El Pueblo Mapuche y el Estado de Chile, origen y transformación de un conflicto histórico y cultural

Tomado de http://critica.cl
por David G. Miranda
Artículo publicado el 24/02/2011

Introducción

La historia del pueblo mapuche ha estado marcada por la resistencia a la intervención cultural y territorial llevada a cabo inicialmente por el imperio Inca, luego por el colonizador español, y finalmente por el Estado chileno, en más de cinco siglos de enfrentamientos casi continuos. Ante estos hechos hay que recalcar que el pueblo mapuche no tiene en sí una cultura de “guerra”, de hecho, a la llegada de colonizador español, no poseía estructura militar alguna, sino que su organización ante la invasión es ocasional. Si bien la resistencia ante el colonizador español fue la única en todo el continente que no cedió, resulta significativo, y a la vez paradójico, que del cruce de ambos pueblos surgiera el mestizaje que sería uno de los pilares del nacimiento de la sociedad chilena, junto al nacimiento del elemento “criollo” (hijos de españoles nacidos en América), quienes unidos forjarían una identidad nueva para dar paso al surgimiento de las naciones latinoamericanas. Precisamente, el conflicto surge desde aquel momento, ya que con el nacimiento de los nuevos estados no se consideró a los pueblos indígenas como un factor “necesario” para forjar naciones que adoptarían modelos europeos de sociedad. Al menos no desde las cúpulas del poder. Desde entonces, las posibilidades de los pueblos indígenas aparecen como un eterno dilema entre la inminente integración a una sociedad modernizada(o transmoderna) o la preservación de su cultura en los límites entre lo urbano y lo rural.

Desde el punto de vista del Estado, la frontera histórica delimitada por los territorios mapuches, ha sido la “piedra en el zapato” de la república durante casi dos siglos. Procesos violentos como la “Pacificación de la Araucanía” (1) han infundido el miedo sobre el cual se instaura la obediencia civil del habitante chileno, donde el Ejército de Chile y posteriormente las FFAA, han tenido un rol protagónico, al nacer institucionalmente para combatir a un enemigo que se encuentra al interior de la nación, interviniendo según el historiador Gabriel Salazar, veintitrés veces en contra de la clase trabajadora, integrada históricamente por población indígena y mestiza.

De esta forma se configura en el Chile del s.XIX un escenario de guerra casi permanente, desde los inicios de la república, con una guerra prácticamente heredada desde la colonia, como lo fue la guerra de Arauco con más de trescientos años de duración, donde murieron mas de cincuenta mil españoles, al punto que un gobernador se atrevió a afirmar que “la guerra de Arauco cuesta más que toda la conquista de América”. El carácter indómito del pueblo mapuche hizo que esta región de América fuese caracterizada en España como una “tierra de guerra”, situación que se mantuvo hasta que, poco a poco, la población mapuche fue sucumbiendo a los embates de una (trans)-modernidad naciente.

En la actualidad, el pueblo mapuche en Chile es el pueblo originario más numeroso al interior de dicha nación, con un 87,3% del total de la población indígena del país. (aprox. 1.000.000 hab.). En las últimas décadas, las precarias condiciones de la vida rural e indígena del país, han motivado un importante fenómeno de migración hacia las ciudades, el mapuche ha debido introducirse en el núcleo de la sociedad chilena para buscar mejores condiciones de vida, enfrentando una fuerte discriminación por su condición étnica. El rechazo de la sociedad chilena a lo indígena ha sido un factor histórico de conflicto a nivel social y estatal. Desde el punto de vista cultural, ha sido un elemento más bien “mitificado” que resaltado desde su valor intrínseco, como aquel pueblo que no se doblegó ante el colonizador, pero siendo a la vez despojado de su territorio ancestral y discriminado en términos sociales y económicos.

El (re)nacimiento del concepto de Nación Mapuche, se trata de un fenómeno político que cuestiona la soberanía de los estados nacionales de Chile y Argentina, agregando un elemento de suspicacia sobre la reafirmación de la identidad nacional en base a métodos violentos y la creación de símbolos patrios, como ha sido tradicional en la historia de los países latinoamericanos. Hoy, la violencia de estado está presente en la región de la Araucanía, pese a no configurarse un escenario de guerra, por diversos motivos, se trata de un antagonismo declarado entre un pueblo que busca preservar su cultura y su forma de vida, y un estado que busca, por una parte, refirmar su autoridad “ordenadora” de una nación, y por otra, alcanzar una integración “políticamente correcta”, aunque con serias contradicciones y no menos dificultades y carencias culturales que hacen que la paz real sea, hasta el momento, una meta difícil de alcanzar.

A modo de “método”

Una de las argumentaciones que nos da Álvaro Jara sobre la lentitud de la conquista en Chile, en comparación a lo ocurrido tanto en México como en Perú, da cuenta del nivel de desarrollo del concepto de Estado en cada región. Al parecer, la asimilación de la dominación española por parte de los pueblos indígenas sería directamente proporcional con dicha característica, que implica existencia de toda una serie de modalidades en la estructura de la sociedad, que no son sólo políticas, sino también sociales y económicas. Precisamente, el pueblo mapuche no tenía una organización política que se asemejara al estado de los incas o los mayas, ni tampoco una compleja estratificación social o una rígida organización del trabajo, característica que unida a su altivez natural hizo que cualquier intento de dominación fuese muy complicado. A partir de la llegada del español, la defensa del pueblo mapuche de su territorio fue acérrima, dando origen a la Guerra de Arauco, permanente durante toda la colonia hasta la guerra de la independencia, en una de las guerras más largas de la historia, que duraría más de trescientos años; nacería así lo que se conocería como “la última frontera”, el lugar donde la dominación española acababa (2).

Una de las implicancias más potentes de dicha frontera es el hecho de que su existencia propiciaba el desarrollo de una sociedad distinta hacia el sur del Bío-bío, un lugar sin leyes ni costumbres europeas, el llamado Meli-wixan-mapu o Wallmapu. Precisamente, el establecimiento de dicha frontera propiciaría diversas situaciones, como la convivencia entre ambos bandos, algo característico de las guerras de larga duración, además del surgimiento de las primeras “relaciones diplomáticas” entre mapuches y españoles, o la aparición del “indio amigo”, aquel que servía al español en tiempos de paz, y a veces en tiempos de guerra. Durante la Guerra de Arauco, se produjo el fenómeno de la esclavitud indígena, ya que se estableció que aquellos indios que fueran capturados en combate serían considerados como esclavos y vendidos en el interior o exportados al Perú. (3)

Con el advenimiento de la guerra de la independencia, a inicios del s.XIX, el pueblo mapuche se hizo parte de aquella lucha, con la esperanza de lograr mejores condiciones para su desarrollo, sus hombres se integraron entonces al ejército chileno (4). Posteriormente, ante el nacimiento de las instituciones y de la nueva administración pública nacional, inspiradas en los modelos de la revolución francesa y la norteamericana, los pueblos indígenas fueron dejados nuevamente al margen de dicho orden(5), (re)creando un conflicto histórico entre mapuches y no-mapuches, o “wingkas” (palabra de origen mapuche usada para señalar al no-mapuche, que en su origen quiere decir “ladrón”).

Desde 1818, hasta 1883 se gestó el conflicto mapuche-chileno. El pueblo mapuche, establecido más allá de la frontera del Bío-Bío, con su propio sistema de vida y costumbres, había empezado a tener fluidas relaciones comerciales con Chile, toda clase de artefactos del gusto del indígena llegaban a sus tierras, con terratenientes que obtenían cada vez más salvoconductos para ingresar al territorio mapuche. Posteriormente, se fue modificando la legislación de venta de tierras indígenas, con el pretexto de “proteger” los intereses de los mapuches, ante lo cual se establecía una regulación que pasaba por la Gobernación; poco a poco el sistema de venta fue mostrando sus vicios, las ventas eran cada vez más, ante lo cual los nuevos propietarios no dudaban en “tomarse” los predios colindantes ampliando los cercos, muchos mapuches fueron tomados presos obligándoles a vender sus tierras a cambio de su libertad, todo esto con el consentimiento de los jueces y ministros de justicia. Dicha situación desembocó en el octavo alzamiento general de los mapuches, en 1868, con una movilización de más de cinco mil indígenas de diversas tribus (6). Dicho alzamiento fue combatido por el ejército de Chile, y posteriormente el de Argentina, en lo que sería la derrota militar más significativa del pueblo mapuche, que se produciría finalmente en 1883.

No era la primera vez en la historia que ambos ejércitos intentaban coordinar sus campañas de exterminio. Desde la época colonial, las autoridades de Santiago y Buenos Aires venían haciendo acuerdos para realizar acciones conjuntas con el fin de derrotar a los mapuches.

Si bien podemos apreciar que los alzamientos de los mapuches a fueron sistemáticos, éstos perseguían siempre el mismo fin, defender su territorio y su cultura. Sus avances nunca llegaron a querer dominar a su adversario, sino a mantenerlo fuera de sus territorios. De hecho, tanto Alvaro Jara como Luis Vitale señalan que en su método de lucha pocas veces estaba el enfrentamiento directo, ya que no atacaban si no estaban seguros de su victoria, adoptando una mezcla de estrategias elaboradas bajo su propia experiencia en su lucha contra los españoles. Ante la ocupación chilena del siglo XIX, su actuación fue más osada, al atacar ciudades ajenas a su territorio, donde lograron algunas victorias, aunque luego su osadía les costaría la derrota más grande, lo que se conoce hoy como la “Pacificación de la Araucanía” (y la llamada “Conquista del desierto en Argentina”), proceso de dominio territorial por parte del Estado de Chile (y de Argentina) que culminó de forma violenta y sangrienta a ambos lados de la cordillera.

Por otro lado, las motivaciones de las naciones chilena y argentina para llegar a estos enfrentamientos, concuerdan plenamente con la tesis de Mary Kaldor sobre las “viejas guerras” que servían para afianzar el poder del Estado sobre su espacio geográfico y sus habitantes, generando un control territorial y económico, aún así, ambos procesos (el chileno y el argentino) podrían calificarse como guerra civil, en tanto enfrenta a ciudadanos de una misma nación, con un móvil étnico y cultural, además de económico y estructural, por tratarse de una zona rica en recursos naturales que sería fundamental para el desarrollo de ambos países. Desde esa óptica, la presencia mapuche ha sido vista históricamente como un obstáculo para el desarrollo desde la administración central y desde los intereses privados. Contrariamente a lo establecido por Paul Collier, dicha guerra civil no representaba un beneficio económico para los mapuches, ya que tenían un sistema de vida que no obedecía a criterios mercantiles, su lucha era de sobrevivencia, algo más asimilable a la perspectiva de Huntington, ya que se trataba de una guerra cultural, un (des)encuentro entre civilizaciones, donde efectivamente la presencia del invasor constituía una amenaza para la sobrevivencia del pueblo mapuche (situación largamente distinta a lo que ocurre en EEUU en la actualidad). Aún así, nunca estuvo en los planes del pueblo mapuche ejercer una dominación cultural ni territorial sobre su adversario, ya que dentro de su cultura esa idea no tenía mucho sentido, si bien su actuación en la guerra era feroz, fue siempre defensiva.

Es necesario señalar además que durante el siglo XIX Chile vivió distintas guerras donde se decidiría su destino como nación, prácticamente una guerra por generación, entre 1808 y 1891. Éstas serían: las guerras de la Independencia, que dejaron como consecuencia la creaci6n del nuevo Estado y que se prolongaron en la “guerra a muerte” contra los realistas del Sur y en la campaña para la liberaci6n del Perú, bajo el mando de San Martín. Más tarde se suceden, a lo largo del siglo, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz (1836-1839), la guerra naval contra España (1864-1866), la guerra del Pacifico (1879-1883), vivida como guerra nacional, y por ultimo la guerra civil de 1891. Dentro de ese escenario bélico, el conflicto con los mapuches aparece casi como un conflicto menor para una nación con fuertes rasgos nacionalistas que pretendía “dominar el pacífico para siempre”, como lo señalaba Diego Portales en su carta a Blanco Encalada en la víspera de la guerra con la Confederación Perú-Boliviana (7). Vemos entonces como los conflictos bélicos darían forma al estado de Chile, junto a la creación de sus símbolos, las intervenciones militares han sido mayoritariamente hacia el interior de la nación, en un intento permanente de acallar las voces de la clase trabajadora a lo largo de dos siglos de historia, esto incluido el pueblo mapuche, quien fuera el “enemigo común” de dos naciones durante el siglo XIX, y que posteriormente, diezmado en su población, se ha integrado precariamente a una sociedad transmoderna que aspira a un desarrollo cultural lejano a sus fuentes de origen, y que no logra un estado de modernidad debido a su escaso desarrollo económico e industrial y a su fuerte fragmentación social.

En estas nuevas condiciones, el pueblo mapuche ha sobrevivido durante el siglo XX y XXI inmerso en las ciudades, al igual que el resto de la antigua población rural del país, formando parte de los cordones periféricos urbanos, integrándose a la clase popular, siendo discriminado por su etnicidad en la sociedad chilena. Su población en la actualidad alcanza al millón de habitantes aproximadamente, siendo una minoría con poca participación en la vida política del país, y por lo tanto con pocas posibilidades de generar una movilización similar a las de antaño. Aún así, la lucha del pueblo mapuche se mantiene. A partir de la década de los noventa, coincidente con el advenimiento de la democracia en Chile, la problemática indígena se hace más visible en América Latina, incluido Chile. La intervención de Endesa-España en el Alto Bío-bío fue el detonante para el resurgimiento de la violencia en la Araucanía, alrededor de cincuenta familias que se mantenían en sus terrenos ancestrales fueron alejados de ahí por diversos métodos, se les ofreció dinero, tierras de dudoso valor en otros predios, o finalmente el desalojo, avalado nuevamente por el Estado de Chile, esta vez no a través del ejército, sino a través de Carabineros de Chile, en un intento solapado de hacer ver el conflicto desde una óptica de derecho civil, que se ha transformado paulatinamente en una estigmatización mediática y legal que ha transformado a los comuneros mapuches en “terroristas”, situación que hace que los procesos “legales” llevados a cabo en su contra tengan un castigo dos veces más severo en sus condenas, sin acceso a los beneficios que puede acceder cualquier reo común.

Es conocido el caso de Patricia Troncoso (profesora de religión de origen mapuche), quien fue condenada por ley antiterrorista por la quema de predios “privados” en la región de Arauco. Condenada a 10 años de prisión sin derecho a beneficios, por un delito que ante la legislación ordinaria no superaría los 5 años, luego de cumplir la mitad de su condena decidió iniciar una huelga de hambre que duró 110 días solicitando los beneficios que le fueron negados por la mencionada ley (como la salida dominical). Ante los ojos de la comunidad internacional, Chile arriesgaba nuevamente una sanción al descuidar el estado de salud de Patricia Troncoso, debiendo responder a las exigencias de la ONU en cuanto a su salud, y mediando el conflicto el obispo Alejandro Goic. Finalmente Patricia depuso su huelga ante la promesa del gobierno de brindarle acceso a los beneficios de un reo común. Precisamente en esa semana, el gobierno de Chile decidió impulsar la aprobación del Protocolo de acuerdo nº 169 de la OIT en el Congreso Nacional (8), donde se establecen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en cuanto mantienen una identidad cultural propia y un territorio legítimo, entre otras garantías. Personalmente, tuve la oportunidad de asistir a dicha sesión del senado, donde pude apreciar un amplio consenso para la ratificación de dicho protocolo de acuerdo, luego de más de 18 años en que Chile fue incapaz de aprobarlo, en condiciones que “no iba en contra de ningún artículo de la Constitución Política del Estado” en palabras de más de un senador en dicha sesión. Según los parlamentarios, ese sería el punto de inicio de un reconocimiento pleno de la multiculturalidad del estado chileno, que sería ratificado posteriormente con una reforma constitucional.

Dichos avances políticos deben ser duda, complementados por políticas que apunten a terminar con los prejuicios sociales de ambas partes. De lo contrario, estaremos nuevamente ante un escenario de “igualdad ante la ley” y “desigualdad de facto”, por lo que está por verse si la voluntad política es real o sólo estaría motivada por intereses relacionados con la imagen internacional del país.

De esta forma vemos como la transformación del conflicto desde el s.XIX al XX ha sido categórica, ya no es una “guerra directa”, las formas de lucha son diferentes. La violencia en la actualidad es una violencia estructural y cultural hacia el pueblo mapuche. También se utiliza la violencia directa por parte de ambos bandos, los enfrentamientos con la policía, la recuperación de terrenos por parte de los comuneros mapuches, detenciones ilegales y los procesos ilícitos que van configurando un escenario de criminalización por parte del Estado cada vez más potente. El Estado afirma su autoridad en cuanto hace valer el “estado de derecho”, de un derecho parcial, sesgado y discriminatorio, pero derecho al fin. Resulta evidente entonces que las veintitrés intervenciones militares perpetradas por el ejército de Chile en contra del “enemigo interno” a lo largo de 201 años de historia republicana, han sido con el afán de instituir la llamada “obediencia civil” que caracteriza, según algunos cronistas, al pueblo de Chile, aunque la historia diga lo contrario.

Dichas intervenciones han sido motivadas, como lo señala Gabriel Salazar(9), por la capacidad de la clase popular chilena de reconstruir su identidad una y otra vez, por su predisposición a la lucha por una sociedad más justa y por condiciones más dignas para su desarrollo. A partir del siglo XX, con el proceso de migración rural-urbana (la más importante en América Latina hasta nuestro días), el pueblo mapuche se ha transformado mayoritariamente en población urbana, por lo que indudablemente ha estado presente en estas luchas, al ser fundamentalmente clase popular, debido a la fuerte discriminación de la que ha sido objeto.

Estamos ante un panorama de violencia social cultural determinado por el factor de etnicidad, ante una violencia estructural determinado por la estructura económica y educacional del país, y ante una violencia directa que se presenta en la zona del alto Bío-Bío en el sur del país. Las reivindicaciones del pueblo mapuche pasan ya no solamente por la recuperación de sus terrenos ancestrales, muchos de ellos inundados por las centrales hidroeléctricas de Endesa, construidas para abastecer de energía a Santiago, sino también por la liberación de sus presos políticos, tildados injustificadamente de “terroristas”, ya que sus ataques tienen motivaciones políticas y nunca han cobrado vidas humanas, a diferencia de Carabineros de Chile, que con sus ataques ya ha cobrado la vida Alexis Lemún y Matías Catrileo, ambos estudiantes mapuches, además de otras víctimas anteriores. Inexplicablemente, ningún carabinero ha sido procesado por dichos actos, a lo más habrá sido dado de baja el responsable del asesinato de Alexis Lemún. Sin duda, el actuar irreflexivo y soberbio del Gobierno de Chile al respecto, no ha hecho otra cosa que complicar cualquier perspectiva de transformación del conflicto hacia una solución de paz social. Queda entonces el desafío político y social de buscar espacios de entendimiento e interacción para la búsqueda de un desarrollo armónico de ambas partes, que sin duda se necesitan y se complementan culturalmente dadas las contingencias de la historia.

Una breve discusión teórica

Si pensamos en el triángulo ACI de Galtung, nos daremos cuenta que conflicto chileno-mapuche cabría dentro de los parámetros clásicos de un conflicto. Actitudes, Conductas e Incompatibilidades aparecen como elementos a tomar en cuanta para buscar una transformación positiva, que tenga rasgos “creativos y no violentos”, en un “mesonivel”, es decir, al interior de una nación. La idea de que dicho conflicto se desarrolle al interior de una nación es una idea esencialmente chilena, que tiene su origen en la guerra de la independencia, como lo vimos anteriormente, Bernardo O`Higgins dictó el bando supremo donde se declara a los pueblos originarios como “chilenos”, situación que dista mucho de la realidad debido a su falta de integración real a la sociedad en “igualdad y derechos” como lo establece la Constitución política del Estado.

Por otra parte, vimos como el Meli Wixan Mapu o Wallmapu, tuvo históricamente un reconocimiento como territorio autónomo, lo que sería la Nación Mapuche, espacio que fue finalmente invadido a partir de 1870 con la dominación del Ejército que no culminó sino hasta 1883. Desde ese momento, el pueblo mapuche empieza a quedar sin su más preciado valor, aquello que les da sentido de existencia, y hasta su nombre, la tierra. (mapu: tierra che: hombre). Aún así, las comunidades que aún resisten en el Sur, y que se han hecho visibles desde 1997 en su conflicto con las forestales y las hidroeléctricas, han tenido la fuerza suficiente para reclamar aquello que les perteneció durante siglos. Hoy piden justicia y se les niega sistemáticamente de forma más cruenta aún por el hecho de ser indígenas. El Estado de Chile nunca ha tenido la intención real de reconocer el derecho de los pueblos a ejercer su propia forma de vida, con su cultura y sus tradiciones en un territorio, ante el temor del surgimiento de “un estado dentro de un estado”, como un temor político; y por otra parte el deseo de explotación económica de un lugar tan rico en recursos naturales. La actitud del Estado de Chile ha sido la de forzar una asimilación cultural que resulta destructiva para el patrimonio cultural mapuche, al interior de las ciudades, dejando de lado su idioma, sus costumbres y sus creencias.

Hasta el año 2002, durante el último censo, también podemos dar cuenta de una asimilación autodestructiva por parte del mapuche urbano, que en la búsqueda de una no-discriminación, ha dejado incluso de auto-reconocerse como mapuche o como legítimo descendiente. La lucha del pueblo mapuche, al hacerse cada vez más visible y violenta a la vez, ha provocado una mayor identificación del mapuche urbano con su cultura, así como el respaldo de muchos wingkas chilenos que han formado grupos de apoyo por la causa mapuche, creando conciencia en la población civil.

Por otra parte, debo señalar que la ratificación del protocolo de acuerdo nº 169 de la OIT por parte del senado de Chile, sólo constituye una acción simbólica hasta el momento, ya que si bien dicho protocolo establece una serie de derechos colectivos de los pueblos originarios, donde se incluye un territorio autónomo, el senado de chile lo ratificó bajo el prisma de lo que la comisión respectiva de trabajo denominó una “interpretación de dicho protocolo de acuerdo”, es decir casi un “según se estime conveniente” su aplicación. Aún así, dicha ratificación deberá ser estudiada por la OIT para ser considerada válida. Queda pendiente la reforma constitucional donde se declare la multiculturalidad del estado chileno (ya bastante lejano del plurinacional), que vaya acompañada de una serie de políticas orientadas a producir una integración real a partir del respeto y la valoración de la diversidad cultural como para lograr producir un cambio que sea significativo.

Si bien autores como Mario Góngora señalan que en Chile hubo un inicio y un fin para el llamado “estado portaliano”, inspirado por Diego Portales en el s.XIX, quien propugnaba un estado liberal, centralizado, con un fuerte sentido de autoridad concentrado en su gobernante, Gabriel Salazar no duda en afirmar que aquella noción de estado sigue más vigente que nunca, Chile es un país dominado por “mercaderes y especuladores” en las palabras del propio Salazar, situación propiciada por Portales en la liberalización económica que atrajo a un sinnúmero de empresarios extranjeros, y que por cierto, fue una de las causas de su asesinato; donde la figura del gobernante continúa siendo preponderante y central en la conducción del estado. Según Salazar, las clases populares chilenas, en sus constantes levantamientos, caídas a manos del ejército, y reconstrucciones de identidad histórica, ha ido aprendiendo a exigir a sus gobernantes, poco a poco, lección dada nada menos que por el movimiento estudiantil secundario, actitud donde estaría la clave para un cambio positivo para la sociedad en su conjunto.

La noción de Estado actual en Chile se mantiene como un Estado sumamente vertical, que no se cuestiona a menos que se encuentre entre la espada y la pared, por lo tanto, si las masas populares no exigen cambios profundos, es difícil que aquello ocurra de forma unilateral. Dentro de esa clase popular, cabe perfectamente el mapuche urbano, aunque precisamente, su gran debilidad es que se encuentra disperso, poco cohesionado y con objetivos poco claros desde su concepción urbana, a diferencia de sus pares que mantiene la lucha por sus territorios en el sur.

Indudablemente, las formas de lucha han cambiado desde el siglo XIX, ha llegado a las ciudades con reivindicaciones que involucran a la sociedad civil, a través de sitios de Internet, grupos de difusión de su cultura en los centros urbanos, organización y autogestión de los grupos urbanos, acciones de apoyo y ayuda a sus pares en el sur, etc. Uno de los elementos de presión más fuerte ha sido sin duda, la proyección internacional del conflicto, presión que ha surgido efecto en el caso de Patricia Troncoso, y en la ratificación de los derechos de los pueblos originarios. Aún así, dicha presión desde mi perspectiva es un arma de doble filo, ya que al cuestionar internacionalmente el accionar del Gobierno de Chile, éste busca reafirmar su autoridad a través de métodos violentos y represivos, y por otra parte , realizar un “lavado de imagen” ante la comunidad internacional. Vemos entonces como las actitudes generan nuevas conductas y perpetúan las incompatibilidades.

Los conflictos pueden generar violencia si se trata de eliminarlos, constreñir su potencial y manejarlos con más violencia, es precisamente lo que se ha hecho. Mientras no se detenga la violencia directa, cultural y estructural, el conflicto va a generar más violencia desde ambas parte. Indudablemente, dicho objetivo requiere un proceso largo de reflexión e interiorización de nuevo paradigmas y valores en las relaciones cívicas y estructurales en la sociedad chilena, ya que la posibilidad de la Nación Mapuche de alcanzar autonomía se ve lejana debido a su condición de minoría étnica.

La pregunta que cabe hacerse es:
¿Cuál sería el primer tipo de violencia en detenerse para producir efectos positivos?

Desde mi punto de vista, la violencia estructural, producir reformas que favorezcan el desarrollo de la población indígena tanto en su entorno como en la sociedad civil, es una condición necesaria para llegar al respeto mutuo en condiciones dignas, incluyendo evidentemente el fin de la criminalización. Luego, en un proceso largo vendría el fin de la violencia cultural: educación en la multiculturalidad para todos. Fomentar la multiculturalidad como un valor, dicha premisa incluye un amplio margen de pueblos originarios que habitan en Chile con una riquísima cultura tradicional, como lo son los Rapa Nui, los Aymarás, los Atacameños, los Diaguitas, etc. Sólo así podría acabar la violencia directa, buscando la “paz plural” que menciona Dietrich en las vías de un desarrollo armónico y no violento.

En términos culturales se menciona la llamada “antropología de la mutua transferencia”, donde ambas partes entran en una relación dialéctica de investigación y enriquecimiento cultural mutuo. Tiende a abolir distancias y descalificaciones apriorísticas sustanciadas en el correlato saber-poder; e inaugura un escenario de compatibilidades capaz de garantizar la aceptación recíproca de un implícito (no-formalizado) contrato de transferencia de conocimientos, y diversos modos o estrategias culturales de acceder a ellos.

Sin duda, el desafío es grande y nos plantea profundos cuestionamientos que van desde lo valórico hasta lo estructural y cultural, debe ser la sociedad en su conjunto la que asuma la responsabilidad de buscar una convergencia positiva y constructiva ante la diversidad cultural, el pluralismo y el sentido de justicia que se necesitan para construir paz social.

Notas______

[1] Desde el nacimiento de la república, entre 1810 y 1818, el enfrentamiento del Estado de Chile con el pueblo mapuche se extiende hasta 1883.
[2] Luis Vitale señala en “Interpretación marxista de la historia de Chile”. T.II, pág, 98. “En el Parlamento de Quilín, celebrado el 6 de enero de 1641, los españoles reconocieron -al menos en palabras escritas la autonomía del pueblo mapuche y su territorio al sur del Bío Bío. La paz de Quilín -afirma Bengoa- tuvo gran importancia para los mapuches, ya que “todos los parlamentos posteriores se basarán en lo allí acordado: frontera en el Bío-Bío y territorio independiente, comprendidos entre el Bío-Bío y el Toltén. Se constituyó éste en un territorio no perteneciente a la Capitanía General de Chile, relacionado directamente -como nación independiente- con la Colonia”.
En el Parlamento de Negrete, realizado el 13 de febrero de 1726, se volvió a reconocer el carácter independiente del territorio mapuche al sur de la frontera del río Bío-Bío. No obstante, los españoles violaron reiteradamente estos acuerdos”.
[3] Situación establecida por la Real Cédula de mayo de 1608 por el rey Felipe III; en ella se establecía que los indios mayores de diez años y medio y las mujeres de nueve años y medio, que fuesen cautivados en la guerra de Arauco, podrían ser considerados esclavos. Cabe señalar que dicha cédula sería una respuesta a una situación pre-existente.
[4] “Los indios, que vivían sin participar de los beneficios de la sociedad y morían cubiertos de oprobio y miseria, para lo sucesivo deberán ser llamados ciudadanos chilenos y libres, como los demás habitantes del Estado…” 4 de marzo de 1819-Bando Supremo de Bernardo O´Higgins.
[5] “Si el gobierno continúa, por un año más, castigando a estos salvajes ladrones, la tranquilidad de la Araucanía quedará asegurada para siempre y nuestras fuerzas podrán ocupar las riberas del Cautín…” 5 de Abril de 1869 – Diario “El Mercurio” de Valparaíso.
[6] Luis Vitale señala en “Interpretación marxista de la historia de Chile”. T.II, p.110: “En las rebeliones anteriores (1550, 1598, 1655, 1723, 1766, 1818, 1859-60), habían logrado que sus enemigos no pasaran la zona del Bío-Bío. En cambio, a partir de la década de 1870 el Ejército comenzó a controlar la región de Malleco”.
[7] Góngora, Mario; “Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX.”, Santiago de Chile, Ediciones La ciudad, p.10,11. [en línea]. Disponible en http://www.dibam.cl
[8] Registro realizado durante la sesión ordinaria del Senado de la república de Chile realizado en mp3, Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, 3 de marzo del 2008.
[9] Salazar, Gabriel; “Sujetos populares, democracia y rol de las fuerzas armadas en Chile, siglos XIX y XX”, conferencia dictada en Casa de las Américas, 8 de julio del 2008.

Bibliografía______

Buendía, Mauricio; “La lucha del pueblo Mapuche”, Ilwen Ediciones, Valparaíso, 2006. ISBN 956-310-120-0

CEPAL, Panorama social de América Latina, , cap. II : Pueblos indígenas de América Latina: antiguas inequidades, realidades heterogéneas y nuevas obligaciones para las democracias del siglo XXI, Santiago de Chile, 2006. [en línea] disponible en:
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/27480/P27480.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl

CEPAL, Etnicidad, raza y equidad en América Latina y el Caribe, Agosto del 2007.

Góngora, Mario; “Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX.”, Santiago de Chile, Ediciones La ciudad, p.10,11. [en línea]. Disponible en http://www.dibam.cl

Hernández, Isabel; Autonomía o ciudadanía incompleta: el pueblo mapuche en Chile y Argentina, CEPAL, Santiago de Chile, Julio de 2003. [en línea], disponible en:http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/13108/P13108.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl

Jara, Alvaro; Guerra y sociedad en Chile, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1971. Inscripción nº 39266

Parentini, Luis; “Introducción a la Etnohistoria Mapuche”, Ediciones de la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago de Chile, 1996. ISBN 956-244-052–1

Vitale, Luis; “Interpretación marxista de la historia de Chile”. T.I,II y IV [en línea] disponible en http://mazinger.sisib.uchile.cl

“Entrevista a Julio Wetrenkura”; entrevista, Chile, 2006. duración aprox. 30 min. DVD.

“Voces de la Tierra”; Documental, Chile, 2007, duración aproximada, 25 min. DVD.

“Apaga y Vámonos”, Documental, España-Chile, 2005. Duración aproximada 80 min. Cine.

Conferencias________
Salazar, Gabriel; “Sujetos populares, democracia y rol de las fuerzas armadas en Chile, siglos XIX y XX”, conferencia dictada en Casa de las Américas, 8 de julio del 2008.

Sesión ordinaria del Senado de la república de Chile, Valparaíso, 3 de marzo del 2008. Ratificación del convenio nº169 de la OIT, referente a los derechos colectivos de los pueblos originarios.

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