Masacre de El Charco: el objetivo, aplastar la rebeldía indígena

La masacre del 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla, Guerrero, no fue el único hecho violento en la región. En realidad, las comunidades na’saavi y me’phaa venían sufriendo una violencia sistemática generalizada que, si bien se remontaba a la época colonial, se había agudizado en las útimas décadas con la Guerra Sucia.

Con total impunidad, militares, empresarios y gobernantes habían hecho de la región una tierra de saqueo. Podían ir a tomar lo que quisieran. Constantemente recorrían las comunidades para asaltar mujeres, incluso niñas de 14 años, a quienes violaban y golpeaban antes de abandonar en los caminos terregosos. Tomaban también, casi por diversión y para amedrentar a los pueblos, las cosechas de maíz, las de jamaica y destruían trapiches y cañaverales de azúcar. Las esporádicas denuncias eran objeto de burlas. Y quien denunciaba podía terminar golpeado, asesinado o desaparecido. Cientos o acaso miles de víctimas no lograon contar su historia fuera de sus pueblos.

La organización “fue una necesidad”, señala Efrén Cortés Chávez, sobreviviente a la masacre de El Charco, a la tortura y al encierro en cárceles de máxima seguridad, acusado de rebelión y acopio de armas, entre otros delitos.

Al organizarse, las comundades impideron entonces el ingreso de militares y guardias blancas a sus territorios. Habían tomado la decisión de defenderse. “Si un pueblo no se puede defender no va a poder defender lo que construya. Por eso en esa zona aparece la experiencia del ERPI [Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente]”.

Explica que las comunidades decidían en asamblea: “Mujeres, ancianos, adultos, autoridades, diáconos, maestros, todos, sobre la necesidad del pueblo”. Presentaron denuncias y lograron hacerser escuchar en los medios de comunicación. También generaron la capacidad para impedir el ingreso de las Fuerzas Armadas al territorio. El gobierno dijo que las comunidades no querían que ingresara el Ejército ahí porque estaba la guerrilla.

“Sí existía, pero no era como de la época de la década de 1970, sobre el foquismo, la vanguardia, los intelectuales dirigiendo a los pobres indígenas. No. Era un movimiento que caminaba no adelante del pueblo, sino junto al pueblo. Ahí se rompe el aspecto de la vanguardia, pues el único que tiene la capacidad de ser vanguardia es el pueblo. Y todos los que tienen responsabilidad, conocimientos, en todos los casos, tienen que ir junto al pueblo, no adelante ni atrás del pueblo.”

La Masacre de El Charco interrumpió un proceso de emancipación de los pueblos indígenas que rodean los montes de Ayutla de los Libres. No lo derrotó porque las raíces estaban echadas y, además, pudo replicarse en otras regiones.

Pero a los sobrevientes, acusados de pertenecer al movimiento armado, les esperaban largas jornadas de tortura.

“Eso deja secuelas. La tortura tiene el objetivo de limitar la capacidad de tu conciencia. Fue tortura física y sicológica. Golpes, toques eléctricos en la zona genital… tardé mucho tiempo inflamado de los testículos, me quemaron. Eso no se olvida.”

Si bien no se olvida, sí se puede superar: “La única forma de sanar es no olvidarse de que la injusticia sigue y de que debemos de seguir luchando”.

Y señala: “Sigue el despojo de la minería. Siguen grupos ilegales atacando a las comunidades. Sigue el asesinato de luchadores sociales. Sigue el despojo de terrirorios por megaproyectos del gobierno y empresarios”.

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Detenidos Desaparecidos: el caso de los 119 en Operación Colombo

Dentro del drama de los detenidos desaparecidos, hay situaciones que por sus especiales características han producido un fuerte impacto en la opinión pública. Así ha ocurrido con las diversas maniobras que la Dictadura puso en acción para tratar de ocultar los secuestros, minimizar su importancia o desacreditar a los denunciantes.
La dictadura no se detuvo ante nada: mintió, se contradicción, e implicó a otros gobiernos.

El 12 de junio de 1975, el vespertino «La Segunda» publicó con grandes titulares, en primera página, que: «Dos mil marxistas reciben instrucción en Argentina» y que «se organizan guerrillas en contra de Chile» En la misma edición, agregó en la pág. 28: «Fuerzas de Seguridad del Ejército argentino detectaron que dirigentes del MIR, a los cuales se da por desaparecidos en Chile y que las organizaciones internacionales al servicio del marxismo dan por asesinados, se entrenan en Argentina e incluso comandan compañías guerrilleras», y señaló que más de dos mil chilenos se preparan para reingresar al país para hacer la guerrilla «contra las Fuerzas Armadas chilenas», afirmando que algunos de ellos ya habían sido detenidos en la provincia de Talca, al Sur de Santiago. Este fue el comienzo de la campaña que configuró el «caso de los 119».

¿Quiénes son los llamados 119? Se trato de una campaña de la Dictadura que uso todos los medios a su alcance para deshacerse de la incómoda situación de los presos «desaparecidos», campaña necesaria ya que para esos días se estimaba probable una visita a Chile, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuyo ingreso al país fue, finalmente, denegado por la Dictadura. Los 119 son los secuestrados por la DINA cuyos nombres la dictadura incluyó en la nómina de chilenos que se encontrarían en el exterior, sosteniendo que muchos de los cuales habrían caído a manos de sus propios compañeros de organización o en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras. El revuelo internacional creado en torno al caso hizo que el problema pasara a ser conocido mundialmente. Veamos cómo la Dictadura continuó esa campaña.

Los días 14 y 16 de junio, el diario «El Mercurio» anunció que 50 guerrilleros habían sido detenidos en Talca y que otros dos grupos habrían cruzado la frontera desde Argentina en un plan combinado del MIR chileno y el ERP argentino. El diario dice que «informaciones provenientes de Buenos Aires» dan cuenta de un enfrentamiento con Carabineros (policía chilena) en el que se habrían producido algunas bajas. El 16 de junio, el diario «Las Últimas Noticias» reitera la campaña, atribuyendo las informaciones a «fuentes extraoficiales chilenas» o «fuentes chilenas generalmente bien informadas».

Días más tarde, es el diario «La Tercera» el que denuncia la existencia de un «siniestro plan rojo» y repite las expresiones acerca de extremistas que ingresaban a Chile por los pasos cordilleranos para llevar a cabo sabotajes y atentados contra personeros influyentes tanto civiles como uniformados. En igual sentido son las publicaciones de «La Segunda» del 25 de junio. La campaña de prensa no era en absoluto ajena a la Dictadura . No sólo era la dictadura la que había ordenado su montaje, sino que además, uno de sus principales voceros, el General Hernán Béjares, Secretario General de Gobierno, había declarado el 13 de junio que «numerosos extremistas, a los que agencias noticiosas del exterior interesadas o comprometidas con el marxismo dieron como eliminados o asesinados por los medios de seguridad del país, se encuentran realmente muy vivos y preparándose para actuar coercitivamente contra nuestro gobierno».

El 29 de junio, el diario «La Patria» editorializa sobre el caso, afirmando que los «extremistas» tenían en su poder un «bien estudiado plan de acción terrorista». Agrega que se realizarían manifestaciones en lugares céntricos, a la salida de las Iglesias, etc. y que este rebrote de acciones para alterar el orden público tenía como objeto desatar la guerrilla urbana y rural en el país.

El 6 de julio, «La Tercera» publica una crónica de su corresponsal en Mendoza, Julián Gabriel, el que asegura haber descubierto militantes del MIR haciéndose pasar por agentes de la DINA y deteniendo a sus propios compañeros, que luego formarían parte de un llamado «Ejército de los Andes» El periodista añade que se trata de un plan del MIR para engañar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

El 11 de julio, en una pequeña localidad cercana a Buenos Aires, fueron hallados dos cadáveres, que portaban entre sus ropas documentos chilenos. Según las versiones de la dictadura, profusamente publicitadas en la prensa de Santiago, se trataría de los jóvenes Jaime Robotham y Luis Guendelman, de quienes se sabía habían sido detenidos por la DINA y por los que existían recursos de amparo pendientes y gestiones de Amnesty International. El diario «La Segunda» del 15 de julio, en su pág. 36, dice que «los dos miristas chilenos que fueron ejecutados por su propia organización en Argentina, fueron identificados en Chile». El periódico concluye que «de esta forma se comprueba que gran parte de las denuncias sobre asesinatos y desaparicio-nes de izquierdistas en Chile, son inventadas y que estos individuos gozan de buena salud en el extranjero».

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Operación Colombo: A 45 años del escandaloso encubrimiento de la dictadura y los medios

No ha habido condena alguna para los periodistas que formaron parte activa del montaje de la Operación Colombo, omitiendo el rol criminal jugado por la prensa proclive a la dictadura.

El operativo civil y militar buscó encubrir mediante un montaje comunicacional la desaparición forzosa de 119 chilenos y chilenas.  En el presente texto hacemos un balance de los avances en materia de justicia y en las formas de levantar memoria, entendiendo estas dos luchas como fundamentales para la construcción de una sociedad que no dé lugar al olvido ni a la impunidad.

Esta semana se conmemoran 45 años de Operación Colombo o caso 119, operativo civil y militar llevado a cabo en 1975 por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo fin fue encubrir mediante un montaje comunicacional la desaparición forzosa de 119 chilenos y chilenas. Considerada como la primera acción informal de la Operación Cóndor, la desaparición de estas 119 personas contó con la colaboración de los servicios de inteligencia de Brasil y Argentina, que, a través de publicaciones en falsos periódicos, divulgaban listas de chilenos, hasta ese momento desaparecidos, que habrían perecido asesinados en diferentes países. 

Sin lugar a duda, el caso 119 resultó ser un operativo impresionante en cuanto a la capacidad de coordinación entre diversos actores civiles, militares, nacionales e internacionales para falsear la realidad. El camino plagado de montajes, omisiones y mentiras ha hecho de la búsqueda de justicia una tortuosa experiencia para los familiares, que, en base a fuerza, lucha y compromiso han sabido construir, mucho antes de que los criminales fuesen condenados, la senda de la memoria.

En el presente texto hacemos un balance de los avances en materia de justicia y en las formas de levantar memoria a partir del caso 119, entendiendo estas dos luchas como fundamentales para la construcción de una sociedad que no dé lugar al olvido ni a la impunidad. De esta manera, memoria y justicia aparecen como caminos que se entrecruzan y dialogan, cimentados paso a paso por los familiares, compañeros y compañeras de los 119 que han hecho de la lucha su vida. 

La Guerra Sicológica: Operación Colombo

Desde su inicio, el 11 de septiembre de 1973, la dictadura aplicó entre sus actos criminales la desaparición forzada de personas, práctica que según diversos estudios ha sido considerada como la más cruel de las formas de violación de derechos humanos, pues impide a los familiares procesar el respectivo duelo psicológico y material, lo que se traduce en un daño permanente, definido como cronificación del daño[1].

Esta práctica, según consigna el informe Rettig, consistió en la aprehensión y secuestro de la persona para ser trasladada a algún lugar clandestino de reclusión, “acción acompañada o seguida de medidas de ocultamiento y negativas oficiales” a reconocer la detención, impidiendo “la disposición de sus restos de modo que no pudieran ser encontrados”[2]. Dicha fórmula, implica además una compleja situación desde el punto de vista jurídico, y de aplicación de justicia, o más bien, de imposibilidad de su aplicación. En efecto, al no haber pruebas materiales de los hechos, se depende sólo de los testimonios de las personas que estuvieron con el prisionero y/o de testigos. A lo anterior, debemos sumar el hecho que a los detenidos se les aplicó legislación en tiempos de guerra, lo cual configura una ilegalidad que contraviene todos los principios y tratados internacionales referentes a los Derechos Humanos (DD.HH.).

Para atender el desarrollo del caso 119, se debe comprender la estrategia de guerra psicológica desplegada por el régimen, en su afán de “conquista del espacio interior de las personas al cual se penetra a través de mensajes. Tales mensajes actúan sobre los sentimientos y pensamientos de los individuos con el fin de cambiar sus conductas y comportamientos[3], es decir, en su intento por encubrir la acción represiva y desmoralizar la resistencia al régimen, manipulando la opinión pública y el sentido común.

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Chile resistencia: Manifiesto por los Derechos del Pueblo.

CODEPU y la  Memoria Histórica de las Organizaciones Populares.

Revisando material de los años 80 encontré un documento elaborado por del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu V Región – el cual fue publicado en el Boletín N°4 de dicha organización popular- y me parece pertinente darlo a conocer como una manera de contribuir a la fragmentada Memoria Histórica que día a día vamos construyendo y,  además,  porque hace ya 37 años algunos de los puntos que se plantean en dicho Documento tienen plena vigencia hoy en día.

Recuperar la Memoria Histórica de las Organizaciones Populares que se crearon al calor de la lucha contra la Dictadura en Chile es una tarea compleja, pero necesaria de llevar a cabo para poder así  dejar testimonio de este quehacer.

Mural del Codepu V Región en Jardín Infantil Sol.

Pequeños fragmentos que son rescatados quedarán así  a disposición de las nuevas generaciones, para ir conformando un todo mayor a partir del cual puedan sacarse las enseñanzas y conclusiones de dichas experiencias.

EL CODEPU:

La formación del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, fue impulsada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR )  a fines del año ’80, inserto en su política social de masas como parte del desarrollo de las Organizaciones Democráticas Independientes (ODIS), destinado a insertarse y fortalecer la organización popular de base, concordante con la implementación de la estrategia político-militar del MIR  de Guerra Popular Prolongada.

Rayado en muro ubicado frente al cementerio Santa Inés año 85,

El Comité se constituye como una estructura de carácter “legal” en noviembre de 1980, de acuerdo a los conceptos y características generales de lo que el MIR denominó la “Línea Democrático Independiente (LDI)”.  Por su parte,  el Codepu V región inicia su funcionamiento en Abril del año 1983, como una sede regional del CODEPU NACIONAL , el cual fue creado el año 1980 en Santiago, como expresaba anteriormente.

El CODEPU V Región se inserta en la estructura nacional del CODEPU, participando con su Secretaria Ejecutiva en el Consejo Nacional, instancia en donde se discuten, elaboran y proponen las líneas programáticas, tácticas y estrategias para implementar en la defensa, lucha y conquista de los Derechos del Pueblo. Entiende los Derechos Humanos desde un punto de vista global, más allá de los aspectos meramente represivos (defensa jurídica, denuncia nacional e internacional de las violaciones de los Derechos Humanos, etcétera), incluyendo los derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Acto del Codepu V Región en la sede del Sindicato de Estibadores año 84.

En el ámbito técnico-jurídico desempeña su tarea específica de defensa sin discriminar las formas de lucha empleadas en contra de la dictadura, sean estas de carácter pacífico, legales, semi-legales, clandestinas o violentas, desarrollando asimismo una línea de defensa político-jurídica, contextualizando el accionar de los luchadores  y luchadoras populares dentro de la lucha democrático-popular encaminada a derrocar a  la dictadura.

La creación del CODEPU V Región nace de la necesidad de contar con un instrumento que permita, por una parte, coordinar distintas organizaciones sociales identificadas con la línea democrático independiente (de trabajadores, de pobladores, estudiantes, mujeres, familiares de víctimas de la represión ) y, por otro lado, desarrollar una tarea de defensa activa, de promoción y de lucha por los Derechos del Pueblo, a través de la implementación de Equipos Técnicos.

El Comité Regional constituye una organización popular, democrática e independiente que cumple dos funciones principales: Defensora de Derechos Humanos e  Instancia de Coordinación de distintas Organizaciones Sociales.

Rayado en muro vecino a la Universidad Santa María año 84.

Asimismo impulsa una política social de alianzas, pero esta sólo se concretiza en la práctica, en momentos y acciones concretas, pero no en la formación de una coordinación permanente, pese a los intentos desplegados en ese sentido, donde  el Codepu V Región elabora una plataforma de lucha denominada “Pacto de Lucha Contra la Impunidad” propuesto para impulsar un trabajado coordinado,  unitario y permanente con otras organizaciones populares (sociales y políticas). Cabe destacar, eso sí que, en este aspecto, el Comité participa activamente en la formación y desarrollo de la Asamblea de la Civilidad de la V Región.

Formaron parte del Codepu V Región la ODEPO (Organización de Defensa de los Derechos Poblacionales), la  UNED (Unión Nacional de Estudiantes Democráticos), el CODEM ( Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer), el CCT ( Comité Coordinador de Trabajadores, que posteriormente pasa a denominarse  Frente de Trabajadores Democráticos – FTD ), la  AFPP ( Agrupación de Familiares de Presos Políticos), la AFDD ( Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ) y la Agrupación de Profesionales Democráticos  (APD).

CODEPU V Región orientaba su quehacer en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, con una concepción global de los mismos y, en el plano  político ideológico, validaba como legítimas todas  las formas de lucha empleadas en contra de la Dictadura. De esta manera, el planteamiento del Equipo Jurídico iba más allá de la defensa técnico jurídica, implementando una línea de defensa político jurídica de los luchadores y luchadoras populares encarceladas, sin hacer distinciones de ningún tipo para asumir su defensa, hubieran participado o no en acciones armadas.

Uno de los aspectos principales para cualquier Organización es poder dar a conocer sus planteamientos ideológicos a través de distintos Medios de Difusión.

En el caso del CODEPU V Región, el Boletín, la Educación Popular,  las Jornadas de Capacitación, los Actos artísticos político-culturales,  las cartillas, los afiches, los documentos y las movilizaciones fueron parte de este proceso.

Precisamente en el Boletín N° 4 de julio del año 1983, Codepu V Región publica el MANIFIESTO POPULAR que transcribo a continuación:

MANIFIESTO POPULAR

“La oposición busca fórmula de acuerdo para un recambio político. Se discute sobre la Constitución: Si ésta, supuestamente aprobada por la ciudadanía en 1981, o si la del Consejo del Estado, o si la vuelta a la del 25 con algunas modificaciones. Se lanza la idea de un plebiscito convocado por la Junta Militar, y un Manifiesto Democrático que cuenta con el apoyo de los sectores de centro y de derecha opositora, y hasta algunos grupos de centro-izquierda. Las exitosas jornadas de protesta aceleraron el ritmo de las conversaciones políticas de todo nivel, e incluso algunos personeros, de posiciones muy poco democráticas  antaño, se han adherido al Comando Nacional de Trabajadores y a la Protesta, enfatizando el carácter pacífico, en un claro intento de aprovecharla para obtener la continuidad del Régimen, a través de un recambio a nivel de Gobierno y modificación de alguna de sus políticas.

En medio de la efervescencia de opiniones, discusiones, conversaciones, hay un sector que no puede ser olvidado sin pecar de falta total de realismo, y este es, lisa y llanamente, el pueblo. Precisamente el pueblo, formado por el conjunto de aquellos sectores más golpeados no sólo por la crisis económica a que el régimen nos ha conducido, sino por sus políticas mismas, a partir del golpe militar de 1973, y que ha sido drásticamente silenciado y reprimido durante todos estos años. Es el mismo pueblo que hoy se levanta con fuerza en las movilizaciones de protesta para exigir ser escuchado. Son los pobladores, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, campesinos y sectores medios, profesionales y otros que hoy levantan el MANIFIESTO POPULAR POR LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS DEL PUEBLO, con los siguientes objetivos:

1.-CONVOCAR A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE REPRESENTATIVA DE TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDADANÍA SIN EXCEPCION, Y QUE, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DEMOCRÁTICOS DE PLENA GARANTÍA A TODOS LOS CHILENOS.

2.-REFORMAR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN SU GENERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DE MODO DE ASEGURAR SU INDEPENDENCIA.

3.-ESTABLECER LAS LIBERTADES PÚBLICAS, GREMIALES, SINDICALES E INDIVIDUALES.

4.-GARANTIZAR EL RESPETO EN FORMA IRRESTRICTA A LOS DERECHOS HUMANOS, PONER EN LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS Y RELEGADOS, ESCLARECER TODOS LOS CASOS DE DETENIDOS DESAPARECIDOS, RESTABLECER EL PLENO DERECHO A VIVIR EN LA PATRIA, DISOLVER LA C.N.I. Y LOS DEMÁS APARATOS SECRETOS, REPRESIVOS, SOMETER A JUICIO Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DE CRÍMENES, TORTURAS, SECUESTRO Y DETENCIÓN ARBITRARIA Y DEROGAR TODAS LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER POLÍTICO REPRESIVO.

5.-RESTABLECER LA VIGENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL DERECHO A ACTUAR ORGANIZADAMENTE EN LA VIDA CIUDADANA.

6.-RESTABLECER LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y PENAL DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA PLENA VIGENCIA DEL JUICIO POLITICO.

7.-ESTABLECER EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO A LA SALUD, VIVIENDA DIGNA, TRABAJO, EDUCACIÓN GRATUITA Y CULTURA DE TODOS LOS CHILENOS.

8.-RECONOCER LA IDENTIDAD CULTURAL Y DEMÁS DERECHOS, PATRIMONIALES Y SOCIALES DEL PUEBLO MAPUCHE.

9.-PONER EN MARCHA UN PROGRAMA ECONÓMICO Y SOCIAL DE INVERSIONES PÚBLICAS Y DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, QUE PROPORCIONE EMPLEO Y EVITE LA HAMBRUNA Y MISERIA GENERALIZADA.

10.-PONER AL SERVICIO DE TODOS LOS CHILENOS EL CAPITAL Y RIQUEZAS, ACTUALMENTE EN MANOS DE LOS GRUPOS MONOPÓLICOS-FINANCIEROS.

11.-IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA EXTERIOR AMPLIA, DE NO ALINEAMIENTO QUE RECUPERE NUESTRA INDEPENDENCIA Y SUPERE EL GRAVE AISLAMIENTO EN QUE SE ENCUENTRA NUESTRO PAÍS.

En la página siguiente del Boletín N°4 se agrega:

“Más de 300 organizaciones han suscrito el “Manifiesto Popular por la Democracia y los Derechos del Pueblo”, documento elaborado por iniciativa del CODEPU frente a los graves problemas que amenazan la estabilidad y la paz de la nación.

CODEPU postula la urgente puesta en práctica de las 11 medidas que aparecen en esta página y que corresponde a este Manifiesto, que deben ser analizados, discutidos y enriquecidos con el aporte de todas las organizaciones de base.”

Algunas partes de lo planteado hace 37 años por el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, pareciera que estuvieran escritos hoy en día, asimismo como algunas de las demandas planteadas en el “Manifiesto Popular” continúan completamente vigentes.

Nunca está de más mirar hacia atrás con los ojos del presente y recoger algunas enseñanzas de experiencias pasadas de nuestra realidad histórica, pero obviamente para ser analizadas bajo un contexto político totalmente diferente del de entonces.

Tomado de: cctt.cl

Por: Guillermo Correa Camiroaga.

A 37 años de un suceso histórico. Las jornadas de Protesta Popular y la invisibilización de la Fuerza Pobladora

A partir de la segunda mitad de la década del 60 del siglo XX, comenzó un periodo de ampliación de la organización popular hasta un punto nunca antes visto en Chile. Va en aumento progresivo la organización autogestionaria ahora como poder popular constituyente, para integrarse y para cambiar la sociedad, aunque se trataba de un proceso en disputa intentado conducir desde arriba por los partidos políticos de masas.

La década del 60 vio surgir un nuevo fenómeno político, la Democracia Cristiana (DC) y su proyecto de Revolución en Libertad, la que además de orientarse por la doctrina social de la iglesia católica, se hacía eco de la norteamericana e imperialista Alianza para el Progreso, esto en el marco de la Guerra Fría. No muy diferente a la matriz populista latinoamericana, la DC, para conjurar la “amenaza” marxista apelaba al pueblo desde el liderazgo carismático, las políticas redistributivas y las reformas económicas, lo que inevitablemente desató el conflicto con la vieja oligarquía de raíz agraria. Ello agudizó las tensiones internas del partido entre un ala reformista y una conservadora generando hacia fuera el clásico zigzagueo ideológico de la DC. Pero tal ambigüedad también desencadenó procesos de fortalecimiento de la autonomía y espíritu autogestionario del movimiento antisistémico popular, abriendo espacio a nuevos actores y movimientos, los cuales llegaron a tomar distancia crítica de la DC y consolidar su propio ethos y reivindicaciones (Garcés, 2002). Así, el programa de Promoción Popular de la DC resultó ser una caja de pandora, que después no pudieron cerrar, no sin ayuda militar.

Por abajo, van convergiendo progresivamente obreros, campesinos, estudiantes y pobladores. Comienza una nueva transformación identitaria e ideologizante al darse una convivencia intensa entre pobladores/as y militantes partidarios de la llamada nueva izquierda 1/. Es el 68 chileno, expresión local de la revolución mundial de 1968. Con el arribo de la Unidad Popular, surgen los Cordones Industriales, los Comandos Comunales y diversos frentes de pobladores, estudiantes y campesinos (Gaudichaud, 2016).

En concordancia con la tónica política mundial de aquellos días, la expresión chilena de lo que llegaría a ser el 68 chileno quedó plasmada en la ampliación y diversificación de los movimientos antisistémicos, así, a las luchas clásicas de los obreros, que de 1.500 socios de sindicatos a principios de la década pasó en 1970 a más de 100 mil, se unieron las vigorosas movilizaciones estudiantiles, las de los grupos eclesiales de base, los movimientos feministas, y por supuesto, los movimientos de pobladoras/es, que agrupados en Comités de Sin Casa, comunal e intercomunalmente articulados, se expandieron ampliamente por la capital y regiones. Dado lo cual, es posible decir que el proceso autogestionario de ampliación galopante del poder popular constituyente precede, y en alguna medida funda, las condiciones de posibilidad del gobierno de la Unidad Popular.  Entonces, no sólo sería ésta la época de mayor movilización social, sino, además, la de “mayores transformaciones en las relaciones sociales de poder que organizaban la sociedad civil en Chile.” (Garcés, 2012: 117).

Al enfocarse, exclusivamente, en el campo de acción de las y los pobladores, se tienen los siguientes datos; sólo considerando Santiago, las y los pobladores pasaron de autogestar 4 tomas de terrenos en 1968, a 35 en 1969 y a 103 en 1970 (Garcés, 2002). Para el periodo 1969-71 Duque y Pastrana (1972) constataban en el Gran Santiago un total de 312 tomas de terrenos en las que habitaban 54.710 familias. Según muestra Garcés (2002), las movilizaciones se expandieron vigorosamente en regiones, siendo reconocibles por los registros de prensa al menos 1000 movilizaciones de pobladores entre el 70 y el 73, con una alta incidencia en la región del Bío Bío donde las tomas específicamente alcanzaron las 172. 

Desde esa perspectiva, el golpe de Estado del 73 habría sido no sólo el fin de la UP y la democracia, sino principalmente la forma de conjurar la revolución popular que se venía gestando en ese tiempo.

En el periodo 1973-1990 la tónica fue represión brutal, transformación urbana con erradicación de pobladores/as a la periferia, segregación espacial y abandono a su suerte de los sectores populares por parte del Estado dictatorial. En esos años las y los pobladores son el motor de las luchas contra la dictadura, pero son instrumentalizados por las vanguardias reformistas (Iglesias, 2011). Se da una radicalización de la violencia popular en respuesta a la represión. En el periodo 1983-89 gatillado por el ciclo de movilizaciones contra la dictadura militar que sumaron 22 Jornadas de Protestas Nacionales, los sectores movilizados fueron diversos: estudiantes, trabajadores, mujeres, profesionales de clase media, pero sobre todo, fueron las y los pobladores los que tuvieron una audaz acción protagónica, por la que pagaron un alto precio (Iglesias, 2011). En la población, las protestas no eran mero toque de cacerolas ni bocinazos como en barrios clase medieros, también barricadas, marchas, cortes de luz, paralización del transporte y sobre todo enfrentamientos con la policía y hasta el ejército.

Esta importancia de la fuerza pobladora en la lucha contra la dictadura, especialmente su protagonismo en las Jornadas de Protesta Nacional, ha sido ampliamente documentado, entre otros por Iglesias (2011), así como por Garcés (2012; 2019), quien afirma:

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Módulo 14: El reducto de los “presos políticos” en Santiago 1

Jorge Ulloa está afuera del Centro de Justicia, a unas cuadras del metro Rondizzoni, esperando que termine la audiencia donde nuevamente revisarían las medidas cautelares de su hijo Diego Ulloa (22). Su nombre también se lee en la polera que lleva puesta especialmente para esta ocasión: “Justicia para Diego”, dice.

Los traslados de Jorge y su familia, desde La Florida hasta ese lugar, se han hecho frecuentes desde hace tres meses. Diego fue detenido el 13 de diciembre por el supuesto porte de una bomba molotov y líquido acelerante, después de haber asistido a una manifestación en el Costanera Center.

Desde entonces, el estudiante de gastronomía internacional está recluido en el módulo 14 de Santiago 1. Este espacio fueespecialmente dispuesto por Gendarmería para los detenidos imputados por delitos asociados al estallido. Aunque también hay personas acusadas por otros motivos, la mayoría corresponden al primer grupo. Según confirmó la institución a El Desconcierto, actualmente 100 personas  se encuentran ahí, duplicando la cifra que tenían a fines de octubre.

La Coordinadora “18 de octubre” –integrada por organizaciones, colectivos autónomos y familiares de los detenidos– aclara que este módulo, por lo general, se utiliza para los “primerizos”. Al igual que los otros familiares, Jorge los reconoce como “presos políticos”, una situación que ha sido compleja para ellos afrontar.

—Ellos no están acostumbrados a este encierro y tampoco nosotros, como papás, a visitar centros penitenciarios. No teníamos idea de nada (…) Pasado el tiempo, Diego en ningún caso se fue acostumbrando, pero sí asumiendo como una lucha porque si no, no tendría sentido la detención de todos los chicos de Santiago 1 y del país—, comenta.

La rutina y el desgaste

“La falta de espacio, la falta de naturaleza, la falta de privacidad, nos está matando. El apoyo entre nosotros es lo único que no nos hace perder la cabeza. Esto se demora, la imaginación escasea. Solo esperamos soluciones y respuestas al igual que el resto de la gente”, se lee en una carta que escribió un grupo de detenidos agrupados en el módulo 14, a un mes del estallido. Dicen, además, que entre ellos comparten sus conocimientos de oficios o habilidades artísticas (musicales o malabares) y deportes para pasar las horas de encierro.

Las visitas de los familiares son los jueves, en dos horarios y por recluso pueden entrar máximo cinco personas. Cada una puede llevarles una bolsa con artículos muy definidos: productos dulces (galletas y/o chocolates sin ningún relleno), salados, cuatro sándwiches, tres cajetillas de cigarrillos y una bebida o agua mineral.

—Tratamos de que vayan las cinco visitas porque, si bien a ellos les sobran un poco, es justamente para que estén preparados para recibir a los otros presos. Más ahora que se viene marzo, algo que nos preocupa por las leyes más duras que se aprobaron—, advierte Jorge Ulloa.

También cuenta que por más de un mes y medio durmieron entre tres a cinco personas en un solo camarote por celda. Esto cambió, en parte, con la visita de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fines de enero, y fueron reubicados.

Según lo que le ha contado Diego, en algunas oportunidades los gendarmes han entrado a “reventarles” las celdas para ver si tienen algún tipo de armas o para evitar que se organicen. Pero eso no les ha quitado su interés por armar una biblioteca al interior del módulo y, aunque ha sido difícil ingresar libros, ya tienen cerca de 70.

Salud mental

Ely Farías es mamá de Elías Cruz (23) y vive en El Bosque. Esta semana se cumplen tres meses desde que carabineros de civil detuvieron al joven en el paradero 18 de Gran Avenida, cuando volvía de la “Plaza de la Dignidad”. Está acusado, al igual que Diego Ulloa, por porte de artefactos incendiarios. Hasta antes de ser detenido, Elías trabajaba en una bodega.

Su mamá advierte que como hay sobrepoblación en el módulo 14 están mandando a algunos a la ex Penitenciaría. Reconoce que la seguridad es mucha, partiendo por la excesiva revisión que le hacen al ingreso hasta a los niños. Edith también ha notado los cambios de su hijo:

—Él es delgado, pero ahora lo está mucho más. Mide 1,70 metros y ya se le nota.  A él lo siguieron porque lo vieron supuestamente con un dron—, detalla la mujer.

Las condiciones físicas y psicológicas preocupan a los familiares. Anchi San Martín es terapeuta del área de salud mental e integra el Movimiento Salud en Resistencia. A principios de febrero acudió con un médico de la organización a Santiago 1 para prestarle ayuda médica a uno de los jóvenes detenidos que tenía problemas dermatológicos por una infección producida por chinches. Esa vez, los profesionales se enrolaron para el ingreso porque ya contaban con la autorización del tribunal. Pero la solicitud fue en vano. Gendarmería finalmente no los dejó pasar.

—Llegamos a Santiago 1 a las 10:00 horas y no nos dejaron entrar. Fue una sorpresa. No hemos intentado hacer nuevamente el ingreso. Es muy complejo porque esa vez nos dijeron que no había llegado el papel de autorización. Entonces, tenemos que hacer la tramitación de nuevo. Pero sabemos que se entrampan en resquicios legales—, precisa Anchi.

Lo mismo ha podido observar Pepa Aguirre, psicóloga del grupo ex Nido XX. Supo que uno de los jóvenes detenidos intentó suicidarse y después lo aislaron del módulo. Por lo mismo, pone énfasis en el acompañamiento constante. Sobre la alimentación, dice que no ha sido adecuada para el caso de las personas vegetarianas y veganas.

En este lugar solo se encuentran los hombres recluidos y la única mujer acusada por un delito asociado al estallido está la cárcel de San Miguel. De los que están en Santiago 1, varios han salido por cambio en las medidas cautelares. Hasta diciembre del año pasado se contabilizaban 2.200 personas en el país en prisión preventiva por delitos como lanzamiento o porte de artefactos incendiarios, desórdenes públicos, hurtos, entre otros. De estas detenciones, un porcentaje importante ha sido declarado ilegal por los tribunales.

Tomado de: eldesconcierto.cl

Por: Natalia Figueroa

“Capuche”: el boletín creado por presos políticos de Concepción

«Capuche» es un boletín (o fanzine) creado por un grupo de presos políticos de Concepción, quienes se encuentran recluidos en la Cárcel El Manzano a raíz de la oleada represiva con que el Estado intenta contener las protestas que sacuden al país. El boletín hace un llamado a no bajar los brazos y seguir en la lucha, además se abordan temas como la detención, el juicio, la llegada a la cárcel y el ingreso a los módulos. También entrega consejos para quienes protestan y arriesgan caer en prisión, además de valiosa información para familiares y cercanos de quienes sufren la prisión. Un documento hecho a mano, con pasión y lleno de rebeldía que atraviesa los muros de las prisiones.

Tomado de: radiokurruf.org

Baltasar Garzón fustigó a Piñera en una carta abierta “Parece no entender que el pueblo no es enemigo sino víctima”

El exjuez estuvo en Chile para el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, celebrado entre el 23 y 25 de enero. Su mensaje contiene críticas al Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, y elogios a los manifestantes por su “coraje y dignidad”.

Baltasar Garzón fue juez de la Audiencia Nacional en España.  
Imagen: NA

Chile en el corazón: Carta Abierta al Pueblo de Chile

Queridas chilenas y chilenos:

Escribo de nuevo y esta vez me dirijo al pueblo de Chile, tras la carta abierta para al presidente Piñera publicada el pasado 23 de octubre sobre la que, por cierto, no he recibido respuesta.

En esa misiva expresaba mi dolor y profunda preocupación por lo que estaba ocurriendo en Chile, país con el que me une un vínculo perenne y por el que siento un especial afecto. Me parecía entonces, y me sigue pareciendo ahora, que la respuesta del Gobierno al estallido social ha sido absolutamente desproporcionada, contra un pueblo que se manifiesta en la calle expresando que no soporta más tanta desigualdad, tanta injusticia, abusos y corrupción.

Dije en aquella misiva, además, y lo he dicho en otros foros, que el ejército no está preparado para controlar el orden público sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo y que cuando sale a la calle, las cosas solo empeoran. Pero con estupor he podido ver cómo Piñera ha intentado una y otra vez la intervención de los militares. Parece no entender que el pueblo no es el enemigo sino la víctima, y que al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.

Es paradójico que este estallido social haya tenido lugar en un país que – se decía – era un oasis en América Latina y que pretendía exhibirse ante el mundo como garante del medioambiente para liderar una respuesta global coordinada frente a la emergencia climática en la COP 25 de la que Chile tenía que haber sido anfitrión. No fue así porque Piñera y su gobierno no podían permitir que los mandatarios del resto del planeta vieran cómo el ejecutivo era incapaz de gestionar las demandas sociales, dando como única respuesta represión y más represión contra sus propios compatriotas, sin pudor alguno.

Seguramente sabrán que después de aquella carta he viajado a Santiago de Chile para participar en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, celebrado entre los días 23 y 25 de enero. Me reuní con asociaciones de víctimas, organismos de derechos humanos y sociedad civil para conocer sus impresiones de lo acontecido desde el 18 de octubre. Les confieso que fue una jornada muy dura en lo personal y lo que he conocido ha aumentado mi grado de indignación. Una indignación que se me ha ido acumulando durante estos tres meses, pero que ya ha llegado a un nivel de estupor ante tanta crueldad, desidia e incompetencia.

Represión sin sentido

Durante mi breve estancia en Santiago, acudí a comprobar personalmente lo que la sociedad civil me había transmitido a través de cientos de mensajes llegados desde Chile, pero también desde muchos otros países y desde la propia comunidad chilena en España. Acudí a la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia), donde fui testigo de cómo la fuerza pública no se está ejerciendo para controlar el orden público y garantizar el derecho de manifestación, sino para dañar, herir y lesionar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. Los componentes de Primera Línea, con los que tuve ocasión de hablar en el edificio histórico del Senado me habían expuesto su desesperación y miedo a la represión desplegada y sostenida por el Estado. En el acto reivindicativo, me prestaron un casco, me rodearon y me protegieron para que yo mismo no resultara lesionado, durante el tiempo en el que temerariamente, me empeñé en comprobar la realidad de lo que me habían denunciado.

Debo reconocer que no sabía lo que era el guanaco aplicado a una protesta hasta que vi volar por los aires a un chico con su bicicleta por el impacto del agua a presión; ni pensé que la carcasa del tubo de gases lacrimógenos produjera un impacto tal sobre el rostro hasta que lo comprobé en una de las jóvenes que me acompañaba; o que la grasa y el ácido de su composición, irritara tanto; ni que los balines que vacían ojos inocentes, eran mostrados como trofeos siniestros para no olvidar el dolor… Frente a ello, escudos de madera o plástico, la rabia contenida de la impotencia y la certeza de que había que estar allí, entre mujeres y hombres de todas las edades que mostraban su determinación de afrontar los riesgos contra su seguridad, con una fortaleza ejemplar. Evoqué allí en La Alameda a Pablo Milanés señalando los crímenes de la dictadura en su canción, “Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado…”.

Protestar en Chile bien te puede costar la vida o un ojo de la cara, como de hecho lamentablemente ha ocurrido y sigue ocurriendo. Pero me emociona pensar que a pesar de este alto precio, cientos y miles de personas salen a exigir garantías de un futuro mejor. El pueblo chileno es un ejemplo de coraje y dignidad para el mundo entero. La emoción al escribir estas frases se me hace presente de nuevo, como en la Alameda, al abrazarme y ser abrazado por cientos de ustedes. Tienen todo mi respeto y mi admiración.

Un manifestante reacciona contra un agente, en una de las jornadas de protesta. AFP.

No habrá impunidad

Reitero mi solidaridad con todas las víctimas, con las familias de los fallecidos y los desaparecidos, con las mujeres agredidas sexualmente, con los que han sido torturados, con los heridos, con quienes han perdido un ojo y, por supuesto, también con Gustavo Gatica y Fabiola Campillay a quienes han arrebatado la visión por completo. No caerán en el olvido. No habrá impunidad. Tienen mi palabra. Es mi compromiso.

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Las miradas rotas de las revueltas en Chile: “Sentí el impacto en el ojo, caí al suelo… salía mucha sangre”

Los perdigones disparados por la policía durante las protestas han dejado completamente ciegas a dos personas y otras 17 han perdido la visión de un ojo. EL PAÍS habla con cinco de ellas

Monumento en la Plaza Italia, en Santiago de Chile. FRANCISCO UBILLA



Miradas rotas como las de estas dos personas se han convertido en el lamentable símbolo de las revueltas sociales en Chile que explotaron hace ya dos meses. Desde el 18 de octubre, cuando arrancaron las protestas por la desigualdad en el acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación, se han registrado 359 civiles con heridas oculares, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Dos personas han quedado completamente ciegas y 17 han perdido la visión total en alguno de sus ojos. La Sociedad Chilena de Oftalmología y el Colegio Médico calificaron desde el inicio esta situación como “una emergencia de salud visual nunca antes vista en el país” y pidieron suspender la utilización de perdigones. Las autoridades informaban de que los balines estaban compuestos de goma, pero un estudio de la Universidad de Chile determinó que solo contenían un 20% de caucho. El 19 de noviembre la policía suspendió el uso de perdigones a la espera de nuevos análisis en su composición, cuyos resultados todavía no se conocen públicamente.

Un policía disparó directamente al rostro a Ronald Barrales. Estaba a menos de 10 metros. Según su relato, el perdigón llegó desde el asiento del acompañante de un vehículo de los carabineros hace unas semanas, en uno de los días más tensos de las protestas contra las políticas del Gobierno en Chile. “Sentí el impacto en el rostro, caí al suelo, me levanté y observé que caía sangre del ojo, mucha sangre”, relata. Herido también en el tórax y en el abdomen, Barrales se ha sometido a tres operaciones en el ojo izquierdo, del que perdió completamente la visión y para siempre. “El precio que he tenido que pagar es muy alto, pero al menos Chile ha despertado”, se consuela Maite Castillo, de 23 años, que también ha perdido la visión del ojo derecho. 

Mientras, el Gobierno de Sebastián Piñera intenta reconducir la situación e impulsa un proceso para cambiar la Constitución actual que, según los manifestantes, contribuye a consolidar las desigualdades en el país y, aunque ha sufrido modificaciones durante estos años, ha sido heredada del régimen de Augusto Pinochet.

Pero el cambio político no devolverá la vista a los chilenos que recibieron uno de esos controvertidos perdigones. EL PAÍS ha recogido los testimonios de cinco de estas víctimas: 

Maite Castillo. F. U.

Maite Castillo, 23 años

Desde su época de estudiante asistía a marchas en demanda por derechos sociales, pero la tarde del 20 de octubre pasado no participaba en ninguna protesta: pasaba en moto junto a su novio por la Gran Avenida —una importante vía de su comuna—, donde se producía el saqueo de un supermercado. No se podía transitar, porque los vehículos iban y venían en todas las direcciones. “Nos estacionamos al frente, en una gasolinera y nos quedamos mirando. Me bajé de la moto, me saqué el casco y observé que venían dos carabineros. Como portaban escopetas, los insulté. Hicimos contacto visual, se me quedó mirando, cargó su arma y me disparó de frente”. 

El perdigón le dio de lleno en la órbita del ojo derecho: “Perdí la visión, no veo absolutamente nada por ese ojo”, señala. Desde entonces, la han operado dos veces, la última vez el viernes, a causa de una hemorragia que no sanaba. Mientras, pasa los días en su casa guardando reposo: “Esta será una Navidad distinta. Triste por lo que me ocurrió, sin duda, pero la gente en este país por primera vez no está centrada en el consumo, sino en otros asuntos fundamentales, con mayor empatía hacia el resto”. El año pasado, Castillo se sacó el título de asistente dental y en 2020 quería comenzar sus estudios de odontología. “Pero he pasado de ser una persona sana a depender de los demás”, relata esta chilena que vive con su padre en el municipio de El Bosque, en la zona sur de la capital, Santiago de Chile.

Ronald Barrales. F. U.

Ronald Barrales, 36 años

Padre de una niña de ocho años y de un muchacho de 17, este trabajador autónomo dedicado a la fabricación de productos de limpieza participó de las protestas de Plaza Italia, la zona cero de las movilizaciones en Santiago de Chile, desde el comienzo del estallido social del 18 de octubre. Cuenta que lo hacía siempre pacíficamente, acompañado de familiares, “para manifestar el descontento por la forma en que los políticos han manejado el país en las últimas décadas”. Apunta, por ejemplo, a los problemas en la educación: por falta de dinero tuvo que dejar la carrera de ingeniería y su primogénito en 2020 cursará su último año en el Instituto Nacional, el emblemático liceo público de excelencia de Chile que las autoridades de distinto signo político han dejado morir.

El 11 de noviembre pasado, Barrales salió a protestar como de costumbre, cuando se quedó sin compañía en medio de una especie de encerrona de carabineros, sin poder correr ni escapar. A poca distancia, de lleno en el ojo izquierdo, le impactó un objeto: “Me di media vuelta y lo único que pude hacer fue correr al hospital de campaña de la Cruz Roja, sin permitir que nadie me ayudara”, relata en su casa del municipio de Quinta Normal, en la zona centro-norte de la capital, donde vive con su madre. En una de las operaciones le extrajeron “un perdigón que no era de goma y que se alojó en el fondo del globo ocular, lo que habla de la potencia del impacto”. Sin poder trabajar y afectado anímicamente, intenta lentamente aprender a vivir con su nueva condición física. Pese a todo, sin embargo, no se arrepiente de haber participado de la protesta: “Estaba simplemente alzando la voz por los derechos de mis hijos y del resto de las personas”. 

Carlos Puebla. F. U.

Carlos Puebla, 47 años

Después de salir de su trabajo, decidió pasarse por las protestas de Plaza Italia. No milita en ninguna organización ni partido y era la primera vez que asistía a las manifestaciones. Dice que era una concentración pacífica, donde había niños y ancianos, pero que pronto comenzaron los enfrentamientos con la policía, “que comenzó a atacar desmedidamente y sin respetar nada”. Fue cuando un carabinero, según relata, le disparó con la escopeta antidisturbios a unos 15 metros de distancia apuntando a su rostro. “Sentí algo helado en el cuerpo, traté de correr, caí al suelo y me trasladaron a la Cruz Roja”, recuerda el hombre. Recibió un perdigón en el muslo, otro en la cabeza y un tercero en el ojo derecho, cuya visión perdió por completo, según le informaron 48 horas después.

Carlos Puebla es el hijo menor de una mujer que tuvo que hacerse cargo sola de sus cinco niños. Por falta de dinero, no pudo terminar sus estudios escolares. Puebla tiene tres hijos —de 25, 14 y 13 años— y, hasta el 24 de octubre pasado, trabajaba como obrero de la construcción a cambio del salario mínimo (unos 360 euros mensuales). Pero el día que acudió a la protesta marcará la vida de Puebla, que vive en Renca, un municipio del norte de Santiago de Chile. “Los sueldos son bajos y no alcanzan, la salud y la educación son precarias, las pensiones son una vergüenza”.

Ahora espera que le pongan una prótesis. “La vida nunca será la misma, pero tengo dos hijos pequeños todavía que me necesitan. Debo seguir adelante”, reflexiona. Sabe que probablemente no podrá continuar con el mismo oficio y, aquejado de fuertes dolores de cabeza y mareos, muchas veces lo invade la tristeza: “De repente entro en depresión”. 

Eliacer Flores. F. U.

Eliacer Flores, 30 años

Cuando se había declarado la segunda jornada de toque de queda en Santiago, el 20 de octubre pasado, decidió que saldría de su casa en Quinta Normal, en la zona centro-norte capital chilena, para protestar por el estado de emergencia. Padre de dos niños de 13 años y 10 meses, se dirigió después de comer a la Plaza Italia, donde se encontró con un enfrentamiento entre manifestantes y la policía. Eliacer se unió al bando de los civiles, mientras se protegía con una plancha de metal: “Pero me asomé a mirar y me llegó el perdigón en el ojo derecho”, relata.

“Sentí el mayor dolor físico que he sentido en mi vida, un frío intenso en todo el cuerpo, un pitido en los oídos y ganas de desmayarme. Horrible. Pero la adrenalina y el miedo a que los carabineros me agarraran, me hizo correr y pedir ayuda”, señala Flores.

Lo han sometido a dos operaciones, pero perdió por completo la visión de un ojo. Probablemente deberá usar una prótesis. Intentó volver al trabajo, pero su estado físico se lo impidió y los médicos extendieron una nueva baja. En estos dos meses ha pasado por distintos estados anímicos: “Ira, miedo, tristeza, rabia. Este país necesita una reestructuración completa del sistema, partiendo de la política corrupta, la salud, la educación y las pensiones que permitan un futuro digno para nuestros viejos”, indica Flores. “En honor a los muertos, los heridos y los violentados debemos seguir luchando. Lo que hemos perdido y lo que hemos dado no puede quedar en nada”. 

Natalia Aravena. F. U

Natalia Aravena, 25 años

Cuando intenta beber agua, no logra calcular correctamente la profundidad y el líquido se desparrama fuera del vaso. Si el terreno por el que camina no es completamente liso y plano, corre el riesgo de tropezarse. Esta enfermera de 25 años, que apenas llegaba a un año de vida laboral, intenta con los días acostumbrarse a su nueva condición física: el 28 de octubre pasado, una bomba lacrimógena le impactó en el ojo derecho y perdió tanto la vista como el globo ocular. Ese lunes iba a reunirse con un amigo frente al palacio de Gobierno, La Moneda, donde se había convocado una concentración. Relata que sucedió todo muy rápido: apenas llevaba algunos minutos en la calle cuando la policía comenzó a dispersar a los manifestantes, antes incluso de que comenzara la manifestación. Estaba sola y vio un vehículo policial y a los agentes a pocos metros. “Me di la vuelta y me impactó la bomba lacrimógena en el ojo”, relata en su casa de Peñalolén, en el este de Santiago de Chile, donde vive con sus padres.

“Se me durmió la mitad derecha de la cara, por fortuna, porque no sentí dolor. Desde la frente al labio superior. El impacto no me hizo perder la conciencia, tampoco me destrozó el resto de la cara ni me tiró al suelo, pero quedé aturdida”. Ha sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas y no ha podido volver al trabajo. La joven chilena opina que “el Gobierno tiene mucho miedo de perder el poder” y critica las declaraciones del presidente, Sebastián Piñera, que señaló al comienzo de la revuelta que Chile estaba “en guerra” contra un enemigo poderoso: “¿El enemigo poderoso soy yo, que me mutilaron, que soy enfermera, que soy una persona común y corriente, sin armas?”, se pregunta. “Quieren hacer creer que queremos desestabilizar el país, pero Chile está desestabilizado hace mucho tiempo por la inmensa desigualdad que no quieren ver”.

Tomado de: elpais.com

Por: Rocío Montes

Colombia abre la mayor fosa común de desaparecidos del mundo

Se inicia en Medellín la búsqueda de restos de cientos de víctimas del Ejército y los paramilitares, enterrados clandestinamente en 2002 en la región de Antioquía

Con la presencia de familiares de víctimas ─principalmente madres─, de ONG nacionales e internacionales, y del propio Ministro de Justicia, se iniciaron ayer en la Comuna 13 de Medellín, uno de los populosos barrios periféricos de la segunda capital de Colombia, las operaciones de movimiento de tierras en el paraje La Escombrera para tratar de desenterrar los restos de centenares de víctimas del ejército y los paramilitares. El propio Ministro Juan Fernando Cristo definió la zona como “la fosa común a cielo abierto mayor del mundo en un ámbito urbano”.

Los hechos que dieron lugar a estos enterramientos de personas, consideradas como “desaparecidas” , se produjeron entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 y constituyeron el inicio de la política de “seguridad” de Álvaro Uribe, entonces Gobernador de la región de Antioquia, cuya capital es Medellín. Más de mil soldados apoyados por unos 800 paramilitares y helicópteros de la Fuerza Aérea, “retomaron” a sangre y fuego el territorio de la Comuna 13 para acabar con el presunto dominio de la guerrilla. Las víctimas fueron enterradas clandestinamente. Según el jefe paramilitar Don Berna, hoy extraditado a Estados Unidos, no bajaron de 300 los cuerpos sepultados entre escombros.

Otro exparamilitar , Juan Carlos Villada, alias Móvil-8, ha declarado que él mismo participó en el enterramiento de unas 50 personas en el Polígono 1, una zona aledaña a La Escombrera, donde los antropólogos forenses han iniciado su trabajo.

Según declaraciones de los paramilitares, hay más de 300 cuerpos enterrados

La profesora Natalia Springer relataba ayer en el diario El Tiempo la existencia de otras zonas en Medellín donde se produjeron hechos criminales similares, incluyendo la desaparición de niños. Como en Santa Elena, cerca de la reserva militar donde, según paramilitares desmovilizados, un grupo de chicos fue sacado a la fuerza de un partido de fútbol por hombres armados para ser descuartizados y luego enterrados sus despojos. Según esta respetada analista y profesora “las casas de descuartizamiento siguen vigentes”.

El jesuita Javier Giraldo, activista por los Derechos Humanos que realizó una breve ceremonia al inicio de los trabajos de exhumación, relató que casos como el de la Comuna 13 de Medellín se pueden registrar en otras zonas del territorio colombiano, como en La Macarena (región del Meta), Vistahermosa, San José del Guaviare o Villavicencio.
El propio Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, acaba de informar que tiene en marcha 20.453 investigaciones sobre desaparecidos basadas en las declaraciones de paramilitares desmovilizados que han hablado de más de 2.000 cementerios clandestinos.

Tomado de: m.publico.es

Por: ANTONIO ALBIÑANA