Articulos: RENACIONALIZAR EL COBRE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA de la REPÚBLICA de CHILE

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.(Art. 19, Nº 24, inciso 6º)
Y sólo basta un Decreto Presidencial para Renacionalizar nuestro cobre…
(Art. 18 del DL. 1.349 de 1976 ó Ley Orgánica de la Corporación Chilena del Cobre – COCHILCO)
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Tomado de http://www.defensadelcobre.cl

¡ A RENACIONALIZAR EL COBRE…!
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    ¡¡¡¡ A RENACIONALIZAR EL COBRE !!!
    El pueblo chileno debe volver a tomar en sus manos la totalidad de sus riquezas naturales. Por imperativo de DIGNIDAD NACIONAL debemos volver a nacionalizar la Gran Minería de nuestro cobre.

CODELCO ha aportado al Estado –desde su creación en 1976– alrededor de US$ 100.000.000.000 (Cien mil millones de dólares), lo que supera en más de 3 veces la tributación de todas las mineras extranjeras, y es más del doble del impuesto a la Renta que pagan, y han pagado en el pasado, LA TOTALIDAD de las empresas privadas existentes en Chile, desde el más pequeño comerciante chileno , hasta las más grandes de las trans- nacionales de la banca, de los Seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mineras, pesqueras, fruteras, etc., etc.

¡Sí! Esa es la realidad difícil de creer. El Impuesto a la Renta que pagan la totalidad de las empresas privadas que existen en Chile, no alcanza a la mitad de lo que aporta al Fisco (o Erario Nacional) una sola empresa del Estado, CODELCO, empresa surgida gracias a la Nacionalización del Cobre efectuada por el Presidente Salvador Allende Gossens, el 11 de Julio de 1971, y aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional.

Sin embargo, CODELCO aporta sólo un tercio de la producción chilena de cobre; los otros dos tercios lo explotan empresas mineras extranjeras, que de 215.000 toneladas que extraían en el año 1989 pasaron a extraer 5.500.000 toneladas en el año 2004, y 3.600.000 en el año 2006. Este extraordinario aumento de la extracción minera extranjera en 25 o 17 veces, respectivamente, se debe a que en Junio de 1990 se aprobó una Ley para que estas empresas no pagaran impuestos en Chile.

Efectivamente esta es una realidad que no parece creíble. La casi totalidad de las empresas mineras extranjeras no han pagado Impuesto a la Renta en Chile, como lo confirmó el año 2004 en el Senado de la República el Director del Servicio de Impuestos Internos. Se llevan nuestro cobre, que es recurso que se agota, que no se renueva, sin pagar los impuestos y regalías que corresponden.

El caso más emblemático de esta falta de tributación de las mineras extranjeras lo constituye La Disputada de Las Condes – hoy llamada Minera Sur Andes, que desde 1979 hasta el 2006 no pagó un solo dólar de Impuesto a la Renta en Chile. Es un caso vergonzoso que indigna la conciencia nacional.

El gobierno, la oposición y los medios de comunicación siempre nos han asegurado que para la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, hasta para tapar los hoyos de las calles, no existen recursos; sin embargo, se ha comprobado que es una gran falsedad, porque el Estado cuenta con cuantiosísimos recursos que le entrega CODELCO, año tras años – miles de millones de dólares -, pero la mayor parte de esas sumas se le regala a grandes empresas extranjeras. Prefieren darle a las trans-nacionales extranjeras lo que corresponde a la Educación para nuestros escolares, a las Pensiones para nuestros viejos, a la Salud y a la Vivienda para… los chilenos todos.

Las mineras extranjeras no pagan impuestos, porque en Junio de 1990 se aprobó la Ley 18.985 que aumentó, “transitoriamente”, el IVA desde un 16% al 18% (en la actualidad es de 19%), pero en la misma Ley se liberó de tributación a las grandes mineras extranjeras – aunque en honor a la verdad, casi todo el marco jurídico lo estableció la dictadura cívico-militar – pero la Concertación cerró el círculo vicioso, ya que gracias a esta Ley, desde esa fecha, las mineras extranjeras no han pagado Impuesto a la Renta en Chile. En consenso, el gobiernos y la derecha, han aprobado varias Leyes para que las mineras extranjeras puedan eludir y evadir el pago de los impuestos en nuestro país, a pesar que estas empresas, a la fecha, han trasladado cientos de miles de millones de dólares de utilidades al extranjero.

¡BASTA!, Chile no necesita ingenieros extranjeros ni tampoco necesita administradores, técnicos, trabajadores, ni a ningún extranjero para explotar nuestros recursos mineros. Los chilenos tenemos todos los profesionales y trabajadores calificados para hacerlo. Tampoco se necesitan capitales extranjeros para explotar nuestro cobre y sus sub-productos y, sobre todo, NO NECESITAMOS TRANSNACIONALES que no pagan impuestos ni royalty.

No queda otro camino… ¡¡¡¡ A RENACIONALIZAR EL COBRE !!!
El pueblo chileno debe volver a tomar en sus manos la totalidad de sus riquezas naturales. Por imperativo de DIGNIDAD NACIONAL debemos volver a nacionalizar la Gran Minería de nuestro cobre.

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Renacionalizar el Cobre.
por Julián Alcayaga

La nacionalización de la Gran Minería, desde hace varias décadas ha sido una aspiración más una aspiración política y de dignidad nacional que de carácter económico, pero desde mediado de los años noventa, la nacionalización de la gran minería adquiere cada vez más una justificación de carácter económico, financiero o presupuestario, por las siguientes razones:

Cuando el precio del cobre era bajo, la diferencia entre los aportes de las mineras privadas y la estatal no era muy evidente, puesto que los aportes de Codelco eran poco significativos y los aportes de las mineras extranjeras eran casi inexistentes. Comparar lo poco con la nada no resultaba ilustrativo, pero ahora, con el elevado precio del cobre, las diferencias entre los aportes de Codelco y la minería extranjera son abismales. En el 2006 los aportes de Codelco alcanzaron a los 9.215 millones de dólares, mientras que las mineras extranjeras durante ese mismo año pagaron solamente alrededor de 3 mil millones de dólares, sumando el impuesto a la renta y el impuesto específico conocido como royalty 2, es decir, aportan tres veces menos que Codelco produciendo dos veces más. Matemáticamente, esto quiere decir que por tonelada producida, Codelco aporta al Estado 6,3 veces más que las mineras extranjeras. Si Codelco explotara también los yacimientos mineros que hoy poseen las mineras extranjeras, estos yacimientos aportarían al Estado 19 mil millones de dólares, en vez de los 3 mil actuales. Esta diferencia de 16 mil millones, es lo que los chilenos perdemos por no tener nacionalizados esos yacimientos que hoy explotan empresas extranjeras. Es decir, son las transnacionales mineras, que año a año, se llevan esos 16 mil millones de dólares que pertenecen a todos los chilenos. Esto deja además en evidencia, que los miles de millones de dólares que hoy dispone el país y que el Ministro de Hacienda no sabe que hacer con ellos, Chile los posee gracias al Presidente Allende, porque es gracias a la nacionalización de la gran minería que el país ha recibido esos miles de millones de dólares.

Una segunda razón para renacionalizar nuestro cobre, también es de carácter económico, y está dado por la fabulosa dimensión de esta riqueza, puesto que Chile posee cerca del 50 % de las reservas mundiales de este metal, que tiene un valor estratégico y económico de extrema importancia, que solo es superado por el petróleo. El valor presente de estas reservas de cobre supera ampliamente la colosal cifra de 3 billones de dólares, es decir más de 3 millones de millones de dólares. No es admisible que una tal extraordinaria riqueza quede en manos de empresas extranjeras que nada o muy poco aportan al país. Recordemos al respecto, que La Disputada de Las Condes, que hoy se denomina Minera Sur Andes, desde 1979 hasta el 2005, no pagó un solo peso de impuesto a la renta. Es el el ejemplo más evidente de nada justificaba la inversión extranjera en nuestra minería.

Una tercera razón para nacionalizar la gran minería, está dado por la experiencia y conocimientos que nuestros trabajadores y profesionales han alcanzado en esta industria, que hace que los chilenos no necesitamos trabajadores ni técnicos extranjeros, ni tampoco necesitamos ingenieros de minas, o ingenieros civiles, administradores o cualquier otro tipo de profesionales extranjeros para explotar nuestras riquezas mineras. Somos autosuficientes para ello, y que tampoco existen impedimentos internacionales, constitucionales o legales que nos impidan nacionalizar nuestras riquezas básicas.

No existe ninguna razón que justifique que se haya permitido la inversión extranjera en nuestra gran minería, y esas mismas razones son las que justifican su nacionalización, pero para poder hacerlo, es necesario crear nuevamente conciencia en nuestro pueblo de su necesidad, dando a conocer la realidad que hemos descrito, y creando un poderoso movimiento social y político que se mueva hacia ese objetivo. Como primer paso en este sentido, el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre y otras organizaciones sociales, han iniciado una Campaña Nacional y Patriótica de recolección de firmas por la Renacionalización de la Gran Minería del Cobre, cuyas primeras 50 mil firmas fueron entregadas a la Presidenta Michelle Bachelet, este 11 de julio, en el 36 aniversario de la Nacionalización de 1971. Más temprano que tarde otros hombres marcharán por las grandes alamedas….
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Tomado de: http://manuel-rodriguez.lacoctelera.net
Escrito por resumen.cl (a 40 años de la Nacionalización del Cobre)

ENTREVISTA A JULIÁN ALCAYAGA: EL COBRE DEBE SER RENACIONALIZADO

Julián Alcayaga Olivera proviene de una familia de mineros. Tras la entrega de una beca en los años 60 pudo estudiar en Moscú. Hoy es economista, contador y egresado de Derecho, a lo que se le suman algunos posgrados en Francia. Militante del PS desde hace casi 20 años se ha dedicado a luchar contra la inversión extranjera en la minería y por la renacionalización del cobre, desde el Comité de defensa y recuperación del Cobre y también desde la ONG Recuperemos el cobre de Chile.

¿Por qué es necesario renacionalizar el cobre?

Principalmente, porque Chile pierde miles de millones, no cientos, de dólares, por no tener nacionalizados los 2/3 que controlan las empresas extranjeras. Uno podría decir que bastaría con poner una tributación y regalías importantes para que ese cobre este al servicio del país. Es posible que eso suceda, pero el hecho de que las mineras formen parte de un gran conglomerado internacional, les permite que sus utilidades sean trasladadas al extranjero en empresas relacionadas, eludiendo las tributaciones, por más controles que existan. Por ello, la única forma de que el cobre sea utilizado al servicio del país, es que este en manos del Estado.

¿Cómo ha sido el proceso de incorporación de capitales extranjeros en el cobre tras la nacionalización de Allende?

Tras el golpe de Estado, el objetivo principal de las transnacionales mineras, fue desnacionalizar lo que había sido nacionalizado; es decir privatizar las 5 empresas que Allende había nacionalizado. Pero ese grupo de las transnacionales mas la presión política interna de la derecha chilena, terminó chocando con los mismos militares quienes dentro de la junta de gobierno, desde 1976 decretan leyes, incluso reformas constitucionales, que consolidan la nacionalización de Allende. Entre ellas por ejemplo, se encuentra el adjudicar el 10% de las ventas del cobre a las fuerzas armadas como forma de impedir su privatización y la refundición de las 5 empresas nacionalizadas en una, fundando así Codelco en 1976. Ellos conocían que el cobre no tiene una importancia solo económica, sino también por su carácter estratégico, ya que sabían que en Chile se encuentra el 50% de las reservas mundiales del cobre. Eso es un tema de seguridad nacional. Por eso no hubo intentos de privatizarlo y no se habló más de ello durante la dictadura.

Tanto las transnacionales como algunos personeros al interior del país, defendían la idea de la inversión extranjera en la minería. Argumentaban que Chile tenía tantos yacimientos que no pertenecían a Codelco y que en ellos se debía permitir la inversión extranjera. En 1983 se dicta una nueva ley minera, elaborada por José Piñera (hermano del actual presidente) que entregaba condiciones para la inversión extranjera. Pero como la DC y los opositores a la dictadura, sostenían que cuando llegaran al gobierno, derogarían esta ley, las transnacionales no invertían en Chile por ese temor, salvo una empresa, que fue La Escondida. Desde esta empresa, se logra generar el Lobby junto a personeros de la oposición a la dictadura, al interior de la misma, para que cuando llegaran al poder no se produjera la derogación de la ley minera.

La derogación del 10% de las FFAA ¿es un avance hacia la privatización de Codelco?

Absolutamente. En el Gobierno de Bachelet se presentó un proyecto de derogación del 10% de las FFAA. Desde el Comité de defensa del cobre, enviamos cartas a todos los senadores, diputados y presidentes de partidos, en donde indicábamos la necesidad de votar en contra de este proyecto. Que Codelco deba pagar el 10% de sus ventas, no de sus utilidades a las FFAA, permite su no privatización, porque cualquier empresa que quiera comprar Codelco, debe cancelar ese 10% a las FFAA, lo que significa una desventaja enorme respecto de las demás empresas. Todo el proyecto de ley de Piñera -discusión de presupuesto en el parlamento, que el presupuesto tenga un piso y un techo- todo eso se puede hacer sin derogar, un hecho esencial que es el 10% de las FFAA.

En la actualidad ¿qué tan chileno es el cobre?

Hoy la producción de Codelco representa alrededor del 27 o 28% de la producción chilena de cobre. Al terminar el régimen de Pinochet, el año 89, Codelco representaba el 80% de la producción de cobre, más el 10% de la ENAMI, que trabajaba con la pequeña y mediana empresa nacional. Podríamos decir que el Estado tenía cerca del 90% de la producción de cobre. La desnacionalización se produce desde los años 90, cuando la Concertación no cumplió con derogar la Ley minera, y además porque legisló especialmente para permitir la inversión extranjera en la minería. La ley 18.985 de junio del año 1990 que tenía como objetivo principal aumentar el IVA de 16% a 18% -con Pinochet era solo 16%-, y de aumentar el impuesto de 1º categoría de un 10 a un 15%. Nadie se fijo en la letra chica, eso si. No se discutió ni se leyó, que se modificaba la tributación de las empresas mineras, sobre la renta presunta, que existía hasta ese momento, a renta efectiva. Si hubiésemos seguido con el régimen tributario de Pinochet, no se habría desnacionalizado el cobre, pues se tributaba bajo el sistema de renta presunta. ¿qué quiere decir esto? Que la ley presume la renta: no puede existir empresa que no tenga utilidades, porque la ley se la presume de oficio. Eso, en base a las ventas. Es decir, si una empresa vendía 1 tonelada de cobre, inmediatamente pagaba impuesto, aunque hubiese tenido que gastar mil millones de dólares en producir esa tonelada. Por lo tanto, siempre se hubiese tenido que pagar impuestos con la ley de Pinochet.

Quien cambió este régimen tributario fue la Concertación sin discusión alguna. Ni en la prensa, ni en la radio, ni en la tv, ni en el parlamento. Pasó sin que nadie se diera cuenta. ¿Qué significa pasar de renta presunta a renta efectiva? Significa que si existen utilidades (ganancias), se paga impuesto a la renta, si no existen, no se paga.

Las empresas mineras desde el año 90 en adelante nunca declararon utilidades. Y eso está comprobado: el año 2004 cuando el SII presentó en el senado los impuestos pagados por las empresas extranjeras, todas, excepto una, no habían pagado ni un solo peso en impuestos, ¡ni un solo peso!. Y además tenían pérdidas tributarias acumuladas de U$2700 millones, lo que quiere decir que si en los años posteriores estas mineras tenían utilidades, tampoco iban a pagar impuesto pues las utilidades irían a cubrir las pérdidas de años anteriores.

Se llevaron desde el 90 hasta el 2003 alrededor de 30 millones de toneladas de cobre, que al precio actual del cobre es más de 200 mil millones de dólares. Por eso no pagaron ni un peso.

En su opinión como economista y militante del PS ¿Tuvo la Concertación una peor administración del patrimonio nacional que la dictadura?

No fueron peores que la dictadura. Fueron lo peor que ha existido en la historia de Chile. Lo que hizo la Concertación con el cobre, no ha existido en la historia de Chile algo peor. Ni siquiera la pérdida del Salitre, es tan grave como lo que se perdió con las políticas de la Concertación. Peor que la Concertación, en la minería de Chile, no existe en la historia.

Es más, la modificación a la ley tributaria no aparecía en el programa presidencial de Aylwin, ni en ninguno de los programas de los partidos de la Concertación. Sin embargo se hizo igual. Imagínese el poder de la mafia que hay detrás de la desnacionalización del cobre, que lograron cambiar las leyes sin que se haya enterado el parlamento.

La maquinaria tras la privatización comprende el silencio y secreto. Por eso, todo lo que nosotros decimos de la inversión extranjera, jamás aparecerá en el Mercurio o la Tercera, ni en la tv. Porque la organización es tan poderosa y tiene tanto dinero, que con el 1% de lo que no paga en impuesto, pueden pagar a miles de personas sueldos muy grandes, que no se pagan directamente como sobornos, sino como asesorías. Asesorías que en fin, no sirven para nada, pero son utilizadas como pagos de soborno. Más encima, como son gastos van en disminución de las posibles utilidades que debería pagar la empresa. Los sobornos los pagamos todos los chilenos, a abogados, políticos, asesores, etc.

¿Existe en otros países lo que sucede en Chile?

Hace 2 meses fui invitado a un foro a Colombia, sobre regalías mineras. Mi sorpresa fue grande al enterarme que no existe en América Latina, un país que esté peor que Chile en cuanto a regalías mineras. Colombia incluso, un país considerado como de extrema derecha, cobra regalías de un 50% por el petróleo, del valor sacado desde el pozo, además la mayor parte de esas regalías van a los lugares en donde se extrae. Chile puede ser comparable con Argentina, que con Menem dio una invariabilidad tributaria a las mineras por 30 años. Entre Chile y Argentina disputamos el puesto de país más subyugado al capital internacional en América Latina.

¿En que condiciones se encuentra el cobre con la administración de Piñera?

Se ha visto tremendamente afectado, porque se ha comprobado que Codelco perdió U$1042 millones en los mercados de futuro del cobre. Son los mismos mercados donde Juan Pablo Dávila perdió alrededor de U$170 millones y por eso lo metieron preso. Y sin embargo, estos pierden U$1042 millones, a lo que hay que sumar U$2600 millones pasados al balance como pérdidas factibles de ocurrir para los años 2011-2012. Cuando se pierden millones de dólares en los mercados del futuro como Dávila, no ocurre porque quienes están allí son ignorantes o incapaces, o porque no conocen el mercado, sino que pierden en favor de determinados operadores de esos mercados, a favor de determinadas empresas. Eso no es algo exclusivo de Codelco, también lo hacen las mineras privadas traspasando utilidades a esos mercados, a empresas relacionadas para no pagar impuestos sobre las utilidades.

Lo que quiere hacer el actual directorio de Codelco es destruirlo por dentro, para después decir que Codelco no sirve, está en peligro y más vale privatizarlo antes que se destruya completamente la empresa. Los directorios de Codelco de los últimos 20 años los han ocupado personas que vienen de las mineras extranjeras. Como es muy difícil privatizar Codelco por el alto quórum que requiere una modificación constitucional, lo van destruyendo por dentro o lo tratan de privatizar por partes, así como se ha hecho en gobiernos de la Concertación que privatizaron el fuerte de Ventanas, termoeléctrica Castilla, Guacolda y ha entregado centenas de miles de hectáreas de Codelco gratuitamente.

La privatización es un proyecto de la Concertación, no de la dictadura y que ahora es acelerado por el gobierno de Piñera

¿Qué ventajas tiene la aplicación del Royalty?

Eso es parte del cerco comunicacional. Las mafias no engañan solo al pueblo chileno, sino también a los parlamentarios. Cuando Lagos hace este Royalty (Ley 20.026) se difundió por todos los medios que por fin somos un país importante porque conseguimos que las empresas paguen más que antes. Y lo que pasa en realidad es que con el Royalty pagan menos. En el DL 600, existe lo que se llama invariabilidad tributaria, que se trata de favorecer a las empresas para no cambiarle condiciones tributarias. Eso tiene un costo que se paga a través del aumento del impuesto a la renta. Si el impuesto de la renta, adicional a la renta es de un 35%, con Pinochet era de 49.5% y la Concertación lo bajó el año 1992 a 42% (pagaban un 7% más). Pero esto no tenía mucho sentido, pues si las empresas declaraban siempre pérdidas, daba lo mismo pues no pagaban impuesto.

Esto cambia en los años venideros, cuando el precio del cobre se dispara (2004) y las empresas no pueden ocultar sus utilidades. Tras ello viene el Royalty de Lagos: para cobrar el 4% del Royalty, Lagos les bajó el impuesto a la renta de un 42% a un 35%. 35 más 4, equivale a un 39%, frente a un 42% que pagaban antes. Se les bajó el impuesto. Además, el Estado les dio un crédito de 50% los años 2006-2007 de un 50% del impuesto de primera categoría, por lo que pagaron no un 39%, sino un 37%.

Chile perdió en solo 2 años más de 1500 millones de dólares por la rebaja del Royalty. Con el aumento de Piñera, las empresas estarían pagando 41% de impuesto, mientras que con Pinochet pagaba 49.5%. Y hasta el 2005, 42%. Con el Royalty pagan menos.

¿Qué otro hecho, como esta expoliación, ocurre en Chile actualmente?

La expoliación está basada principalmente en la inversión extranjera. El hecho que exista inversión extranjera en los recursos naturales es una expoliación en sí. No se debe permitir en ningún país de América latina la inversión extranjera en minería. Que vengan a crear industrias de cualquier tipo, pero invertir en los recursos naturales, de ninguna forma se debe permitir. Eso es traición a la patria.

Vean lo que ocurrió con los hidrocarburos en el gobierno de Bachelet, a través de su ministra de minería y energía Karen Poniachik. Que Pinochet haya dejado explícito en la Constitución que los hidrocarburos no pueden ser explotados por otro que el Estado de Chile, no significó nada pues entregaron a través de la ministra derechos de exploración y de explotación en el petróleo y el gas a empresas extranjeras. Esos derechos entregados por decreto por el gobierno son nulos, inconstitucionales. Pero hay que pedir la nulidad a través de los tribunales de justicia.

¿Qué es lo que debemos exigir hoy?

Lo que se debe exigir es la renacionalización de la gran minería del cobre. Y eso se puede hacer con un simple decreto del presidente de la república. Esa es una reforma constitucional que hizo Allende a la Constitución del 25, y que la Constitución del 80 de Pinochet conserva. Esa reforma permite que el Presidente de la República nacionalice las empresas de la gran minería cuando estime conveniente. No necesitamos una ley, ni tampoco modificar la Constitución. Para ello se necesita tener un Presidente de Chile, un chileno, que tenga inteligencia y coraje para hacerlo, porque no hay ningún impedimento jurídico nacional ni internacional que lo impida. Eso se puede hacer sin pagar un solo peso de indemnización por los yacimientos, pues son de Chile. Lo que vale la nacionalización, son las instalaciones que están sobre las minas, y para eso sobra plata.
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Tomado de http://www.clarinet.cl
Por Manuel Riesco

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    Chile va a renacionalizar el cobre. Es inevitable y sucederá antes de lo que se piensa. Es lo que han venido haciendo, en mayor o menor medida y de una u otra manera, casi todos los países ricos en recursos naturales, a lo largo de los últimos años, en lo que la prensa internacional ha dado en llamar el “nacionalismo de recursos.” Ciertamente, la principal experiencia a la que el país va a recurrir cuando adopte esta medida, es la nacionalización aprobada unánimemente por el Congreso en 1971, bajo la presidencia de Salvador Allende.

Adicionalmente, la experiencia internacional reciente ofrece buenas ideas acerca de como proceder, para diseñar una política que recupere para el Estado la totalidad de la renta de sus recursos naturales. Así lo recomiendan la sana doctrina económica y el interés nacional.
En 1971, el Estado chileno nacionalizó las riquezas del subsuelo, las que pasaron a propiedad “intransferible e inalienable” del Estado, como establece todavía hoy la Constitución.

Adicionalmente, se nacionalizaron las empresas de la Gran Minería, estadounidenses todas ellas.
Se fijó una indemnización, equivalente al valor de sus activos – sin considerar los yacimientos mismos -, valor del cual se descontaron las “utilidades excesivas,” obtenidas por las mismas empresas en años anteriores. Éstas se estimaron como el excedente por sobre el promedio mundial de rentabilidad de las empresas de tamaño equivalente, en el mismo período.

En otras palabras, se descontó exactamente la renta de los minerales, respetándose escrupulosamente la ganancia capitalista media obtenida por estas empresas en el pasado. Desde luego, dichas “utilidades excesivas,” es decir, la renta apropiada por estas empresas, resultó muy superior al valor de los activos de las mismas y por lo tanto, no se pagó indemnización alguna. Las empresas nacionalizadas conformaron posteriormente CODELCO, que ha sido desde entonces un pilar fundamental del desarrollo nacional y del financiamiento del fisco, aparte de la única herramienta efectiva para capturar la renta de los minerales.

El procedimiento es claro y se puede aplicar de nuevo. Las grandes mineras privadas se han venido apropiando, cada uno de los últimos siete años, excedentes del mismo orden de magnitud del total de sus inversiones precedentes; es decir, las han recuperado siete veces, sin considerar los excedentes retirados en años anteriores. De este modo, sus activos distintos al yacimiento, el que pertenece al Estado, se han requetepagado con la renta apropiada.

Con las operaciones renacionalizadas de este modo, CODELCO se transformaría de un golpe en una de las principales empresas del mundo. La aplicación de una política nacional de refinación y elaboración del cobre y compra local de insumos, permitiría re industrializar el país y hacer depender su economía en lo sucesivo, no de la caprichosa renta de los minerales, sino del valor agregado por el trabajo estable y digno de sus ciudadanas y ciudadanos y la creatividad e innovación de sus auténticos empresarios.

El Estado recuperaría una renta anual que equivale a más de la mitad de la actual recaudación tributaria total – IVA incluido -, lo que permitiría atender las innumerables deudas sociales acumuladas desde el golpe de 1973. Se podría corregir asimismo la madre de todas las desigualdades, que es la apropiación de la renta del cobre por parte de un puñado de empresas privadas, casi todas extranjeras.

Más importante quizás que todo lo anterior, se cortaría de un solo tajo, el nudo gordiano de la hegemonía que ejerce sobre la sociedad chilena, un ínfimo y segregado grupo, que se ha apropiado en exclusiva de los riquísimos recursos naturales del país y vive principalmente de su renta.

Su conveniencia para el país y la ciudadanía – con la única excepción de los grandes rentistas – es de tal significación, que la renacionalización completa del cobre tendrá lugar de una forma u otra. Ella requiere, sin embargo, un cambio político de envergadura: un reemplazo del bloque en el poder, puesto que el actual está hegemonizado sin contrapesos por los grandes rentistas. Ello es mucho más que un simple recambio de alianzas políticas en el gobierno. Se gestará desde una altura todavía mayor, de la movilización ciudadana que el país ha visto levantarse en años recientes. Seguramente, se expresará mediante una alianza política entre los actuales partidos opositores, pero con un nuevo contenido hegemónico.

Todo ello dificilmente sucederá en el próximo gobierno, aunque éste puede abrir los cauces institucionales por los cuales pueda cursar. Sin embargo, en el cobre, las cosas no pueden dejarse sencillamente como están. La política minera actual es aberrante y cambiarla resulta imperioso. La experiencia internacional reciente señala que existen diversos pasos intermedios en el camino a una nacionalización completa. Quizás, un eventual gobierno de Michelle Bachelet podría inspirarse en la nueva política de recursos que la Presidenta Dilma Rousseff, ha implementado recién en su país.

Brasil procedió a renacionalizar el 2009, sus recién descubiertas riquezas petroleras submarinas. Éstas duplicarán su extracción actual y lo convertirán en el quinto productor mundial. Para ello deberán vencer enormes dificultades técnicas para extraerlo sin dañar el medio ambiente, desde hasta 7 kilómetros bajo el nivel del mar, a través de una capa inestable de sal que en algunos puntos supera los dos kilómetros de espesor.

Ello es posible. También lo es, asegurar que dicho tesoro sea una bendición para el país.
El Presidente Lula embadurnó sus manos en el primer chorro de petróleo extraído el 2008 desde estos yacimientos. Recordaba así el gesto del Presidente Getulio Vargas, que hace medio siglo creó Petrobras bajo la consigna “El Petróleo es Nuestro.” Acto seguido, Lula impuso sus manos untadas sobre el overol de su entonces jefa de ministros, que estaba a su lado. De este modo, le entregó una suerte de condecoración y traspaso simbólico del mando, a la actual Presidenta Dilma Rousseff, a quién encargo el diseño de una nueva política de recursos naturales.

Ésta fue aprobada un año después por el Congreso y vino a reemplazar el sistema de concesiones vigente desde 1997, que permitía la extracción de petróleo por parte de empresas privadas, el que a su vez había reemplazado el monopolio estatal establecido por Vargas. Con todo, el sistema brasileño de concesiones era mucho mas favorable para el país que el chileno, que regala los recursos sin cobro. El esquema de 1997 operaba sobre paños licitados y se complementaba con el cobro de considerables royalties.

En el nuevo esquema, Petrobras – que a su turno fue renacionalizado en buena parte, como se verá -, recuperó el monopolio de la extracción. Sin embargo, puede compartir parte del petróleo extraído, con socios privados que aporten capital a las nuevas operaciones.

La nueva política se inspiró en el ejemplo de Noruega. Se concretó en cuatro leyes, aprobadas el 2009, las que establecen una nueva empresa estatal que es la propietaria de los yacimientos y administra todo el esquema, un fondo con fines sociales que manejará los excedentes, los consorcios que explotarán los nuevos yacimientos mediante “acuerdos de producción compartida” y, la asignación de 5 mil millones de barriles de petróleo de las nuevas reservas, para capitalizar Petrobras, que fue el mecanismo utilizado para re nacionalizar esta última.

La nueva empresa, íntegramente estatal, propietaria de los yacimientos, participará en los nuevos consorcios explotadores, con un mínimo de quince por ciento de la propiedad y tendrá adicionalmente derecho a veto en todas las materias, incluido el nivel de producción y las políticas de abastecimiento de insumos.

Petrobras, tendrá el monopolio de la extracción, formando para ello consorcios, en los cuales tendrá un mínimo de 30 por ciento de la propiedad, aparte del 15 por ciento de la nueva propietaria estatal de los yacimientos. Se admitirán socios privados, los cuales podrán inscribir en sus activos, parte de las reservas de petróleo de los nuevos yacimientos, el que será extraído y comercializado por Petrobras. Ello permitirá a estos socios obtener financiamiento a cambio de dichos activos – en eso consisten los “acuerdos de producción compartida”.

La re nacionalización parcial de Petrobras, se efectuó mediante la mayor oferta pública de acciones – una “OPA,” como denominan estos aumentos de capital en jerga financiera – de que existan registros. Totalizó más de 70.000 millones de dólares, de la cual el Estado brasileño suscribió 43.000 millones de dólares, aportando los 5 mil millones de barriles de los nuevas reservas, valorizados a precios de mercado. De este modo, el Estado subió su participación en Petrobras, de 40 por ciento a 45 por ciento, “licuando” en parte a los demás accionistas, todos los cuales son socios menores y varios de ellos son asimismo fondos o instituciones estatales.

El esquema ha sido un éxito rotundo. La monumental “OPA” de Petrobras tuvo el doble de interesados que las acciones ofrecidas. Por otra parte, más de 70 empresas internacionales, entre ellas todas las mayores, postularon para asociarse con Petrobras, en el primer llamado a constituir uno de los nuevos consorcios con “acuerdos de producción compartida.” Por cierto, aunque inicialmente muchos pusieron el grito en el cielo, nadie ha reclamado por esta notable manifestación de “nacionalismo de recursos.”

Adicionalmente, desde luego, los consorcios quedan sometidos a un esquema de royalties, el cual está diseñado de modo que se incrementa cuando el precio sube, capturando de ese modo una parte adicional de la renta minera. Dichos royalties serán compartidos por todos los estados y municipios del país, con preferencia aquellos donde se encuentran los yacimientos – aunque no tanto como éstos quisieran, lo que ha dado origen a un fuerte polémica reciente.

Por otra parte, la Presidenta Rousseff ha propuesto que la totalidad de dichos royalties se destine a educación, lo que elevaría el presupuesto público respectivo desde 5,7 por ciento del PIB en la actualidad, a 10 por ciento el 2020: “Es nuestro pasaporte para terminar con la lacra de la desigualdad” – ha declarado la mandataria brasileña.

El esquema anterior, se complementa con una política de abastecimiento local de insumos y procesamiento de los recursos, que alcanza niveles espectaculares. En el caso de Petrobras, su presupuesto de inversiones para los próximos cinco años alcanza a 225 mil millones de dólares – equivalente al PIB chileno completo y el mayor de cualquier empresa a nivel mundial – e incluye, por ejemplo, la construcción del doble de barcos que los que posee la marina británica. Al menos un 65 por ciento de dicho presupuesto será abastecido por la industria brasileña.

En el caso de la minería chilena, lo primero que debería considerar un eventual nuevo gobierno de la oposición, es la derogación inmediata del infame articulado de “concesiones plenas,” introducido en la constitución de 1981 por José Piñera. El mismo contradice de modo flagrante el carácter “inalienable e intransferible” de la propiedad estatal sobre las riquezas del subsuelo, establecido en el artículo precedente de la constitución vigente.

Utilizando dicho esquema de “concesiones plenas,” un puñado de grandes consorcios rentistas privados, en su mayoría extranjeros, han declarado pertenencias mineras sobre mas de 28 millones de hectáreas, equivalentes a un 40 por ciento el territorio nacional – CODELCO posee pertenencias sobre poco más de dos millones de hectáreas. No pagaron ni un peso por su adjudicación. Para conservarlas abonan patentes por el equivalente a un dólar por hectárea al año.
Son indefinidas, transferibles y hereditarias. Para remate, si el Estado quiere recuperar esta propiedad suya “inalienable e intransferible,” debe pagar a sus actuales detentadores, el valor total de las reservas que eventualmente hubiesen descubierto en ellas.

Las “concesiones plenas” constituyen un esquema grotesco, son inconstitucionales, antinacionales, fueron impuestas por la dictadura y deben ser derogadas cuanto antes. Acto seguido, quizás, puede considerarse un esquema similar al brasileño.

Todas las pertenencias mineras pueden pasar a propiedad de una nueva empresa, cien por ciento estatal, encargada de administrar el nuevo esquema, participando en la propiedad de cualquier consorcio que explote dichos minerales y ejerciendo derecho de veto sobre los niveles de producción y políticas de abastecimiento de insumos de los mismos, entre otras materias.

En el caso del cobre y otros minerales, CODELCO – que felizmente se mantiene cien por ciento estatal – puede asumir la exclusividad de su explotación. Sin embargo, al menos para el caso de las grandes minas actualmente de propiedad de empresas privadas, CODELCO puede establecer consorcios con “acuerdos de producción compartida,” al estilo de los brasileños. Las empresas que actualmente los explotan – Anglo Sur o Escondida, por ejemplo -, pueden hacer aumentos de capital, “OPAS,” de las cuales CODELCO suscribiría una parte mayoritaria, aportando parte de las reservas, las cuales a su vez el Estado aportaría a CODELCO como aumento de capital.

La nueva empresa estatal propietaria de las reservas participaría asimismo en la propiedad de la misma, en la cual podría ejercer su respectivo derecho a veto.

De este modo, las empresas que actualmente son propietarias de dichas operaciones mineras, puede permanecer como socias del Estado chileno en las mismas. Aunque perderían la propiedad virtual sobre los yacimientos, que hoy detentan en virtud de las infames “concesiones plenas” de José Piñera, y también sobre los minerales extraídos – CODELCO sería el operador y comercializador exclusivo, igual que en Brasil -, igualmente dichas empresas podrían consignar en sus activos parte del mineral extraído, en virtud de los “acuerdos de producción compartida.”

En el caso del salitre y yodo, así como en el hierro, un esquema similar puede permitir la re nacionalización de SOQUIMICH y CAP, respectivamente. Ambas empresas eran estatales, y fueron apropiadas de modo escandaloso por los mismos funcionarios – uno de ellos yerno de Pinochet – encargados de su privatización, en las postrimerías de la dictadura.

La política anterior debería complementarse con normas de abastecimiento de insumos y refinación de minerales y procesamiento de cobre en el país, que permitirá la re industrialización de la economía chilena.

Cuando el Presidente Lula presentó su nueva política de recursos naturales al Congreso, declaró que se trataba de la “Segunda Independencia” del Brasil. Recordó así al Presidente Allende, que proclamó la segunda independencia de Chile, cuando nacionalizó los recursos en 1971, con la aprobación unánime de un congreso dominado por sus encarnizados opositores.

Es hora que una nueva mandataria o mandatario, proclame con razón la “Tercera Independencia de Chile.

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