La renacionalización del cobre es la tarea patriótica que se perfila en el horizonte.

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La nacionalización traicionada

En diciembre de 1970, en el mensaje enviado al Congreso para nacionalizar la gran minería del cobre, el presidente Salvador Allende constataba los niveles increíbles de falta de informaciónón del país en torno al cobre, a su explotación y a su significado. Casi cuarenta años después -tanto con dictadura como con gobiernos democráticos- esa desinformación continúa, porque conviene a los intereses de las transnacionales mineras que intervienen en la explotación y aprovechamiento de los yacimientos de cobre.

La nacionalización del cobre, en julio de 1971, fue la principal medida económica y de cambio estructural del gobierno de Salvador Allende. Para muchos especialistas constituye la principal medida económica adoptada en Chile en el siglo XX.

El cobre fue tema central en la vida política de Allende. Estuvo presente en todas sus campañas presidenciales.

La nacionalización constituyó un éxito histórico. En el peróodo posterior, Codelco se ha convertido en una de las empresas más importantes del mundo, con cuyos excedentes desde la nacionalización, de sesenta mil millones de dólares, Chile ha financiado infraestructura, gasto social y hasta armamento y equipos para las FF.AA. Manejada por técnicos chilenos, pasó a ser una empresa de alta eficiencia y tomó en sus manos la comercialización de una producción cuyo valor al momento de ser nacionalizada representaba el 70 por ciento de las exportaciones chilenas.

Sin embargo, y debido al golpe militar y sus secuelas y a la pasividad de los gobiernos de la Concertación, no se convirtió en el centro y motor de la economía, como era la idea original, dinamizando investigación, avance tecnológico, empresas encadenadas y crecientes grados de agregación de valor mediante manufactura del cobre y metales asociados y/o derivados de la explotación.

A partir de los años 90 la penetración de las transnacionales se hizo abrumadora. A la fecha, más de dos tercios de la producción de la gran minería proviene de empresas cupríferas privadas -casi todas transnacionales- que han obtenido enormes ganancias. Sin embargo, produciendo dos veces más que Codelco, pagan menos impuestos que la empresa estatal. Incluso se las arreglan para evadirlos. En estos momentos el Servicio de Impuestos Internos investiga a las mineras que declararon y pagaron un veinte por ciento menos de impuestos que el año 2006.

Uno de los objetivos del golpe militar de 1973 fue recuperar el favor de las compañías norteamericanas del cobre y del gobierno presidido por Richard Nixon. En este afán de normalización (y pago de favores conspirativos) se indemnizó a las cupríferas norteamericanas (Anaconda, Kennecott y Cerro Corporation) con varios cientos de millones de dólares. Se vulneró el proceso de nacionalización que había aprobado unánimemente el Congreso en 1971, conforme al cual ni Anaconda ni Kennecott recibieron en su oportunidad pago por la expropiación, debido a rentabilidades excesivas que fueron descontadas del valor de los activos. Estimando utilidades normales hasta de un 12 por ciento, esas empresas norteamericanas las habían excedido ampliamente: Braden (filial de Kennecott) había tenido un promedio anual, entre 1955 y 1970, de 52 por ciento en el conjunto de sus negocios y Anaconda una utilidad media del 21,5 por ciento, en igual período.

Junto con cancelar indemnizaciones a gusto de las compañías, la Junta Militar decidió estimular aún más la inversión extranjera, mediante el Decreto Ley 600 que otorgó privilegios y granjerías que sólo podrían haberse establecido en dictadura, por no existir posibilidad de crítica ni menos de oposición. Sin embargo, ni el pago de indemnización a las empresas mineras norteamericanas ni el nuevo Estatuto del Inversionista Extranjero (DL 600) lograron la anhelada afluencia de capitales foráneos.

Apelando a la memoria

Con la nacionalización del cobre durante el gobierno de Salvador Allende culminó una lucha que se había prolongado por decenios. Se había generalizado la conciencia de que la acción de las compañías norteamericanas que controlaban el cobre era nefasta para Chile. Con un aporte inicial de solamente treinta millones de dólares se habían llevado del país más de 4 mil millones de dólares. Su gravitación en la economia nacional limitaba la soberanía de Chile a tal punto, que en varias ocasiones las compañías y el gobierno estadounidense habían fijado al cobre chileno precios inferiores a los del mercado mundial, como ayuda a Estados Unidos durante la segunda guerra mundial y en los conflictos de Corea y Vietnam.

Las empresas no sólo habían obtenido utilidades muy superiores a las normales en materia minera, sino habían intervenido también en maniobras políticas para impedir el avance de la Izquierda. En los procesos de chilenización y nacionalización pactada, logrados con el presidente Eduardo Frei Montalva, se habían beneficiado preferentemente las empresas. En esas formas de asociación, las compañías terminaron ganando más que cuando actuaban solas, sin tener de socio al Estado chileno. Así, en el caso de El Teniente, Kennecott a través de su filial Braden Copper, con el 100 por ciento de las acciones había obtenido una utilidad promedio entre 1960-1964 de 12 millones de dólares anuales. Desde 1964 a 1968, con el 49 por ciento de las acciones, Braden obtuvo 26 millones de dólares anuales de ganancia. Anaconda (Chuquicamata, El Salvador, Exótica) entre 1960 y 1968 ganó 45 millones de dólares en promedio anual, y entre 1969 y 1970 casi 82 millones de dólares anuales. A pesar de la asociación, las empresas siguieron manejadas por ejecutivos norteamericanos y controlando ventas y adquisiciones.

La operación de las minas, al acercarse la posibilidad de una nacionalización -como era evidente desde hacía un par de años, ya que dos de los tres candidatos a las elecciones presidenciales de 1970 se habían comprometido a abordarla-, empezó a desviarse. Había que obtener las mayores ganancias en el más breve plazo. Para ello se empezaron a “florear” las minas, es decir, a explotar las zonas de más alta mineralización, aunque ello dañara la explotación futura. Se dejaron de hacer obras indispensables para los planes de expansión o no se corrigieron las que estaban defectuosas.

Al consumarse la nacionalización en 1971, los técnicos chilenos se encontraron ante una situación grave, que fue confirmada por informes técnicos de consultores de especial calificación. A ellos se agregaba el retiro de especialistas extranjeros y chilenos, estimulados por las empresas que abandonaban el país, y la oposición de elementos contrarios al gobierno -especialmente supervisores-, que llegaron incluso a intentos de sabotaje.

Todos los obstáculos fueron superados. Trabajadores y técnicos chilenos se abocaron a una tarea que se vio como un compromiso de la nación. Las minas funcionaron mejor que antes. En tres años, la producción aumentó en un 14%, mientras en los tres anteriores había crecido solamente en un 4,2%. Un nuevo clima laboral favoreció la participación e incluso el trabajo voluntario -muy inusitado en actividades dominadas por el economicismo promovido por las empresas-.

En medio de crecientes dificultades derivadas del bloqueo norteamericano a repuestos e insumos, y en un clima político cada vez más enrarecido, los minerales se mantuvieron en actividad desafiando huelgas de transporte y acciones de sabotaje a oleoductos y línea eléctricas. Fue una verdadera gesta que involucró al conjunto de los trabajadores, incluyendo a muchos que no seguían a los partidos de la Unidad Popular. Fue una hazaña unitaria y patriótica que explica, también, que la Caravana de la Muerte que recorrió el norte en octubre de 1973 haya asesinado en forma especialmente cruel a ejecutivos y dirigentes sindicales de El Salvador y Chuquicamata.

La nacionalización del gobierno de la Unidad Popular se visualizaba como parte de un proyecto de largo plazo. Se nacionalizaban las empresas existentes, pero al mismo tiempo se reafirmaba el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas por parte del Estado. Eso significaba que respecto de los yacimientos que se explotaran en el futuro, el Estado podía actuar directamente o bien podría entregarlos en concesión, bajo ciertas y determinadas condiciones y plazos, a empresas privadas cuyos planes se integraran al proyecto general de desarrollo de la gran minería como clave de la economía chilena en transición al socialismo. Todo eso quedó inconcluso. Y lo que es peor, fue distorsionado y reemplazado por el predominio de las transnacionales.

La dictadura y la Concertación en el cobre

A pesar de sus esfuerzos, la dictadura no consiguió inversiones significativas en el cobre. Con una excepción, que explica la mayor parte de los 2 mil 400 millones que llegaron a la minería en los diecisiete años de Pinochet. Esa excepción fue la empresa Exxon, que adquirió Disputada, que había sido comprada antes del golpe por la Empresa Nacional de Minería (Enami) a Peñarroya, transnacional francesa. Exxon hizo un ambicioso plan de expansión y elevó considerablemente la producción. Fue la propietaria, durante 22 años, hasta 2002, de Disputada y no pagó nunca impuestos. Nunca. Finalmente, vendió la empresa y el yacimiento a la transnacional anglosudafricana Anglo American en mil 300 millones de dólares.

Aprovechando las disposiciones del DL 600, Exxon durante su gestión aceleró las amortizaciones -lo que permite postergar los impuestos, lo que en los hechos equivale a un préstamo sin intereses que le hace el Fisco- y, además, obtuvo financiamiento con créditos obtenidos en bancos ligados a su casa matriz, que cobraron intereses más altos que la tasa normal y cuyo servicio hizo desaparecer las utilidades, y con ello no hubo impuestos que pagar.

Con todo, la inversión de Exxon fue la excepción. Las transnacionales no querían negocios con Pinochet. Sobre todo por la incertidumbre en que quedarían sus privilegios en caso de un cambio de gobierno. Por ello, la oportunidad se les dio con la dictación de la Constitución de 1980. Repitió la norma sobre el dominio patrimonial del Estado sobre las minas, pero en la Ley Orgánica Constitucional Minera se estableció el derecho real de concesión que, en los hechos, es un verdadero derecho de propiedad, tan absoluto, que sustituye al dominio del Estado sobre las minas. Es transferible, transmisible por herencia, indefinido en el tiempo -a menos que se agote el yacimiento-, imprescriptible y, virtualmente, a salvo de expropiaciones, ya que exige el pago anticipado al concesionario del valor actual del mineral del yacimiento, como si hubiera sido explotado hasta su agotamiento.

La duración indefinida de la concesión es una anomalía que muy pocos países conservan. En América Latina sólo dos o tres; lo general es que las concesiones duren entre 20 y 25 años. Otra anomalía es que en Chile no existe royalty -porque a lo que se llama eso es un simple impuesto sobre utilidades-, un derecho que debe el concesionario sobre el valor de la producción, como pago por el uso del recurso natural no renovable.

Con esas garantías y con el cambio a un gobierno democrático los capitales de las transnacionales comenzaron a afluir. Si en 1980 el 94 por ciento de la producción de cobre correspondía a Codelco y a la otra empresa estatal, Enami, en 1990 el 84 por ciento correspondía a Codelco más Enami, y habia bajado al 35 en 2000 y al 31 por ciento en 2007. El 69 por ciento restante corresponde a la producción de las transnacionales. Producción que, por lo demás, está constituida en parte muy importante, virtualmente más del 50 por ciento, por concentrados, que es la forma más primitiva de obtención de cobre, con un contenido de solamente un 30 por ciento de fino, lo que hace que más de dos tercios del material sea tierra y piedra chancada, lo que favorece, además, a las fundiciones del exterior y al transporte marítimo, que a menudo es controlado por los conglomerados transnacionales.

El saqueo

Diversos investigadores han dimensionado la magnitud del saqueo que significa la actuación transnacional en el cobre. Orlando Caputo y Graciela Galarce, Hugo Fazio, Manuel Riesco, Julián Alcayaga, Jorge Lavandero y otros, han hecho aportes significativos. Uno de los principales fue la estimación de la pérdida que significó para Chile la exportación de cobre producido por las transnacionales en volúmenes que excedieron largamente a la demanda, y con ello provocaron una fuerte caída de precios. Representó una pérdida para Chile de más de 10 mil millones de dólares, que comenzó a ser revertida cuando Codelco anunció que restringiría su producción. En todo caso, las empresas no perdieron como lo hizo Chile, ya que vendían cobre a precio bajo a sus fundiciones y refinerías: así recuperaban la pérdida en el precio final del metal procesado y en los subproductos.

Fazio fijó la atención en las rentabilidades excesivas de Escondida. “El año 2007, la rentabilidad de Minera Escondida sobre su patrimonio fue de 165,89 por ciento. En 2006 alcanzó a 190,03 por ciento, o sea, en sólo dos años obtuvo el equivalente de más de dos veces y media la inversión realizada, que por lo demás, desde que se inició el boom en el precio del cobre, ya había recuperado”. Manuel Riesco ha destacado que las utilidades de las transnacionales fueron de más de 9 mil millones de dólares a 2005 y de casi 20 mil millones al año siguiente. Ello significa que en sólo dos años, las mineras privadas recibieron utilidades que superan el total de las inversiones extranjeras directas (IED) en la minería chilena desde 1974 a 2006.

Conclusión

El cobre vive bajo una amenaza que tiende a agravarse por la docilidad de los gobiernos frente al poder de las transnacionales. Chile tiene todavía, como riqueza inmensa, un tercio de la reserva mundial de cobre, que deberia estar al servicio de su pueblo. Codelco está también en permanente riesgo de privatización y debe ser defendida a pesar de sus defectos, que deben corregirse. La renacionalización del cobre es la tarea patriótica que se perfila en el horizonte.

Entretanto, corresponde la denuncia y el esclarecimiento de la actual situación, la vigilancia ante el accionar de las transnacionales y la movilización por objetivos específicos. El control tributario, la exportación de cobre fundido y/o refinado en vez de concentrado, el establecimiento de un verdadero royalty minero, el control para evitar la sobreproducción que haga caer los precios, son algunos de esos objetivos.

El cobre para los chilenos es el imperativo, que sigue el rastro histórico del gran proyecto de Salvador Allende y la Unidad Popular y marca un rumbo soberano que no debe olvidarse.

Tomado de http://www.libertad.dm.cl
por Hernán Soto Henríquez
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La Constitución del 80 y la gran minería del Cobre

La Constitución del 80 y la gran minería del Cobre

Poco después que se promulgara la Ley Minera 18.097, que había elaborado José Piñera, que consagraba lo que se llamó la “concesión plena”, cuyo objetivo era permitir el ingreso masivo de la inversión extranjera en la minería nacional, en una columna de opinión en la Revista Hoy, en septiembre de 1983, Radomiro Tomic escribió lo siguiente:
“Hace poco, The Washington Post, principal diario de la capital norteamericana, resumió así la opinión de una de las grandes transnacionales interesadas en el cobre chileno: ‘No necesitamos esta habilidad. La Ley Minera no puede asegurarla. It is to good to be true’. (Esto es demasiado bueno para ser verdad)”.

¿Por qué las transnacionales y The Washington Post no creían que la Ley Minera pudiera asegurar y garantizar la inversión extranjera? Porque estas transnacionales, que todo lo estudian, sabían que existía en la Constitución de 1980, una disposición que invalidaba las prebendas de la ley minera.

En efecto, la Constitución de 1980, en la disposición tercera transitoria, había dejado vigente la reforma constitucional de Allende sobre la nacionalización de la gran minería del cobre. Si bien en aquella época esa disposición de la Constitución del 80 era prácticamente desconocida, y lo sigue siendo en la actualidad, no la podía desconocer un inversionista extranjero, y por ello sostenían que la Ley Minera de José Piñera “era muy bella para ser verdad”, sobre todo cuando el PDC y en general la oposición al régimen militar sostenían que cuando llegaran al poder derogarían dicha ley. Esas son precisamente las razones por la cuales, de 1983 hasta 1990, no se registraron otras inversiones extranjeras en la minería chilena, salvo Minera Escondida.

La Disposición Tercera Transitoria de la Constitución de 1980, es la norma constitucional a la que con razón temían las transnacionales mineras, puesto que ella establece: “ La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17ª transitoria de la Constitución de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución ”.

Esto significa que la gran minería del cobre, desde 1980 a la fecha, sigue rigiéndose por la Reforma Constitucional del Presidente Allende, que se encuentra en la Disposición 17ª Transitoria de la Constitución de 1925, que establece:

“Por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 N° 10° de esta Constitución Política, nacionalízanse y declaránse, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio de la nación, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre, considerándose como tales las que señala la ley, y, además, la Compañía Minera Andina.

En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior pasan al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y, además, los de sus filiales que determine el Presidente de la República.

El Estado tomará posesión material inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el Presidente de la República”.

Cuando la disposición 17ª transitoria dice: “nacionalízance y declaránse, por tanto, incorporadas al pleno dominio de la nación, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre”, ello quiere decir que la norma establece en forma genérica que todas las empresas de la Gran Minería del Cobre se encuentran nacionalizadas de pleno derecho, puesto que así lo establece la Constitución de 1925, y que la Constitución de 1980 sigue considerando nacionalizadas. La historia fidedigna de la Reforma Constitucional de la Nacionalización de la Gran Minería, aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional, es decir por la unanimidad del constituyente, confirma que la nacionalización es de pleno derecho, puesto que el Mensaje Presidencial decía: “En consecuencia, una vez que la reforma entre en vigencia, quedará ipso jure nacionalizada esta riqueza minera básica del país y se podrá tomar posesión material inmediata de los establecimientos respectivos”.

Cabe entonces la pregunta: Si la actual Constitución considera nacionalizadas las empresas que la ley señala como de la gran minería del cobre: ¿Por qué entonces dichas empresas no se encuentran en posesión plena del Estado de Chile? La razón es que se requiere un segundo paso para hacerla efectiva; que el Presidente de la República determine la oportunidad para tomar posesión de ellas, mediante la dictación de un simple decreto presidencial. Es decir, en virtud de las disposiciones constitucionales vigentes, ni siquiera es necesaria una ley para llevar a cabo la nacionalización de cualquier empresa de la gran minería del cobre.

Por esta razón, durante los años ochenta, salvo Minera Escondida, las transnacionales mineras no se atrevieron a invertir en Chile, precisamente porque estaban en perfecto conocimiento que sólo bastaba un decreto presidencial para hacer efectiva la nacionalización de cualquiera empresa de la gran minería. ¿De que se tenían que preocupar entonces las transnacionales mineras para invertir con tranquilidad en Chile? Que el pueblo chileno no eligiera nunca más un Presidente de la República que como Allende, tuviera la visión, la inteligencia y el coraje para nacionalizar cualquiera empresa de la gran minería. Hasta la fecha lo han conseguido, nunca hemos elegido un Presidente de la talla de Allende.

De nuestro punto de vista la disposición 3ª tercera transitoria de la Constitución de 1980, es la de mayor trascendencia económica de toda la Constitución, sin embargo, las transnacionales mineras han logrado hacer invisible esta disposición, porque de ella no se habla, no se discute sobre su contenido y alcance, en los cursos de Derecho Constitucional en nuestras universidades, menos aún hablarán de ella en los medios de comunicación. Si la mayor parte de los abogados chilenos no conocen los verdaderos alcances de la disposición tercera transitoria de la Constitución de 1980, menos aún la pueden conocer nuestros parlamentarios.

Finalmente, más de alguien podría argumentar que podría admitirse que la nacionalización es factible desde un punto de vista jurídico, pero financieramente ello sería imposible por la elevada indemnización que ello demandaría. Ello tampoco corresponde a los hechos y al derecho, puesto que solo se debe indemnizar las instalaciones o inversiones que han hecho estas mineras, pero no se debe indemnizar la nacionalización de los yacimientos puesto que ellos pertenecen al Estado y han sido entregados solo en concesión, y sobretodo, porque así lo dispone expresamente el inciso quinto de la letra a) de la Disposición 17º Transitoria de la Constitución de 1925, vigente en la Constitución de 1980, que dice:

“En conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del N° 10° del artículo 10 no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre yacimientos mineros. Dichos derechos serán inscritos sin otro trámite a nombre del Estado”.

El Nº 10 del art. 10 de la Constitución de 1925 decía en forma muy rotunda que: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, norma que se encuentra hoy en el inciso 6º del Nº 24 del art. 19 de la actual Constitución. Si el Estado es dueño de todas las minas, es evidente que no puede ni debe indemnizar por retomar lo que ha entregado solo en concesión. Se debe indemnizar solo las instalaciones que están sobre el yacimiento, y en consecuencia, para hacer efectiva la nacionalización de todas las empresas de la gran minería, nuestro país ya cuenta con los recursos suficientes, y con mayor razón si la indemnización se paga a 5 o 10 años plazo.

En consecuencia, para poder Renacionalizar la Gran minería del Cobre, el requisito esencial que se debe cumplir, es que los chilenos elijamos un Presidente de la República que tenga la voluntad política de querer hacerla, es decir que sea inteligente y tenga coraje.

Tomado de http://www.rsumen.cl
Por Julián Alcayaga O.
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Comercialización del Cobre como concentrado

El cobre que El cobre que exporta nuestro país, se encuentra en distintas formas, especialmente como blister, refinado o en concentrados de cobre combinado con otra serie de metales o metaloides que pueden ser oro, plata, molibdeno, renio, azufre, selenio, etc.

Esta nota se centrará sólo en lo que se refiere a la exportación de concentrados del metal rojo, factor más que importante en la economía nacional.

Se denomina concentrado el mineral de cobre procedente de la mina, que sufre todo un proceso de chancado, molienda y de flotación. En el proceso de flotación se utiliza mucho agua, y al mineral en forma de pulpa, se le agregan algunos reactivos denominados, colectores, espumantes, depresores, etc., reactivos que producen una espuma que colecta el metal deseado, además de otros que se encuentran finamente molidos y que, en este caso, se trata principalmente de cobre combinado con azufre, oro, plata, selenio, molibdeno, renio, hierro y otros. El concentrado es entonces agua mezclada con una serie de metales deseables o indeseables, y siempre debe mantener algún porcentaje de humedad para favorecer su manejo, seguridad y transporte hasta la fundición.

Las empresas que operan en Chile, principalmente extranjeras, exportaron en el año 2010 más de 6 millones de toneladas de concentrados con leyes o contenidos de cobre que varían, según la minera exportadora, entre 28% y 32% que nos da un promedio aproximado de 30% .además de metales preciosos en distintas cantidades que, para los efectos de esta nota, su PESO es despreciable

El valor del flete del concentrado de cobre es actualmente de US$ 50 por tonelada para destinos tales como China, Japón, Corea. El valor del flete de los cátodos de cobre o cobre refinado para estos mismos destinos, también vale US$ 50 por tonelada.

Hace unos años atrás existía una verdadera anarquía en las tarifas de fletes para los concentrados de cobre pagados a las empresas navieras, pudiéndose observar tarifas de fletes de US$ 150 a US$ 200 la tonelada e incluso detectándose diferencias de hasta US$ 500.000 por un flete embarcado en la misma nave, mismo productor, idéntico destino, mismo lote y mismo puerto de desembarque. Vale hacer notar que en ese entonces el valor del petróleo –factor determinante en el establecimiento de las tarifas navieras– estaba muy por debajo de los precios actuales, sin embargo, hoy se observa que las tarifas se han morigerado no obstante el alto valor alcanzado por el combustible.

Pero lo que deseamos destacar ahora es el hecho que exportar una tonelada de concentrado se paga US$ 50 por el concepto flete. Ello significa que se paga por flete US$ 167 por tonelada de cobre fino contenido en el concentrado, ya que el valor de US$ 50 es sólo por el 30% de cobre contenido en una tonelada, mientras que el flete de una tonelada de cobre refinado vale solo US$ 50. Es decir, exportar cobre en concentrado influye negativamente en los retornos por exportación de cobre, porque se paga 3 veces más por flete, que exportando cobre refinado.

Así, entonces, si el cobre tiene un valor de US$ 4,00 la libra éste no es el valor real que se pagará por el cobre vendido en calidad de concentrado dado que, de la liquidación final que hace la fundición o refinería importadora se descuenta, además, los gastos que debe incurrir ésta para obtener el cobre físico contenido en los concentrados y que no son otros que los gastos de tratamiento y refinación, rebaja del % de humedad del concentrado para llegar al peso seco y que se puede considerar, conservadoramente, que es de 8% a 9% , humedad por la que, también, se canceló flete y que, para el total exportado de 6 millones de toneladas de concentrados, este 8% de humedad significa que, en el total exportado en el año, se ha efectuado una exportación no tradicional de 480.000 metros cúbicos o toneladas de agua que alcanzaría para 104 días de consumo para una población de 31.000 habitantes ( 150 litros diarios por habitante), como es el puerto de Tocopilla, lo cual avala aún más la posición de que el país debe evitar la exportación de sus riquezas no renovables como es el cobre, en forma de concentrados.

En lo que respecta únicamente al flete, por la exportación de 6 millones de toneladas durante el año 2010, a sólo US$ 50 la tonelada, se habría cancelado un total de US$ 300 millones, que se descomponen de la siguiente manera:

30% Cobre US$ 90.000.000

35% Azufre 105.000.000 )

8% Agua 24.000.000 )

27% Otros 81.000.000 )

Como ya lo hemos dicho el azufre, agua, molibdeno, renio, etc. no son recuperables ni objeto de negociaciones, de todo lo cual resulta que las mineras productoras de cobre en forma de concentrados cancelan fletes por valor de US$ 210 millones por materias o metales “no recuperables” o “no objeto de negociaciones”, en circunstancias que la empresa nacional Molymet – que no tiene minas propias – adquiere este tipo de concentrados de cobre o molibdeno de las mineras locales, los procesa y obtiene, finalmente, de las materias “no recuperables” o “no objeto de negociación”, diversos productos metálicos en base al molibdeno y renio contenidos en esos concentrados.

Además, es importante señalar, dada la escasez permanente de agua que están sufriendo algunas regiones del país, por el elevado uso de este líquido de parte de las mineras, es que debe exigírseles a estas empresas explotadoras de yacimientos minerales, la instalación de plantas desaladoras de agua marina para el uso en sus plantas de tratamiento. Por lo menos que se haga alguna exigencia de parte del Estado.

Vimos, en el pequeño análisis lo que se paga, solamente en fletes, por concepto de agua, minerales, u otros que, según las exportadoras de concentrados, no son recuperables y, en consecuencia tampoco son objeto de negociación, y que alcanzarían una suma de US$ 210 millones o $ 100.800 millones, vale preguntarse si estos recursos minerales no renovables, si no se exportasen como concentrados sino como cobre metálico la economía estatal se vería reforzada en los montos que le correspondieren por el sólo concepto de economía en los fletes, además del no despreciable beneficio de la utilización de una mayor mano de obra y de recursos nacionales en su tratamiento y refinación. Al tratarse los concentrados de cobre en el país permitiría también la recuperación de valiosos subproductos que, hasta ahora, no es posible hacerlo por tratarse de “no recuperables “ o “no objeto de negociación

Me he referido, permanentemente, a las expresiones “no recuperables” o “ no objeto de negociación” puesto que son los pretextos que emplean las empresas mineras exportadoras para no declarar otros metales contenidos en los concentrados de cobre, como son el molibdeno, azufre, renio, etc. y cuya omisión nuestros Servicios Fiscalizadores aceptan sin más ni más.

La Resolución Nº 3392/2005 de la Dirección Nacional de Aduanas, dictada atendiendo lo acordado en el seno de la Comisión Técnica de Evasión Tributaria compuesta por el Servicio de Aduanas, Impuestos Internos y Cochilco, en su apartado 1.10.2.2 se refiere a los rangos aceptables por el Organismo Estatal en los resultados definitivos de peso y leyes de los contenidos en los concentrados de cobre pero refiriéndose solamente al cobre, oro y plata, sin importar que los referidos concentrados lleven otras pastas de elevado valor comercial y que, sin lugar a dudas, son recuperadas en el país de destino. ¡Vaya comisión técnica!

Claro está que las mineras exportadoras de concentrados de cobre se atienen, también, a lo establecido en la misma Resolución Nº 3392/2005 de la Dirección Nacional de Aduanas que resuelve sobre la obligatoriedad de declarar, solamente – en las exportaciones de concentrados de cobre – el porcentaje de cobre contenido, los grs/tonelada de oro y plata, además de todo otro elemento siempre que sea PAGABLE o PENALIZABLE. Razón por la que, las empresas mineras entienden que el molibdeno, renio, platino, azufre u otros no deben declararse a la salida del país, ya que no son pagables ni penalizables porque no serían “objeto de negociación entre vendedor y comprador .sin importar (?) si éstos tienen un real valor comercial o no. Lo dicho con anterioridad denota vacíos en las instrucciones operativas del Servicio de Aduanas en este tipo de exportaciones.

¿Qué dice el Servicio de Aduanas, Impuestos Internos y Cochilco sobre esta materia ? ¿No existe en estos Servicios siquiera un funcionario acucioso que analice estas cuestiones o están impedidos de hacerlo por “el más alto interés del Estado” o algo más misterioso aún sin importarles que, dejar hacer, en el caso de la exportación de concentrados de cobre que tienen contenidos metálicos de alto valor y éstos no son declarados a la salida del país, los convierte en cómplices del delito de contrabando impropio sancionado por la ley?

Tomado de http://www.elciudadano.cl
Por Rolando Castillo

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