Chile: Inicia el juicio contra el golpe militar

Tomado de: http://www.proceso.com.mx
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La represión chilena.
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VALPARAÍSO (apro).- Este viernes 18 el juez Mario Carroza resolvió acoger a trámite la querella en contra de los autores de los crímenes perpetrados con ocasión del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Esta querella fue presentada el 14 de diciembre pasado (Proceso 1886) por las agrupaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la de Ejecutados Políticos (AFEP).

Las primeras diligencias de esta causa, registrada bajo el número 2442-2012, serán –según lo resuelto por Carroza–, oficiar a cada una de las comandancias en jefe de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones, para que entreguen una nómina completa de los nombres del personal de estas instituciones que participó en las operaciones golpistas.

El ministro Carroza resolvió también, tal como solicitaron los querellantes, notificar a la Embajada de Estados Unidos en Santiago, con el fin que entregue una nómina con los nombres de todos los funcionarios que se desempeñaban en esa sede diplomática al momento del golpe militar.

Ni la propia justicia chilena se librará de ser investigada. Esto porque el juez Carroza solicitó a la Corte Suprema que entregue un listado de los ministros que formaban parte de ese tribunal a la fecha del golpe de Estado y, específicamente, de aquellos que suscribieron, en los días previos al golpe, una declaración en la que denunciaban una supuesta desobediencia en la que habría incurrido el gobierno constitucional de la época, encabezado por Salvador Allende.

Luego de la apertura de este juicio en los pasillos del Palacio de Tribunales de Santiago el principal debate es: si el golpe es un delito de lesa humanidad, en cuyo caso es imprescriptible; o si es un delito de carácter político, en cuyo caso habría prescrito.

Querella histórica

En entrevista con Apro, sostenida pocos minutos después de que se conociera la resolución que abría este juicio al golpe militar, el abogado querellante Eduardo Contreras expresó su emoción:

“Esta es por lejos la querella criminal más importante en la historia del país. Y lo es porque apunta directamente contra los verdaderos responsables de la peor tragedia que ha vivido el pueblo chileno. No basta con haber sancionado a los torturadores, a los violadores directos de los derechos humanos. Es necesario castigar a los verdaderos culpables: a los que montaron el golpe de estado, a los conjurados; a los que desde la sombra venían tramitando este golpe traicionero contra la Constitución y la democracia chilena”.

Entre los implicados en esta causa –y que podrían ser llamados a declarar– figuran altos funcionarios estadunidenses como Henry Kissinger, exconsejero de Seguridad Nacional del gobierno de Richard Nixon, así como importantes políticos chilenos, entre ellos el expresidente Patricio Aylwin (1990-1994), además de influyentes empresarios, como el exvicepresidente de la Coca Cola y dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, que sería el principal operador del golpe militar.

La sentencia emitida en febrero de 2010 por la jueza uruguaya Mariana Motta abona la tesis de que el golpe militar es un delito de lesa humanidad.

Motta condenó a 30 años de cárcel al exdictador José María Bordaberry (presidente entre 1972 y 1973 y dictador entre 1973 y 1976) por los delitos “de atentado contra la Constitución en reiteración real”, y por nueve crímenes de desaparición forzada y dos asesinatos políticos.

Contreras señala que este juicio en Uruguay “es exactamente igual en sus fundamentos a esta querella chilena: el alzamiento armado contra la Constitución. Y, por lo tanto, lo más probable es que se termine declarando delito de lesa humanidad y, en ese caso, debiera darse lugar a los procesamientos y a las condenas”.

En relación con los peligros que deberá sortear esta causa hasta llegar a castigar a los responsables intelectuales del golpe, el legista indicó: “Aquí pueden ocurrir muchas cosas. Seguramente los poderes fácticos se jugarán porque se declare incompetente al juez Carroza; o porque se señale que se trata de delitos políticos y, por lo tanto, estarían prescritos. Porque este juicio tocará los intereses más sucios de la sociedad chilena”.

Añade Contreras: “Lo que sea que ocurra en el futuro, el hecho que la querella haya sido acogida a trámite permitirá que se cumpla el objetivo principal: que las nuevas generaciones de chilenos conozcan toda la verdad de lo ocurrido. Ellos podrán entender que esta historia trágica puede repetirse si no se toman los resguardos necesarios”.

En este sentido el abogado de la AFEP y la AFDD reconoce que la apertura de esta causa “es un gran mérito de los tribunales y en particular del juez Mario Carroza”.

Obstáculos

El inicio de este juicio fue antecedido por hechos extraños que hablan de presiones y manejos que buscaron que no se investigara el golpe militar: Cuando se presentó la querella, por disposición de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se resolvió que ésta pasara al pleno de aquel tribunal, con el fin que allí se evaluara su admisibilidad, en una resolución que no llevaba la firma de ningún ministro.

A este respecto Eduardo Contreras manifestó que ese proceder fue “inconstitucional, ilegal y arbitrario” puesto que no correspondía que la admisibilidad de esta querella criminal haya sido definida en el pleno de la Corte de Apelaciones en circunstancias que obligatoriamente se debió haber definido al juez Carroza. Esto, porque en auto número 81 de 2009, fue designado por la Corte Suprema como juez a cargo de las causas de derechos humanos y de las nuevas querellas que se presentaran en esta materia.

“Por lo tanto –agrega Contreras–, lo que ocurrió en la primera sala fue una burda maniobra encaminada sin duda a la impunidad”.

Pese a todo, Contreras, junto con el también abogado querellante, Alfonso Insunza, lograron destrabar el camino de esta causa. Lo consiguieron luego de intensas gestiones, como las audiencias solicitadas y concretadas con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricio Villarroel, y con el ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, que es el encargado del máximo tribunal en materias de derechos humanos.

A los dos se le presentaron escritos denunciando que esta causa se estaba entrampando y no llegaba a quien correspondía: el juez Carroza.

Villarroel se comprometió a resolver el tema cuando en los últimos días de diciembre se reunió con Contreras. Pero nada hizo para que esto ocurriera.

En contrapartida, Dolmestch sí realizó diligencias que desentramparon el tema, y posibilitaron que la querella llegara –el 17 de enero– a manos de Carroza, quien inmediatamente la acogió a trámite.

A juicio de Contreras, lo sucedido “prueba que todos aquellos que son culpables siguen vivos, que tienen fuerza, que pueden presionar. Y que la lucha que ahora comienza será dura, ardua. Pero la vamos a librar con el esfuerzo que siempre han entregado las agrupaciones de familiares de las víctimas de la dictadura, que son los querellantes”.

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