militar.

Mauricio Weibel describe el valor del libro y los archivos que lo componen como “miles de documentos que refieren a la toma de decisiones que fueron adoptadas. Es un libro sobre la historia de la decisión”.

De esta forma, en 235 páginas los lectores podrán encontrar respuesta a cómo se llevaron a cabo distintas estrategias, además de mostrar como “efectivamente ocurrieron las cosas, no desde un supuesto, no desde una creencia, si no desde los propios documentos de la dictadura”.

Entre los archivos destacan documentos donde se deja en claro la participación del RN Alberto Cardemil, quien manejó fichas de opositores y las entregó a las policías secretas, que cancilleres chilenos tenían conocimiento del Plan Cóndor o donde se revela que Augusto Pinochet, efectivamente, ordenó la detención de personas: “toda esa información demuestra que todos sabían (lo que pasaba) y que trabajaban coordinadamente”, sentenció Weibel.

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