AURORA DE CHILE”, UN CASO EN LA COLONIZACIÓN DEL CONCEPCIÓN RIBEREÑO.

Tomado de http://www.nuevagenda.cl
Por: Eduardo Ampuero Cárdenas, integrante de Red Construyamos

La batalla de Aurora de Chile: los clanes, la gente y la tierra en disputa

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Concepción.- La historia de Aurora de Chile es la conocida secuencia de usurpación de los bienes comunitarios por parte de grupos de poder económico y político. Una historia repetida mil veces y que va desde la construcción de una comunidad, el desinterés o el olvido de los gobernantes y de las capas sociales privilegiadas, a la expulsión y segregación de la comunidad por parte de los privilegiados y sus representantes políticos, para convertir la tierra en un bien exclusivo o de capitalización privada.

La construcción de las poblaciones de la ribera norte del Bio Bio, ha sido una maratón dramática de sacrificios y fuerza de voluntad. Hay pobladores históricos que aún recuerdan sus infancias en viviendas precarias que arriesgaban continuamente su existencia, obligados a rescatar sus bienes o a huir de las subidas de río, incluso encaramados en los árboles para sobrevivir. Así aparecieron palafitos y rellenos improvisados. Fueron los terremotos del 39 y del 60 los que les dieron recursos preciados para la estabilización del suelo. Los escombros de la ciudad, usados por ellos en un trabajo lento y dificultoso, les permitieron elevar el terreno y crear la franja actual del río, desde el cerro Chepe, ubicado hacia la desembocadura, hasta la Mochita, aguas arriba del río.

Entre los barrios ribereños de Pedro del Río Zañartu y Pedro de Valdivia, se encuentra Aurora de Chile, población levantada en el transcurso del siglo XX y que, al igual que sus vecinos, es el fruto de la colonización de trabajadores pobres, damnificados de terremotos y emigrantes del campo. Estos se asentaron en un sector que en esos años era la periferia de la ciudad de Concepción, detrás de la línea férrea y en los terrenos inestables del río Bio Bio. Pero su particular ubicación en esta franja costera, muy cerca del centro penquista, ha determinado que sus suelos adquieran una plusvalía extraordinaria con el crecimiento urbano. En estas circunstancias, se reeditará, una vez más, la lucha clásica entre David y Goliat.

LA HISTORIA QUE SE INICIÓ CON UN “PUENTE CALLAMPA”

La ciudad ha crecido mucho en 100 años y, en consecuencia, se hace necesaria la instalación de nuevos puentes en el río. La historia que narramos va de la mano del cierre del Puente Bio Bio, más conocido como “Puente Viejo”, inaugurado en 1943 y cerrado en 2002, y que conectaba San Pedro con Concepción, a la altura de la intersección de las poblaciones Pedro de Valdivia con Aurora de Chile. El terremoto de 2010 vino a ser la justificación necesaria para llevar a los hechos un nuevo proyecto de construcción, pero es, a la vez, la “punta de flecha” con que pretenden ingresar y apoderarse de esos terrenos las empresas inmobiliarias.

Con el daño que sufrieron los puentes Llacolén y Juan Pablo II, que limitó sus capacidades de tránsito, el gobierno adoptó la opción de construir un nuevo puente y adquirió como solución vial provisoria un sistema mecano de tipo militar, el que fue comprado a la empresa estadounidense Acrow Corporation, instalándolo junto al ex Puente Viejo. Esa compra, encabezada por el Ministro de Defensa Jaime Ravinet, fue cuestionada porque el resultado de la licitación favoreció a una empresa que cobró 5 millones de dólares más que su competidora inglesa. No fueron las propias autoridades del país –golpeado por las pérdidas de una catástrofe natural- las que dieron cuenta de este daño a las arcas nacionales, sino que fue la empresa inglesa perdedora en esta licitación la que denunció públicamente el fraude. El ministro tuvo que renunciar, pero el daño hecho (y sus pormenores) quedaron en el olvido.

El ministro y ex dirigente del PDC, durante una reunión de la comisión investigadora, acosado por el cruce de acusaciones, exclamó molesto: “el puente vale callampa”.[1]

Entre las opciones que se discutían antes de 2010 para un viaducto permanente, se destacaron dos: el Puente Industrial, que se ubicaría cerca de la desembocadura del río y fuera del centro urbano, y el Puente Chacabuco, que entraría directamente al centro urbano. La decisión gubernamental de construir el Puente Chacabuco se anunció en medio del shock de 2010, con la postal impactante de las estructuras colapsadas del “puente viejo”.

Tal decisión trajo críticas de diferentes sectores sociales, incluyendo juicios técnicos de académicos y profesionales del área[2]. Pero el verdadero estorbo para la concreción de este proyecto vial serían los habitantes del barrio Aurora de Chile en la ribera norte. Justamente, un bullado escándalo en este barrio a principios de 2011, protagonizado por la máxima autoridad del gobierno regional, la ex intendenta van Rysselberghe, detonó un combate por la tierra que es digno de estudiar, no sólo porque descubre las verdaderas razones que determinan la construcción de este puente, sino que, sobre todo, porque revela la verdadera dinámica de la actual política de construcción urbana y de propiedad del suelo.

UN ESCÁNDALO EN AURORA DE CHILE

Luego del terremoto de febrero de 2010, en este sector de casi 600 familias, se vivía una tensa situación interna, la que trascendería al ámbito nacional en 2011. La organización vecinal de Aurora de Chile –como muchas otras de la ciudad- se hallaba dominada por dirigentes adictos a la que fuera alcaldesa y luego intendenta del gobierno de Piñera, la militante UDI Jacqueline van Rysselberghe (JVR).[3]

La intendenta ofrecía amistosamente beneficios extraordinarios a sus seguidores, casas nuevas e, incluso, beneficios extras, lo que se tradujo en un primer momento en la donación de mediaguas a cuenta de los damnificados del terremoto, simplemente por simpatías y, naturalmente, por colaboración con ella. Conocedora de lo inaceptable de estas acciones, más aún bajo circunstancias de catástrofe, la intendenta solicitó al grupo de pobladores que conservaran la información bajo reserva y que mantuvieran la “historia” para no perder los beneficios. Hasta allí, celebraciones y alegres concurrencias para alagar a la que más tarde sería la figura de un escándalo de proporciones. Una frase recurrente de la intendenta quedaría grabada en la memoria de la población: “Ustedes son mis regalones”.

¿Cuál era la justificación oficial para tal fraude político? Durante el caos que siguió al terremoto, el gobierno regional levantó el argumento de inhabitabilidad de las viviendas, haciendo cómplices de esta farsa a un grupo de vecinos. ¿Con qué propósito? Conseguir que la población abandone el terreno. El mismo modus operandi lo empleó en Centinela, Villa Futuro y Camilo Olavarría, prometiendo grandes beneficios que dependían de que la gente dejara sus casas e, incluso, de que las destruyeran, entregando sus terrenos a cambio de un mínimo valor (10 millones de pesos o, en algunos casos, menos de 2 millones). Pero este fraude no contaba con los correspondientes certificados de inhabitabilidad. En otras palabras, eran sólo promesas para personas vulnerables a la manipulación del poder.

Entre la gente que no se dejó adular por esta “benefactora”, había preocupación. Veían cómo un grupo de pobladores –por lo general los más pobres y sin la tradición de los colonos o fundadores- cedían a los deseos de una mujer de la elite que, embestida en títulos de poder, les convertía en sus clientes políticos. Estos grupos sin conciencia se habían hecho del control del barrio y pasaban a entregar, sin más que promesas y pequeñas ofrendas, todo el esfuerzo de generaciones. Entonces, decidieron tomar cartas en el asunto y un día grabaron en vídeo las promesas que la intendenta hizo en una de esas reuniones. La grabación fue puesta en manos de un Senador de la República, quien destapó el escándalo público y colocó a JVR en una crisis política. Cuestionada ahora por la oposición política y también por sectores de la propia derecha, incluso dentro de su partido, la intendenta tuvo que renunciar. Lo hizo, pero no sin antes aferrarse largamente al cargo y sin reconocer –ni ser investigada por- la seguidilla de irregularidades y estafas políticas.

LA BATALLA POR EL PUENTE

Bajo estas circunstancias, los vecinos buscaron aliados: se acercaron a la agrupación Red Construyamos e hicieron lazos con organizaciones que sufrían amenaza de expropiación en Villa Futuro y Centinela. Formaron un Comité Pro Defensa, a la vez que otro se formaba en Villa Futuro[4], siendo los primeros en combatir la enajenación de sus hogares.

El primer problema de la comunidad estaba en el control de la junta vecinal Siglo XX por Heriberto Montecinos, hombre de oscuros antecedentes. A pesar del temor, la gente enfrentó a los “regalones” de JVR. Montecinos no pudo contener la exigencia de una nueva elección vecinal, la que lo terminó sacando del cargo. Sin embargo y hasta la fecha, el ex dirigente no entrega la sede vecinal ni los libros de la organización comunitaria, y registra agresiones y amenazas contra pobladores[5]. La nueva directiva –presidida ahora por Alfonso Vera- no sólo se enfrenta a estas dificultades, sino que también debe hacer frente a la atomización social producto de la dictadura y los sucesivos gobiernos neoliberales.

En el contexto caótico dejado por JVR, el gobierno inició el proceso de licitación del puente y señaló el año 2013 como plazo de entrega de obras[6], acercando el fantasma de la erradicación. Y lo hizo a sabiendas que los pobladores se resisten a una expulsión. Por lo mismo, aunque el discurso oficial diga lo contrario, ha optado por la desinformación a la comunidad y la negación de cualquier forma de participación, sobre todo de la junta vecinal, representativa del deseo de la población fundadora de mantener sus terrenos. Ante ellos, la actitud del gobierno ha sido prepotente y ha pretendido deliberadamente confundir.

Por ejemplo, el director del SERVIU, Sebastián Salas[7], el 2 de diciembre de 2010, afirmaba al periódico El Sur que “a todas las familias que habitan el sector se les entregará vivienda definitiva en la misma área”. Las 568 familias “deberán abandonar sus casas mientras dure la construcción del proyecto, que permitirá edificar igual número de casas y departamentos en el barrio”. Agregaba la nota: “Ante la necesidad de estas familias de encontrar un alojamiento provisorio por los 18 meses que serían afectados, Salas afirmó: es un sacrificio que deberán hacer, pero que es en su propio beneficio, ya que recibirán un título de dominio de una vivienda, que actualmente no poseen, porque todos los terrenos que habitan son propiedad del SERVIU”. Esto constituye, dijo, “una importante transferencia patrimonial” del Estado a los vecinos, ya que “el sector tiene una alta plusvalía, en que el metro cuadrado de terreno se vende a 15 UF”, valor debido a la cercanía del centro de la ciudad, “sumado al futuro mall que construirá el Grupo Plaza en el sector[8]. Las familias para acceder a esta vivienda definitiva sólo deberán pagar un ahorro previo de 10,5 UF y recibirán una vivienda que estará valorizada, comercialmente, en cerca de 1.500 UF, debido a este alto valor del suelo”.

La prensa se refería también a la oposición de las familias, las que Salas calificó de “un grupo muy minoritario”, y les advertía que: “si no quieren viviendas, se iniciará el proyecto en otro sector”. Amenazas mezcladas con promesas, ilusiones, cuentas a medias o mal sacadas; características habituales de una estafa. Los hechos luego probarán que Salas mentía.

Pero fue recién en 2012, cuando el gobierno regional anunció un plazo de 600 días para concluir las obras, que se crisparon los ánimos y se reactivó la movilización del barrio. La vecindad comenzó a protestar. Sus dirigentes recobraron los nexos con el movimiento social y –después de haber llevado una conducta bastante protocolar- finalmente reaccionaron, sobre todo ante la actitud prepotente y descalificadora del gobierno (como cuando el director del SERVIU, Sergio Jara, hizo pública alusión a las casas de Aurora de Chile diciendo que sacarían a la gente de sus “jaulas”).

En agosto las autoridades realizaron una reunión extraordinaria con H. Montecinos, quien ahora encabeza un comité de vivienda. De esta reunión salieron conjuntamente declarando que los pobladores y el gobierno habían llegado a un acuerdo[9]. La junta vecinal desconoció públicamente tal acuerdo y criticó que se pasara por sobre ella[10]. La protesta incomodó al gobierno, que entendía que su acción constituía una nueva irregularidad de procedimiento[11]. Ante ello, el gobierno citó a una nueva reunión en el MOP, a la que esta vez no concurrió Montecinos. Una treintena de pobladoras y pobladores le dio un rotundo no a la propuesta SERVIU-MOP. Más tarde, una masiva consulta vecinal llevada a cabo por la junta vecinal confirmaría esta negativa.[12]

Las evidencias de una ausencia básica de información se encuentran en esta reunión: La presentación entregada el 6 de agosto en el MOP[13], de la que los dirigentes vecinales exigieron una copia, es la primera “propuesta” que se registra después de un año de anunciado el proyecto. La presentación exhibe un mapa de Concepción donde una línea azul representa el trayecto vial y donde se marcan las áreas a intervenir, más las supuestas ubicaciones para emplazar las viviendas sociales. Respecto de éstas últimas, no se presentó informe de factibilidad ni otros antecedentes relativos a los nuevos emplazamientos, entre ellos un humedal. De palabra, los representantes del MOP-SERVIU comprometieron departamentos y algunas casas, las que, sin embargo, no serían materia de ellos, sino que de la EGIS municipal, con lo que se desentiende el Estado de toda responsabilidad. Los vecinos tendrían que firmar un acuerdo y pasar a formar comités de vivienda que postulen a subsidios habitacionales; pero, en lo principal, con este acuerdo comprometerían el abandono de sus viviendas mientras su situación es gestionada por la entidad municipal.

Pero algo llama la atención sobre manera: las áreas del mapa identificadas como de intervención, se extienden a toda la población. Es decir, para construir el puente, los especialistas del gobierno afirman que debe desaparecer Aurora de Chile.

EL “CABALLO DE TROYA” DE LAS INMOBILIARIAS

Pero el antecedente clave de esta pugna entre gobierno y pobladores, intenta pasar oculto en medio del conflicto. Se trata de los intereses inmobiliarios, cuya influencia sobre lo público les convierte en los verdaderos articuladores urbanos detrás del poder político.

Circula ágilmente entre oficinas públicas y empresas el nombre del proyecto “Terrazas del Bio Bio”: Costosos hoteles, edificios de negocios, centros comerciales, mezclados con plazas cívicas y bandera Bicentenario[14]. Un conjunto de edificios comerciales que se apropia de la vista del río para su exclusivo entorno.

El diario El Sur, que actúa regularmente como informador público de las iniciativas empresariales a nivel local, ha dado cuenta de este proyecto. Al revisar sus noticias se puede observar la coincidencia entre proyectos públicos y privados, en este caso entre el puente Chacabuco y el mega proyecto inmobiliario Terrazas del Bio Bio.

El 23 de septiembre de 2010, este periódico del consorcio El Mercurio anunciaba: “se busca la concesión para rellenar 14 hectáreas que hoy son parte del afluente borde río”, bajo el título: “El proyecto que podría transformar Concepción en la ciudad soñada”[15]. El artículo compara este futuro “polo de encuentro comercial” con los grandes centros de Barcelona, Puerto Madero, Australia, Dubái, y señala que para este plan existían avances políticos en la obtención de la calificación de “obra de interés público”. El 13 de agosto de ese año del terremoto, el Comité Concesional Regional había llegado a acuerdo con el Ministerio de Bienes Nacionales sobre este tema, lo que quiere decir que los impulsores del proyecto y las autoridades trabajaban en este plan privado a full inmediatamente el terremoto, muy a la par o incluso antes de los trabajos de demolición y recuperación de puentes para Concepción.

Finalmente, en el mes de marzo de 2011, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, anunció que el proyecto privado había sido declarado de interés público. A su lado celebraba el gestor de la iniciativa: el diputado de la República Enrique van Rysselberghe[16].

¿A QUIÉN PERTENECE EL BORDE DE LA RIBERA NORTE DEL BIO BIO?

Este conflicto pasa en todo momento por un tema que no ha sido abordado con seriedad. El gobierno señala que los pobladores no son dueños del suelo donde habitan, lo que les llevó en un momento a declarar que la población era un campamento. La historia y los hechos le contradicen. Existe una amplia discusión internacional del problema de los asentamientos humanos que apunta a reconocer el derecho humano a conservar la tierra que habitan y el llamado “derecho a la ciudad”. Es evidente que hablamos de una realidad social indiscutible, sobre todo porque atañe a la existencia de masivas comunidades obreras y pobres.

Es un hecho histórico que la población se formó y alojó en el sector por más de 80 años. Pero además hay que precisar que la población se asentó en lechos de río, de dominio de Bienes Nacionales. La ocupación del asentamiento derivó en los rellenos, consolidando el sector como un terreno habitable. La situación de los terrenos no fue regularizada sino hasta mediados de la década del 90, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En aquel entonces, se prometió reconocer al barrio su derecho sobre el suelo y otorgar títulos de propiedad. Pero los terrenos sólo fueron inscritos a nombre del SERVIU, maniobra en la que participaron alcaldes, funcionarios de gobierno y el propio presidente.

Actualmente, el sector Aurora de Chile comprende 6 hectáreas rellenadas por la comunidad. La existencia de irregularidad en la tenencia del suelo por larga data, la que terminó con el dominio jurídico del SERVIU, solamente revela el desinterés y abandono por parte del Estado respecto los asentamientos humanos obreros y el crecimiento urbano.

EL CLAN POLÍTICO-EMPRESARIAL Y LOS DESAFÍOS DE AURORA DE CHILE

Los adversarios de Aurora de Chile son los grupos con intereses inmobiliarios, cuyo poder se basa en el control económico y político, con cierta complicidad de la “clase política”. Las claves del actual conflicto de Aurora de Chile se encuentran, evidentemente, en los intereses del clan van Rysselberghe, el que conforma una suerte de cartel político empresarial en la región.

Todo el mundo conoce la relación del padre de JVR y de su propio marido con los negocios areneros e inmobiliarios. Notoria es la participación en el clan de personas influyentes, ya sea en puestos políticos o en ámbitos empresariales. No es coincidencia que el ingeniero Sergio Jara asuma el cargo de director del SERVIU tras la caída de su antecesor, el inefable Salas. Jara había sido asesor directo de JVR durante su periodo alcaldicio. No hay que olvidar al alcalde saliente, Patricio Kuhn, a quien JVR cedió el cargo cuando ésta abandonó el puesto para asumir como intendenta[17]. En la actualidad, Emilio Armstrong (UDI) postula a la sucesión de Kuhn. No debe extrañarnos a esta altura que el nombre del director del proyecto Terrazas del Bio Bio sea nada menos que… Emilio Armstrong.

Al equipo personal de la ex intendenta y ex alcaldesa, hay que incluir dirigentes sociales como el mencionado Heriberto Montecinos, reclutados en el campo vecinal después de la dictadura. Estos le permitieron a la UDI entrar en las poblaciones adoptando un lenguaje “popular”. Todo este cuadro se expresa en plenitud cuando la derecha asume el gobierno y el clan obtiene el respaldo necesario para llevar a cabo sus ambiciones económicas y políticas.

Lo señalado sería material suficiente para que la Concertación juegue un papel diferente y combata en el terreno estos apetitos de poder absoluto. Pero esta oposición política guarda silencio y no moviliza esfuerzos en apoyo a este barrio ni a otros sectores afectados por los negocios del cartel van Rysselberghe. ¿Por qué? No está claro, pero se sabe que el adversario de la UDI en las municipales, el demócrata cristiano Álvaro Ortiz[18], ha mencionado informalmente que este caso “ya está cocinado”.

La lucha que han decidido dar los vecinos se libra en distintos planos, que van desde el interior del barrio hasta el plano externo. Resulta estratégico que exista conocimiento público de lo que ocurre. La mayoría de la sociedad no conoce el sector y se refiere a él a partir de los mitos impuestos por los medios y las autoridades de turno. La información es un factor clave.

Al interior de la población, los dirigentes tienen una enorme tarea para unir y activar al vecindario. Aún impera el temor y la inseguridad. Comprometer más al sector pasará –entre otras cosas- por adoptar una política que abarque a toda la población con sus particularidades y sus distintas realidades; también significa superar el individualismo y la desconfianza, que tienden al arreglo privado y al asistencialismo.

El conflicto central de Aurora de Chile es de toda la sociedad y, por ello, el desafío de la unidad trasciende al barrio. Enfrentar el problema conduce necesariamente a su raíz y descubre que esta lucha sólo la puede llevar hasta el final una fuerza mayor, la que, además, está llamada a desarrollar la conciencia de la población. En este sentido, es un buen paso el que se constituyera la Mesa Social de apoyo a Aurora de Chile en julio de este año, instancia en la que convergen la junta vecinal y agrupaciones como el MTP, la Red Construyamos, el FAU, diversos dirigentes sociales, agrupaciones de cristianos, humanistas, entre otros.

Aunque el gobierno, MOP, SERVIU y la municipalidad evaden la entrega de información pública, pronto deberán dar cuentas de la existencia de los proyectos que se han usado como argumento, entre ellos los referidos a soluciones habitacionales y al mismo puente Chacabuco. En los próximos días, las demandas de Red Construyamos por Ley de Transparencia darán cuenta de que las versiones oficiales se han sustentado en falsedades o, es más, en proyectos inexistentes. Por ahora, la persistencia del movimiento ha forzado a que la situación de Aurora de Chile sea un tema público y ha obligado a los candidatos a alcalde a pronunciarse, a lo que ha ayudado el pronunciamiento del humanista “Pancho” Córdova, que le ha sacado la voz a Ortiz y Armstrong en cada debate, quienes, a última hora y “para la TV”, se han pasado al lado de los pobladores.

El desenlace de una primera batalla –que puede ser decisiva- puede estar cerca.

La batalla de Aurora de Chile: los clanes, la gente y la tierra en disputa

“AURORA DE CHILE”, UN CASO EN LA COLONIZACIÓN DEL CONCEPCIÓN RIBEREÑO.

Concepción.- La historia de Aurora de Chile es la conocida secuencia de usurpación de los bienes comunitarios por parte de grupos de poder económico y político. Una historia repetida mil veces y que va desde la construcción de una comunidad, el desinterés o el olvido de los gobernantes y de las capas sociales privilegiadas, a la expulsión y segregación de la comunidad por parte de los privilegiados y sus representantes políticos, para convertir la tierra en un bien exclusivo o de capitalización privada.

La construcción de las poblaciones de la ribera norte del Bio Bio, ha sido una maratón dramática de sacrificios y fuerza de voluntad. Hay pobladores históricos que aún recuerdan sus infancias en viviendas precarias que arriesgaban continuamente su existencia, obligados a rescatar sus bienes o a huir de las subidas de río, incluso encaramados en los árboles para sobrevivir. Así aparecieron palafitos y rellenos improvisados. Fueron los terremotos del 39 y del 60 los que les dieron recursos preciados para la estabilización del suelo. Los escombros de la ciudad, usados por ellos en un trabajo lento y dificultoso, les permitieron elevar el terreno y crear la franja actual del río, desde el cerro Chepe, ubicado hacia la desembocadura, hasta la Mochita, aguas arriba del río.

Entre los barrios ribereños de Pedro del Río Zañartu y Pedro de Valdivia, se encuentra Aurora de Chile, población levantada en el transcurso del siglo XX y que, al igual que sus vecinos, es el fruto de la colonización de trabajadores pobres, damnificados de terremotos y emigrantes del campo. Estos se asentaron en un sector que en esos años era la periferia de la ciudad de Concepción, detrás de la línea férrea y en los terrenos inestables del río Bio Bio. Pero su particular ubicación en esta franja costera, muy cerca del centro penquista, ha determinado que sus suelos adquieran una plusvalía extraordinaria con el crecimiento urbano. En estas circunstancias, se reeditará, una vez más, la lucha clásica entre David y Goliat.

LA HISTORIA QUE SE INICIÓ CON UN “PUENTE CALLAMPA”

La ciudad ha crecido mucho en 100 años y, en consecuencia, se hace necesaria la instalación de nuevos puentes en el río. La historia que narramos va de la mano del cierre del Puente Bio Bio, más conocido como “Puente Viejo”, inaugurado en 1943 y cerrado en 2002, y que conectaba San Pedro con Concepción, a la altura de la intersección de las poblaciones Pedro de Valdivia con Aurora de Chile. El terremoto de 2010 vino a ser la justificación necesaria para llevar a los hechos un nuevo proyecto de construcción, pero es, a la vez, la “punta de flecha” con que pretenden ingresar y apoderarse de esos terrenos las empresas inmobiliarias.

Con el daño que sufrieron los puentes Llacolén y Juan Pablo II, que limitó sus capacidades de tránsito, el gobierno adoptó la opción de construir un nuevo puente y adquirió como solución vial provisoria un sistema mecano de tipo militar, el que fue comprado a la empresa estadounidense Acrow Corporation, instalándolo junto al ex Puente Viejo. Esa compra, encabezada por el Ministro de Defensa Jaime Ravinet, fue cuestionada porque el resultado de la licitación favoreció a una empresa que cobró 5 millones de dólares más que su competidora inglesa. No fueron las propias autoridades del país –golpeado por las pérdidas de una catástrofe natural- las que dieron cuenta de este daño a las arcas nacionales, sino que fue la empresa inglesa perdedora en esta licitación la que denunció públicamente el fraude. El ministro tuvo que renunciar, pero el daño hecho (y sus pormenores) quedaron en el olvido.

El ministro y ex dirigente del PDC, durante una reunión de la comisión investigadora, acosado por el cruce de acusaciones, exclamó molesto: “el puente vale callampa”.[1]

Entre las opciones que se discutían antes de 2010 para un viaducto permanente, se destacaron dos: el Puente Industrial, que se ubicaría cerca de la desembocadura del río y fuera del centro urbano, y el Puente Chacabuco, que entraría directamente al centro urbano. La decisión gubernamental de construir el Puente Chacabuco se anunció en medio del shock de 2010, con la postal impactante de las estructuras colapsadas del “puente viejo”.

Tal decisión trajo críticas de diferentes sectores sociales, incluyendo juicios técnicos de académicos y profesionales del área[2]. Pero el verdadero estorbo para la concreción de este proyecto vial serían los habitantes del barrio Aurora de Chile en la ribera norte. Justamente, un bullado escándalo en este barrio a principios de 2011, protagonizado por la máxima autoridad del gobierno regional, la ex intendenta van Rysselberghe, detonó un combate por la tierra que es digno de estudiar, no sólo porque descubre las verdaderas razones que determinan la construcción de este puente, sino que, sobre todo, porque revela la verdadera dinámica de la actual política de construcción urbana y de propiedad del suelo.

UN ESCÁNDALO EN AURORA DE CHILE

Luego del terremoto de febrero de 2010, en este sector de casi 600 familias, se vivía una tensa situación interna, la que trascendería al ámbito nacional en 2011. La organización vecinal de Aurora de Chile –como muchas otras de la ciudad- se hallaba dominada por dirigentes adictos a la que fuera alcaldesa y luego intendenta del gobierno de Piñera, la militante UDI Jacqueline van Rysselberghe (JVR).[3]

La intendenta ofrecía amistosamente beneficios extraordinarios a sus seguidores, casas nuevas e, incluso, beneficios extras, lo que se tradujo en un primer momento en la donación de mediaguas a cuenta de los damnificados del terremoto, simplemente por simpatías y, naturalmente, por colaboración con ella. Conocedora de lo inaceptable de estas acciones, más aún bajo circunstancias de catástrofe, la intendenta solicitó al grupo de pobladores que conservaran la información bajo reserva y que mantuvieran la “historia” para no perder los beneficios. Hasta allí, celebraciones y alegres concurrencias para alagar a la que más tarde sería la figura de un escándalo de proporciones. Una frase recurrente de la intendenta quedaría grabada en la memoria de la población: “Ustedes son mis regalones”.

¿Cuál era la justificación oficial para tal fraude político? Durante el caos que siguió al terremoto, el gobierno regional levantó el argumento de inhabitabilidad de las viviendas, haciendo cómplices de esta farsa a un grupo de vecinos. ¿Con qué propósito? Conseguir que la población abandone el terreno. El mismo modus operandi lo empleó en Centinela, Villa Futuro y Camilo Olavarría, prometiendo grandes beneficios que dependían de que la gente dejara sus casas e, incluso, de que las destruyeran, entregando sus terrenos a cambio de un mínimo valor (10 millones de pesos o, en algunos casos, menos de 2 millones). Pero este fraude no contaba con los correspondientes certificados de inhabitabilidad. En otras palabras, eran sólo promesas para personas vulnerables a la manipulación del poder.

Entre la gente que no se dejó adular por esta “benefactora”, había preocupación. Veían cómo un grupo de pobladores –por lo general los más pobres y sin la tradición de los colonos o fundadores- cedían a los deseos de una mujer de la elite que, embestida en títulos de poder, les convertía en sus clientes políticos. Estos grupos sin conciencia se habían hecho del control del barrio y pasaban a entregar, sin más que promesas y pequeñas ofrendas, todo el esfuerzo de generaciones. Entonces, decidieron tomar cartas en el asunto y un día grabaron en vídeo las promesas que la intendenta hizo en una de esas reuniones. La grabación fue puesta en manos de un Senador de la República, quien destapó el escándalo público y colocó a JVR en una crisis política. Cuestionada ahora por la oposición política y también por sectores de la propia derecha, incluso dentro de su partido, la intendenta tuvo que renunciar. Lo hizo, pero no sin antes aferrarse largamente al cargo y sin reconocer –ni ser investigada por- la seguidilla de irregularidades y estafas políticas.

LA BATALLA POR EL PUENTE

Bajo estas circunstancias, los vecinos buscaron aliados: se acercaron a la agrupación Red Construyamos e hicieron lazos con organizaciones que sufrían amenaza de expropiación en Villa Futuro y Centinela. Formaron un Comité Pro Defensa, a la vez que otro se formaba en Villa Futuro[4], siendo los primeros en combatir la enajenación de sus hogares.

El primer problema de la comunidad estaba en el control de la junta vecinal Siglo XX por Heriberto Montecinos, hombre de oscuros antecedentes. A pesar del temor, la gente enfrentó a los “regalones” de JVR. Montecinos no pudo contener la exigencia de una nueva elección vecinal, la que lo terminó sacando del cargo. Sin embargo y hasta la fecha, el ex dirigente no entrega la sede vecinal ni los libros de la organización comunitaria, y registra agresiones y amenazas contra pobladores[5]. La nueva directiva –presidida ahora por Alfonso Vera- no sólo se enfrenta a estas dificultades, sino que también debe hacer frente a la atomización social producto de la dictadura y los sucesivos gobiernos neoliberales.

En el contexto caótico dejado por JVR, el gobierno inició el proceso de licitación del puente y señaló el año 2013 como plazo de entrega de obras[6], acercando el fantasma de la erradicación. Y lo hizo a sabiendas que los pobladores se resisten a una expulsión. Por lo mismo, aunque el discurso oficial diga lo contrario, ha optado por la desinformación a la comunidad y la negación de cualquier forma de participación, sobre todo de la junta vecinal, representativa del deseo de la población fundadora de mantener sus terrenos. Ante ellos, la actitud del gobierno ha sido prepotente y ha pretendido deliberadamente confundir.

Por ejemplo, el director del SERVIU, Sebastián Salas[7], el 2 de diciembre de 2010, afirmaba al periódico El Sur que “a todas las familias que habitan el sector se les entregará vivienda definitiva en la misma área”. Las 568 familias “deberán abandonar sus casas mientras dure la construcción del proyecto, que permitirá edificar igual número de casas y departamentos en el barrio”. Agregaba la nota: “Ante la necesidad de estas familias de encontrar un alojamiento provisorio por los 18 meses que serían afectados, Salas afirmó: es un sacrificio que deberán hacer, pero que es en su propio beneficio, ya que recibirán un título de dominio de una vivienda, que actualmente no poseen, porque todos los terrenos que habitan son propiedad del SERVIU”. Esto constituye, dijo, “una importante transferencia patrimonial” del Estado a los vecinos, ya que “el sector tiene una alta plusvalía, en que el metro cuadrado de terreno se vende a 15 UF”, valor debido a la cercanía del centro de la ciudad, “sumado al futuro mall que construirá el Grupo Plaza en el sector[8]. Las familias para acceder a esta vivienda definitiva sólo deberán pagar un ahorro previo de 10,5 UF y recibirán una vivienda que estará valorizada, comercialmente, en cerca de 1.500 UF, debido a este alto valor del suelo”.

La prensa se refería también a la oposición de las familias, las que Salas calificó de “un grupo muy minoritario”, y les advertía que: “si no quieren viviendas, se iniciará el proyecto en otro sector”. Amenazas mezcladas con promesas, ilusiones, cuentas a medias o mal sacadas; características habituales de una estafa. Los hechos luego probarán que Salas mentía.

Pero fue recién en 2012, cuando el gobierno regional anunció un plazo de 600 días para concluir las obras, que se crisparon los ánimos y se reactivó la movilización del barrio. La vecindad comenzó a protestar. Sus dirigentes recobraron los nexos con el movimiento social y –después de haber llevado una conducta bastante protocolar- finalmente reaccionaron, sobre todo ante la actitud prepotente y descalificadora del gobierno (como cuando el director del SERVIU, Sergio Jara, hizo pública alusión a las casas de Aurora de Chile diciendo que sacarían a la gente de sus “jaulas”).

En agosto las autoridades realizaron una reunión extraordinaria con H. Montecinos, quien ahora encabeza un comité de vivienda. De esta reunión salieron conjuntamente declarando que los pobladores y el gobierno habían llegado a un acuerdo[9]. La junta vecinal desconoció públicamente tal acuerdo y criticó que se pasara por sobre ella[10]. La protesta incomodó al gobierno, que entendía que su acción constituía una nueva irregularidad de procedimiento[11]. Ante ello, el gobierno citó a una nueva reunión en el MOP, a la que esta vez no concurrió Montecinos. Una treintena de pobladoras y pobladores le dio un rotundo no a la propuesta SERVIU-MOP. Más tarde, una masiva consulta vecinal llevada a cabo por la junta vecinal confirmaría esta negativa.[12]

Las evidencias de una ausencia básica de información se encuentran en esta reunión: La presentación entregada el 6 de agosto en el MOP[13], de la que los dirigentes vecinales exigieron una copia, es la primera “propuesta” que se registra después de un año de anunciado el proyecto. La presentación exhibe un mapa de Concepción donde una línea azul representa el trayecto vial y donde se marcan las áreas a intervenir, más las supuestas ubicaciones para emplazar las viviendas sociales. Respecto de éstas últimas, no se presentó informe de factibilidad ni otros antecedentes relativos a los nuevos emplazamientos, entre ellos un humedal. De palabra, los representantes del MOP-SERVIU comprometieron departamentos y algunas casas, las que, sin embargo, no serían materia de ellos, sino que de la EGIS municipal, con lo que se desentiende el Estado de toda responsabilidad. Los vecinos tendrían que firmar un acuerdo y pasar a formar comités de vivienda que postulen a subsidios habitacionales; pero, en lo principal, con este acuerdo comprometerían el abandono de sus viviendas mientras su situación es gestionada por la entidad municipal.

Pero algo llama la atención sobre manera: las áreas del mapa identificadas como de intervención, se extienden a toda la población. Es decir, para construir el puente, los especialistas del gobierno afirman que debe desaparecer Aurora de Chile.

EL “CABALLO DE TROYA” DE LAS INMOBILIARIAS

Pero el antecedente clave de esta pugna entre gobierno y pobladores, intenta pasar oculto en medio del conflicto. Se trata de los intereses inmobiliarios, cuya influencia sobre lo público les convierte en los verdaderos articuladores urbanos detrás del poder político.

Circula ágilmente entre oficinas públicas y empresas el nombre del proyecto “Terrazas del Bio Bio”: Costosos hoteles, edificios de negocios, centros comerciales, mezclados con plazas cívicas y bandera Bicentenario[14]. Un conjunto de edificios comerciales que se apropia de la vista del río para su exclusivo entorno.

El diario El Sur, que actúa regularmente como informador público de las iniciativas empresariales a nivel local, ha dado cuenta de este proyecto. Al revisar sus noticias se puede observar la coincidencia entre proyectos públicos y privados, en este caso entre el puente Chacabuco y el mega proyecto inmobiliario Terrazas del Bio Bio.

El 23 de septiembre de 2010, este periódico del consorcio El Mercurio anunciaba: “se busca la concesión para rellenar 14 hectáreas que hoy son parte del afluente borde río”, bajo el título: “El proyecto que podría transformar Concepción en la ciudad soñada”[15]. El artículo compara este futuro “polo de encuentro comercial” con los grandes centros de Barcelona, Puerto Madero, Australia, Dubái, y señala que para este plan existían avances políticos en la obtención de la calificación de “obra de interés público”. El 13 de agosto de ese año del terremoto, el Comité Concesional Regional había llegado a acuerdo con el Ministerio de Bienes Nacionales sobre este tema, lo que quiere decir que los impulsores del proyecto y las autoridades trabajaban en este plan privado a full inmediatamente el terremoto, muy a la par o incluso antes de los trabajos de demolición y recuperación de puentes para Concepción.

Finalmente, en el mes de marzo de 2011, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, anunció que el proyecto privado había sido declarado de interés público. A su lado celebraba el gestor de la iniciativa: el diputado de la República Enrique van Rysselberghe[16].

¿A QUIÉN PERTENECE EL BORDE DE LA RIBERA NORTE DEL BIO BIO?

Este conflicto pasa en todo momento por un tema que no ha sido abordado con seriedad. El gobierno señala que los pobladores no son dueños del suelo donde habitan, lo que les llevó en un momento a declarar que la población era un campamento. La historia y los hechos le contradicen. Existe una amplia discusión internacional del problema de los asentamientos humanos que apunta a reconocer el derecho humano a conservar la tierra que habitan y el llamado “derecho a la ciudad”. Es evidente que hablamos de una realidad social indiscutible, sobre todo porque atañe a la existencia de masivas comunidades obreras y pobres.

Es un hecho histórico que la población se formó y alojó en el sector por más de 80 años. Pero además hay que precisar que la población se asentó en lechos de río, de dominio de Bienes Nacionales. La ocupación del asentamiento derivó en los rellenos, consolidando el sector como un terreno habitable. La situación de los terrenos no fue regularizada sino hasta mediados de la década del 90, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En aquel entonces, se prometió reconocer al barrio su derecho sobre el suelo y otorgar títulos de propiedad. Pero los terrenos sólo fueron inscritos a nombre del SERVIU, maniobra en la que participaron alcaldes, funcionarios de gobierno y el propio presidente.

Actualmente, el sector Aurora de Chile comprende 6 hectáreas rellenadas por la comunidad. La existencia de irregularidad en la tenencia del suelo por larga data, la que terminó con el dominio jurídico del SERVIU, solamente revela el desinterés y abandono por parte del Estado respecto los asentamientos humanos obreros y el crecimiento urbano.

EL CLAN POLÍTICO-EMPRESARIAL Y LOS DESAFÍOS DE AURORA DE CHILE

Los adversarios de Aurora de Chile son los grupos con intereses inmobiliarios, cuyo poder se basa en el control económico y político, con cierta complicidad de la “clase política”. Las claves del actual conflicto de Aurora de Chile se encuentran, evidentemente, en los intereses del clan van Rysselberghe, el que conforma una suerte de cartel político empresarial en la región.

Todo el mundo conoce la relación del padre de JVR y de su propio marido con los negocios areneros e inmobiliarios. Notoria es la participación en el clan de personas influyentes, ya sea en puestos políticos o en ámbitos empresariales. No es coincidencia que el ingeniero Sergio Jara asuma el cargo de director del SERVIU tras la caída de su antecesor, el inefable Salas. Jara había sido asesor directo de JVR durante su periodo alcaldicio. No hay que olvidar al alcalde saliente, Patricio Kuhn, a quien JVR cedió el cargo cuando ésta abandonó el puesto para asumir como intendenta[17]. En la actualidad, Emilio Armstrong (UDI) postula a la sucesión de Kuhn. No debe extrañarnos a esta altura que el nombre del director del proyecto Terrazas del Bio Bio sea nada menos que… Emilio Armstrong.

Al equipo personal de la ex intendenta y ex alcaldesa, hay que incluir dirigentes sociales como el mencionado Heriberto Montecinos, reclutados en el campo vecinal después de la dictadura. Estos le permitieron a la UDI entrar en las poblaciones adoptando un lenguaje “popular”. Todo este cuadro se expresa en plenitud cuando la derecha asume el gobierno y el clan obtiene el respaldo necesario para llevar a cabo sus ambiciones económicas y políticas.

Lo señalado sería material suficiente para que la Concertación juegue un papel diferente y combata en el terreno estos apetitos de poder absoluto. Pero esta oposición política guarda silencio y no moviliza esfuerzos en apoyo a este barrio ni a otros sectores afectados por los negocios del cartel van Rysselberghe. ¿Por qué? No está claro, pero se sabe que el adversario de la UDI en las municipales, el demócrata cristiano Álvaro Ortiz[18], ha mencionado informalmente que este caso “ya está cocinado”.

La lucha que han decidido dar los vecinos se libra en distintos planos, que van desde el interior del barrio hasta el plano externo. Resulta estratégico que exista conocimiento público de lo que ocurre. La mayoría de la sociedad no conoce el sector y se refiere a él a partir de los mitos impuestos por los medios y las autoridades de turno. La información es un factor clave.

Al interior de la población, los dirigentes tienen una enorme tarea para unir y activar al vecindario. Aún impera el temor y la inseguridad. Comprometer más al sector pasará –entre otras cosas- por adoptar una política que abarque a toda la población con sus particularidades y sus distintas realidades; también significa superar el individualismo y la desconfianza, que tienden al arreglo privado y al asistencialismo.

El conflicto central de Aurora de Chile es de toda la sociedad y, por ello, el desafío de la unidad trasciende al barrio. Enfrentar el problema conduce necesariamente a su raíz y descubre que esta lucha sólo la puede llevar hasta el final una fuerza mayor, la que, además, está llamada a desarrollar la conciencia de la población. En este sentido, es un buen paso el que se constituyera la Mesa Social de apoyo a Aurora de Chile en julio de este año, instancia en la que convergen la junta vecinal y agrupaciones como el MTP, la Red Construyamos, el FAU, diversos dirigentes sociales, agrupaciones de cristianos, humanistas, entre otros.

Aunque el gobierno, MOP, SERVIU y la municipalidad evaden la entrega de información pública, pronto deberán dar cuentas de la existencia de los proyectos que se han usado como argumento, entre ellos los referidos a soluciones habitacionales y al mismo puente Chacabuco. En los próximos días, las demandas de Red Construyamos por Ley de Transparencia darán cuenta de que las versiones oficiales se han sustentado en falsedades o, es más, en proyectos inexistentes. Por ahora, la persistencia del movimiento ha forzado a que la situación de Aurora de Chile sea un tema público y ha obligado a los candidatos a alcalde a pronunciarse, a lo que ha ayudado el pronunciamiento del humanista “Pancho” Córdova, que le ha sacado la voz a Ortiz y Armstrong en cada debate, quienes, a última hora y “para la TV”, se han pasado al lado de los pobladores.

El desenlace de una primera batalla –que puede ser decisiva- puede estar cerca.

Por: Eduardo Ampuero Cárdenas, integrante de Red Construyamos

[1] http://www.theclinic.cl/2012/01/03/cde-acuso-a-ravinet-de-ejercer-presiones-indebidas-contra-el-ejercito-para-comprar-el-puente-vale-callampa/ . La pregunta es: ¿Ravinet sabe de otros desfalcos?

[2] Radio Bio Bio, en mayo de 2010, informaba de las críticas que juzgaban prioritario el Puente Industrial y que acusaban fallas en el diseño del Chacabuco. http://www.biobiochile.cl/2010/05/25/expertos-aseguran-que-es-un-error-construir-el-puente-chacabuco-sobre-el-rio-bio-bio.shtml

[3] Jacqueline es hija del antiguo alcalde Enrique van Rysselberghe, empresario del sector arenero. Está casada también con un empresario del sector. La familia, entre otras curiosidades, extrajo arenas por años del lecho del Bio Bio al precio irrisorio de $2.- el metro cúbico, asignado por el propio municipio de Concepción. Jacqueline promovió la candidatura a diputado de un deslavado Enrique, su hermano, quien desde este cargo sería uno de los impulsores del proyecto inmobiliario “Terrazas del Bio Bio”.

[4] El Comité Pro Defensa de Villa Futuro ha dado una larga lucha para resistir a la presión del gobierno y enfrentar las divisiones del barrio. Finalmente, con un puñado de pobladores, logró recuperar la junta vecinal y sigue frenando el proceso de emigración masiva de más de 1.300 familias.

[5] Vea entrevista de Collao TV: http://www.redconstruyamos.org/index.php/videos/150-aurora-de-chile

[6] Luego, en abril de 2012, el gobierno anunció 600 días para terminar con las obras del Puente Chacabuco, lo que suponía “erradicar” a la población antes de 2013. Ver El Sur, 12/4/2012.

[7] Sebastián Salas, director del SERVIU de la región, renunció en mayo de 2011 debido a otro escándalo. Con la finalidad de adquirir terrenos para la reconstrucción de Dichato, el SERVIU había comprado un terreno (ubicado a 50 metros de la costa) a una tía de Salas, por el valor de 2 millones de dólares. A pesar del escándalo, no hubo sanciones para la ex autoridad. Entrevista a Salas en: http://www.biobiochile.cl/2011/05/19/director-del-serviu-del-bio-bio-se-defiende-de-grave-denuncia-en-su-contra-sobre-compra-de-terrenos.shtml

[8] A la fecha de esta publicación, con el mall del Grupo Plaza construido y en funcionamiento, la tasación fiscal ya alcanza las 20 UF, y esto sin que aún exista una debida urbanización del sector.

[9] Radio Bio Bio, 4 de agosto de 2012: http://www.biobiochile.cl/2012/08/04/vecinos-de-aurora-de-chile-acogen-propuesta-de-erradicacion-por-construccion-del-puente-chacabuco.shtml

[10] Radio Bio Bio, 6 de agosto de 2012: http://www.biobiochile.cl/2012/08/06/junta-de-vecinos-de-aurora-de-chile-niega-acuerdo-con-autoridades-por-plan-de-erradicacion.shtml

[11] Nos referimos a La Ley 19.418, de juntas de vecinos y demás organizaciones.

[12] Los resultados de esta consulta fueron cuestionados por el gobierno, a pesar de estar debidamente registrados en libros públicos. Resultados del proceso en: http://www.redconstruyamos.org/index.php/movilizaciones/comunicados/132-pobladres-dan-claro-rechazo-a-la-intencion-del-gobierno-de-erradicar-la-poblacion-aurora-de-chile

[13] Documentos en: http://www.redconstruyamos.org/index.php/informate/noticias/163-presentacion-mop-serviu-de-qsolucionq-para-la-poblacion-aurora-de-chile

[14] http://www.elcachondeo.cl/foro/f100/2090599-polemica-400-millones-por-bandera-bicentenario-en-la-region-del-bio-b/ ;

http://www.biobiochile.cl/2012/08/20/bandera-del-bicentenario-que-se-licitara-en-concepcion-sigue-causando-controversia.shtml . Tras la polémica, el gobierno desistirá de su proyecto.

[15] El Sur. http://www.elsur.cl/base_elsur/site/artic/20100923/pags/20100923001200.html

[16] Portal de difusión del diputado van Rysselberghe. http://www.evr.cl/blog/?p=1628

[17] Este traspaso de cargo fue calificado como una designación personal de JVR, lo que le acarreó críticas al nuevo alcalde, que el 2008 había sido electo concejal con 631 votos. Este proceder, característico de van Rysselberghe, dejó heridos también al interior de la derecha penquista.

[18] Hijo del diputado José Miguel Ortiz, cuyas relaciones con grupos económicos son conocidas. Es parte del directorio de la Corporación U. de Concepción y se relaciona con PETROX. Conforman otro clan local.

Twitter https://mobile.twitter.com/verde_olivo

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