Hay decenas de monumentos, plazas, escuelas, calles, avenidas en todo el mundo que llevan el nombre de Salvador Allende. Haga un recorrido por el globo a través de estas imágenes que nos llegan de todo el planeta.
Tomado de: bbc. com
Hace unos días me encontré en mi casa con un exgeneral del Ejército. Me contó que de joven había estado al frente de la tarea de perseguirme y capturarme en Zipaquirá. Me presentó a su esposa y conversamos como viejos conocidos, como ex militares de una guerra añeja, perpetua, que ambos deseamos que se acabe. Nos encontramos como amigos. Él, lleno de victorias militares y yo, con mis mismos deseos de joven, quizás también de victorias, si como victoria entendemos el simple hecho de seguir vivos.
Hablando con él, llegamos a la conclusión de que quienes hacen la guerra en Colombia no son en realidad los hombres de uniforme, sino los políticos, los que se apropian del poder y la riqueza.
El exgeneral me trajo un regalo que me hizo estremecer, un obsequio que me deja una herida, un dolorcillo en el corazón, una tristeza, una nostalgia. Me entregó las fotocopias del diario de campaña de “La Chiqui”: Carmenza Cardona Londoño. La jovencita que puso a sus pies al gobierno de Turbay, en la toma de la Embajada Dominicana. La mujer, pequeña de estatura, pero de inmensa valentía, que con su brazo en alto y su capucha nos puso a soñar a muchos, cuando le gritó a toda Colombia, en 1980: ¡Dignidad!
En una agenda de Ecopetrol, Carmenza, quien se hacía llamar Natalia, escribió su día a día. Narró casi cuatro meses de travesía armada por el Chocó, desde el mar donde desembarcó con sus compañeros soñadores, hasta el Alto Andagueda, ya en Risaralda.
Devoré ese diario en menos de dos horas hasta que llegué a la página en blanco que seguía a su última palabra. Ese blanco inmenso en el que más nunca escribirá ella; ese blanco que ya no se llenará de palabras; el blanco de un autor desaparecido, el blanco de las palabras que ya no estarán. Esa página en blanco, al final de su última palabra, estaba llena de su muerte en combate. Ese blanco que me dejó un nudo en la garganta, una impotencia.
Allí en esas páginas, con su clara letra femenina, volví un poco a reencontrarme. Era abril de 1981, yo tenía 21 años cuando eso. Quizás había festejado mi cumpleaños con mi mama, mi padre, y mis hermanos, quizás estaba aún tranquilo soñando revoluciones en Zipaquirá, aún estudiante de economía, mientras ella, a punta de valentía, atravesaba esas selvas espesas y esos ríos caudalosos, soportando la persecución permanente de los helicópteros y la infantería del ejército.
Su diario estaba en su mochila ensangrentada y les permitió saber a quienes la abatieron, su nombre, su gigante significado, el símbolo enorme de aquella que estaba arrojada en la trocha, en medio de aquel inmenso verde esplendoroso que admiró el día anterior, y sobre el cual escribió. Seguro algún mando del ejército guardó ese diario, y seguro alguien le sacó fotocopias. Sin que nadie en Colombia lo supiera, el diario esperó 40 años, mucho más que la edad que alcanzó a tener su autora, antes de llegar a mis manos. Ahora no puedo menos que comprometerme a publicarlo.
Leyendo esas páginas encontré mis propios recuerdos, los bríos que nos acompañaban e impulsaban, esa ingenuidad romántica de pensar que Colombia se podía cambiar, esa ilusión de joven, de mujer, rompiendo el dolor físico, las llagas de sus pies, el dolor de su columna por el peso. Ese trasegar sin quejas día y noche, esos días llenos de lluvias, de marchas, de hambre, persiguiendo como se persigue una estrella, una idea, un sueño.
Las rutinas azarosas de los días pasaron por esas páginas. Los últimos meses de la vida de Carmenza Cardona están allí escritos con doloroso amor. Acababan de celebrar un 19 de abril y en su última página escrita se apreciaba un nivel moral tan alto, un sentimiento de victoria tan sublime, que en cierta forma era también un sentimiento de paz. De haber logrado la proeza de atravesar durante meses las tierras del Chocó para llegar luego a las altas tierras desde donde soñaba con hacer una revolución, hubiera convergido en un torrente enorme de transformación para el país.
Sigue leyendoPrograma de la TV belga, Mónica, exiliada chilena, relata su experiencia tras el golpe de Estado. Presa por casi diez meses en diversos centros de detención de la Dictadura, nos cuenta de su paso por la tortura y de las secuelas que dejó en ella.
De: sonuma.be/archive/monica-sympathisante-de-gauche
Traducción y subtitulado: Matías Wolff
Resumen: El presente escrito tiene como finalidad aproximarse a los Centros de Detención y/o Tortura de la Dictadura Militar en Chile desde la perspectiva de su desaparición. El objetivo será distinguir los diferentes modos de desaparición que se organizan en tres grupos —destrucción, transformación y ocultamiento—. Se buscará poner de manifiesto que ellos coinciden con los tres tipos de desaparición diferentes: ontológica (ser), sensorial (ver) y epistemológica (saber).
Durante la Dictadura habrían existido más de 1.168 Centros de Detención a lo largo de Chile. De ellos, un número importante eran inicialmente casas particulares o casas de fundos, otras eran clínicas o edificios públicos y civiles como centros deportivos, universidades, liceos y colegios, hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de trenes y edificios de la administración pública. Junto con ellos hay también instalaciones de uniformados que se vuelven centros de detención como unidades militares, unidades de Policía de Investigaciones, unidades de Carabineros. Incluso algunos barcos, salitreras o pueblos enteros que se convirtieron en Centros de Detención y Tortura. Finalmente podría mencionarse el caso de las cárceles, que generadas para albergar delincuentes, son utilizadas para encerrar a prisioneros políticos.
Si hay algo que de inmediato llama la atención cuando se analiza el listado de los Centro de Detención y/o Tortura que hubo en Chile durante la Dictadura Militar, es que prácticamente ninguno de ellos fue creado explícitamente para estos propósitos; lo que se observa es que casi en la totalidad de los casos de trata de una «reconfiguración» de lugares ya existentes: lugares que nacieron con otra finalidad, que son —en algunos casos— refaccionados o habilitados y que son transformados en lugares de reclusión, de interrogación, de tortura, etc1. Lugares que, por lo tanto, una vez que dejan de utilizarse como Centro de Detención y Tortura tienden a desaparecer en tanto que tales con la misma rapidez y eficiencia con que surgieron.
Silva y Rojas constatan acertadamente que hay «piezas de la ciudad artefacto» que desaparecen y que están ligadas a una memoria traumática del dolor (2004). Los Centros de Detención y/o Tortura utilizados por la Dictadura Militar son, para ellas, justamente este tipo de lugares que se encuentran «desaparecidos». Estas autoras distinguen una serie de «operadores»: acciones mediante las cuales un lugar desaparece. Hablan de lugares demolidos, simulados, desconocidos, aislados, apropiados y ocultos. Estas acciones aciertan en describir procesos de desaparición, sin embargo, están lejos de agotar el fenómeno. A este listado, habría que agregar una serie de otras acciones que también tiene como resultado la desaparición. Existen así, por ejemplo, lugares que son abandonados, deshabitados, descuidados, transformados, reconstruidos, retro-convertidos, normalizados, negados, desconocidos, olvidados, etc.
Por otra parte, hay que hacer notar que aunque todos estas acciones tienen en común el hecho de que provocan la desaparición de los Centros, no tienen todos en realidad el mismo efecto. Estas acciones provocan diferentes tipos de desapariciones, que en algunas oportunidades se combinan y en otras no. Distinguimos, entonces, una desaparición ontológica, otra sensorial y una epistemológica. La del primer tipo es la desaparición que se provoca mediante los operadores, como el de la destrucción, el del desmantelamiento, el del abandono, o en algunos casos, el de la transformación, pues con estas acciones se consigue hacer desaparecer físicamente un inmueble. La desaparición sensorial por su parte, alude a aquella que implica salir del ámbito de percepción, ya no se la ve. Es evidente que este tipo de desaparición siempre se da cuando concurre una desaparición ontológica: destruido el inmueble, ya no se le percibe. Es posible, sin embargo, que la desaparición sensorial se de con independencia de la ontológica, como en el caso de que un lugar sea simulado, esté oculto, disfrazado, aislado, enajenado, etc. En estos casos, los lugares existen concretamente, pero no se les percibe más como Centros de Detención y/o Tortura. Están desparecidos porque son invisibles.
La desaparición epistemológica, en tercer término, es, aunque parezca extraño decirlo, la más radical de todas, pues cierra el círculo de la desaparición. Ella alude al hecho de que un inmueble sale del ámbito del saber: no se sabe que existe, ni siquiera se tiene noticia de que alguna vez existió. Lo habitual sería pensar que a una desaparición ontológica le siga una sensorial que acarree —a la larga— una epistemológica. Primero se destruye un lugar, por lo que ya no se le percibe y finalmente, se olvida que existió alguna vez. Esto es, sin duda, un objetivo expresamente perseguido por la Dictadura. Es posible, sin embargo, que se den alternativas diferentes. Una de ellas es que sin concurrir una desaparición ontológica y dándose solo una desaparición sensorial, a la larga un lugar termine por desparecer de ámbito del saber. También es posible, por el contrario que habiendo una desaparición ontológica y sensorial, sin embargo, no se corrobore una epistemológica. Hay, sin embargo desapariciones epistemológicas que se dan sin que se destruya o de desmantele el inmueble.
Es un hecho que la gran mayoría de estos Centros de Detención y/o Tortura parecen haber desaparecido en el Chile de hoy: ya no están, ya no se les ve y/o no se sabe de ellos. En la práctica, excepto algunas excepciones, simplemente han dejado de existir. La desaparición parece ser el destino inevitable de estos lugares y solo una acción concreta, concertada, sistemática y dirigida podría evitar en parte que ello ocurra. Como sea, cualquier acción posible en este sentido exige detenerse en un análisis de los grados y modos de desaparición. Para fines expositivos agruparemos los modos de desaparición en tres grupos —destrucción, transformación y ocultamiento— los que coinciden en general, con los tres tipos de desaparición —ontológica (ser), sensorial (ver) y epistemológica (saber)— entendiendo que ellos son transversales.
A. Destrucción (SER)
El modo más evidente en que algo desaparece es en tanto que dejar de ser. La desaparición es, en un primer sentido, ontológica, pero, por ello mismo, es también sensorial, es decir, alude al pasar del ser al no-ser con la consecuencia de «dejar de ver». En estos casos, algo sale de la vista como consecuencia del hecho de que ha dejado de existir. La desaparición aquí tiene algo de definitiva e irreversible. Un número importante de Centros de Detención y/o Tortura fueron destruidos. Dicha destrucción se llevó a cabo por diferentes medios: algunos activos y otros pasivos. El desmantelar, el demoler, son acciones, mientras que el abandonar es una omisión.
Sigue leyendoLos ex presos políticos y militantes de la resistencia popular de Valparaíso, condenamos la postura servil del gobierno chileno hacia EEUU en el conflicto en Ukrania. Expresamos nuestra más profunda admiración por el pueblo de Rusia y su lider V. Putin que se ha convertido en el símbolo de la lucha anti imperialista. La guerra que se libra en territorio ukraniano y financieramente a nivel global entre Rusia y la OTAN está decidiendo el futuro inmediato de la humanidad.
La estrategia del imperialismo de apoderarse del territorio ukraniano a través de un gobierno de rufianes y de organizaciones criminales neo nazis, para de allí como miembro de la OTAN instalar misiles nucleares está fracasando, así como el proyecto de balcanizar Rusia para luego controlar China.
La respuesta militar del Kremlin obligó al imperio intentar destruir la economía rusa a través de sanciones nunca antes vistas. El resultado gracias a las capacidades del estado ruso, ha sido la aceleración del deterioro del hegemón norteamericano y de sus decadentes socios europeos gobernados por cúpulas corruptas que efrentan hoy una crisis sin precedentes.
Creemos como la mayoría de los pueblos de América, África y Asia, que la valiente respuesta de Rusia representa un esfuerzo titánico por lograr un mundo multipolar.
El imperio está movilizando todo su poder político y económico para no perder su hegemonía y ya ha empujado a las élites europeas a empobrecer a sus poblaciones en su propio beneficio. Los países y sus trabajores necesitan mostrarse unidos en su oposición al imperio, la victoria de Estados Unidos en esta coyuntura significaría consolidar por siglos su dominio total y sin límites sobre los pueblos del mundo.
En el extremo sur de América, el pueblo selk’nam u ona está demostrando que no está extinto, como aseguraban académicos y libros. Recuperando sus historias familiares y tradiciones, buscan el reconocimiento.
Marcela Comte ahora entiende por qué su madre siempre mantenía las cortinas cerradas y tenía terror de abrir la puerta si golpeaban. El miedo la acompañaba, aun viviendo en el norte de Chile, a más de cuatro mil kilómetros de Tierra del Fuego, la remota isla de la cual provenía su abuelo.
Para Hema’ny Molina, la buena nota que obtuvo en un trabajo escolar sobre los pueblos indígenas australes, que decía que los selk’nam u ona estaban extintos, no era correcta. «Miraba a mi abuelo y mi mamá y sabía que eran ona. Le dije a mi profesora que mi trabajo estaba mal, que no estaban extintos, pero no tuve fuerza para decirle que soy ona», recuerda.
Así crecieron, lejos del territorio de sus ancestros y en medio de contradicciones, en una sociedad que oficialmente las daba por desaparecidas y en la que convenía callar. «Eso lo han vivido todas las familias. Lo pasamos muy mal en el colegio, recibimos burlas. Hasta que uno se empodera y no importa lo que digan. Pero todavía hay quienes no han pasado esa barrera del temor», dice Hema’ny Molina, hoy presidenta de la Corporación Selk’nam Chile.
«No se atreven a decirlo públicamente porque, como los libros dicen que no existimos, no se sienten seguros. ‘Dónde está tu pueblo’, te preguntan. Y crees que eres tú solo», agrega Marcela Comte, tesorera de la corporación. Ambas pertenecen a la Comunidad Covadonga Ona, que reúne familias que se autoidentifican como selk’nam en Chile (documentos oficiales los registran indistintamente como selk’nam o selknam).
La mayoría de los sobrevivientes del genocidio contra este pueblo terminó disperso por Chile y Argentina -países a los que pertenece Tierra del Fuego-, pero también muchos fueron embarcados en buques mercantes con destino incierto. «En algún momento, creímos que éramos la única familia con conciencia de venir de allá. Todas las familias lo han pensado, es un sentimiento de soledad muy grande», dice Molina.
Cuando el misionero y etnólogo alemán Martin Gusinde llegó a Tierra del Fuego en 1918, estimó que en la isla quedaban menos de 300 selk’nam. 50 años más tarde, la antropóloga Anne Chapman decretó que con la muerte de la supuesta última hablante estaban extintos. «Fuimos víctimas del genocidio físico y académico«, dice Molina.
El primer choque ocurrió con el paso de los navegantes y buscadores de oro, y el secuestro de indígenas que fueron presentados en exposiciones y zoológicos humanos en Europa. En la segunda mitad del siglo XIX, llegaron los pioneros con la ganadería ovina. Molina indica que, avaladas por los Estados de Chile y Argentina, «hubo verdaderas cacerías humanas. Se llegó a pagar una libra esterlina por hombre muerto. Tierra del Fuego está sembrada de cadáveres y muchos sin cabeza, porque las cortaban para venderlas a los museos.»
Hombres y ancianas eran asesinados y las jóvenes y niños secuestrados. Los hijos del mestizaje forzoso hablaban el idioma y se criaban como selk’nam, pero se les negó el derecho a serlo. Muchos terminaron en las misiones salesianas fuera de la isla, donde pretendieron salvar a los indígenas de las matanzas y evangelizarlos, pero cundieron enfermedades que los diezmaron. Los niños sobrevivientes fueron dados en adopción. Muchos perdieron sus nombres y crecieron sin saber sus orígenes.
«Hay un corte histórico en que nadie supo nada de nosotros. Fue tan violento, que la primera reacción de los niños fue callar y olvidar que eran selk’nam, porque de ello dependía la vida. El trauma familiar es muy grande, por eso todavía cuesta hablar», dice Marcela Comte.
En el lado argentino de Tierra del Fuego, la comunidad indígena Rafaela Ishton ha tenido logros en derechos y garantías, lo que avala también la lucha de este pueblo en Chile. En el último censo en el país, 1.144 personas se reconocieron como selk’nam y la comunidad Covadonga Ona suma más de 200 miembros.
Junto con la Corporación Selk’nam Chile, buscan el reconocimiento estatal como etnia originaria. La cámara de diputados aprobó la idea de legislar y el Gobierno acaba de autorizar los fondos para el estudio antropológico, historiográfico y arqueológico requerido. Una vez entregado, el Senado deberá pronunciarse. Eso les permitirá acceder a una serie de beneficios que contempla la llamada Ley Indígena. Otro buen antecedente es que, desde hace algunos años, participan en instancias destinadas a pueblos originarios y tienen intercambio con otros.
Además, hace cinco años que trabajan con la Universidad Católica Silva Henríquez -y ahora se suma la Universidad de Magallanes-, en la búsqueda de antecedentes sobre la sobrevivencia selk’nam en Chile. «Algunos solo tienen la sospecha y nada con qué probarlo, pero se miran al espejo y hay una tendencia inexplicable. Cuando empiezan a recabar la historia y las costumbres, encuentran un ancestro que fue adoptado, le cambiaron el nombre, y traspasó rasgos culturales que quedaron en la familia», indica Hema’ny Molina.
La antropóloga Constanza Tocornal, de la Universidad Católica Silva Henríquez, trabaja con ellos en la reconstrucción de memorias orales e historias familiares, y en la revisión de fuentes archivísticas y documentales.
«El reconocimiento cultural y político del pueblo selk’nam tiene que considerar que el genocidio dificulta la continuidad cultural. En estas memorias familiares, hay procesos íntimos de invisibilización, miedo y violencia sufrida hacia su posibilidad de autoidentificarse como un pueblo, al que la sociedad le decía que estaba desaparecido. Eso también es parte de los componentes identitarios», explica.
El proceso legal de reconocimiento no tiene que ver con pureza sanguínea, aclaran en la corporación. Los pueblos cambian y aunque hoy no habiten en el territorio ni hablen la lengua, mantienen ciertos rasgos culturales. Ellos mismos descubren parecidos cuando se reúnen. Hay también ciertas prácticas y habilidades en las familias, como el trabajo textil o en cuero que, «una vez que se reconoce la posibilidad del ancestro selk’nam y lo contrasta con relatos etnográficos, encuentra mayor explicación», agrega Tocornal.
Hoy están en proceso de recuperar el idioma, que nunca se perdió del todo. Cada día reciben más consultas de colegios y universidades para que entreguen su testimonio, relata Marcela Comte: «Nos hacen muchas preguntas, les enseñamos algunas palabras y quedan maravillados de que estemos aquí y que los textos escolares estén equivocados.»
Tomado de: m.dw.com
La historia de la búsqueda de Juan José Montiglio Murúa, uno de los jefes del Grupo de Amigos Personales (GAP) del ex Presidente Salvador Allende. Pese a todos los intentos de los servicios de represión de Augusto Pinochet para borrarlo de la historia, la tierra no permitió que desapareciera y 44 años después, reveló la verdad para decirle al mundo que los crímenes no se pueden ocultar para siempre.
Las nubes no tienen intención de abrirse. Cierran de forma espesa el cielo de una fría mañana en Santiago. Es 6 de mayo de 2017 y a las afueras del Servicio Médico Legal en Avenida La Paz hay un grupo de personas esperando reencontrarse con los restos del que fuera uno de sus grandes compañeros. En una mesa de la morgue los espera un pequeño y seco fragmento óseo. Es lo que quedó de Juan José Montiglio Murúa, uno de los jefes del Grupo de Amigos Personales (GAP) del ex Presidente Salvador Allende.
Ese hueso no mide más de diez centímetros. El fragmento de un cuerpo que se negó a desaparecer, a pesar de todos los intentos de los servicios de represión de Augusto Pinochet para borrarlo de la historia. No bastaron las torturas y las humillaciones, ni que lo dinamitaran con granadas en una fosa luego de fusilarlo. La tierra no permitió que desapareciera y, 44 años después, reveló la verdad para decirle al mundo que los crímenes no se pueden ocultar para siempre.
De un joven estudiante a jefe del GAP
A comienzos de los años 70, Juan José Montiglio era un joven estudiante de Biología del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y militante del Partido Socialista. El 23 de noviembre de 1970, a la edad de 21 años y dos días antes de que naciera su primer hijo, ingresó oficialmente al grupo de seguridad de Salvador Allende, bajo la chapa de “Aníbal Salcedo”.
Era uno de los más jóvenes entre sus compañeros del GAP. Sus cercanos recuerdan que solía ponerse un bigote para verse más viejo. “Parecía un niño chico con bigote”, dice Manuel Cortés, alias “Patán”, uno de sus compañeros del dispositivo de seguridad.
Aunque oficialmente Domingo Blanco Tarrés era el jefe máximo del GAP, la personalidad y entereza de Montiglio lo llevaron a muy corta edad a convertirse en el líder natural del aparato de seguridad. Él fue uno de los que luchó hasta el final junto al Presidente ese frío martes 11 de septiembre de 1973, mientras La Moneda era bombardeada por las Fuerzas Armadas golpistas.
“No me hago la idea de que haya estado como un súper hombre en La Moneda ese día. Debió haber tenido miedo como cualquier ser humano. Ser atacado tan brutalmente, y sin embargo aguantó el chaparrón y estuvo ahí y no se achicó”, dice su compañera Rina Belvederessi, mientras el hueso del talón que se logró identificar está sobre un mantel blanco que oculta la frialdad de la camilla del Servicio Médico Legal.
Tras la muerte de Allende, Montiglio fue tomado prisionero y llevado junto a otras 24 personas al Regimiento Tacna, a 15 cuadras del Palacio de Gobierno que aún seguía incendiándose, dejando en cenizas una de las democracias más estables de América Latina.
En el Tacna los prisioneros fueron obligados a arrastrarse hincados y tenderse boca abajo con los brazos sobre la nuca. Fueron 48 horas en que militares se turnaban para torturarlos. Dos días en que los guardias armados con ametralladoras los amenazaban, y pedían a sus superiores ejecutarlos en el acto. Cada cierto tiempo eran llevados a una oficina del segundo piso del regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar.
“Son muchos años de estar ahí aguantando el chaparrón sin haber podido tirar para afuera toda esa pena y no es solo la pena de la muerte. Es pensar lo que vivieron en La Moneda esa mañana terrible, es pensar lo que les hicieron en dos días. Mira el consuelo que tuve por años: ‘por suerte los torturaron solo dos días. Hubo otros a los que los tuvieron por meses así’. Mira el consuelo estúpido. Yo decía ‘no sufrió tanto’, pero sepa Dios qué cosas horribles les hicieron. A qué cosas horrorosas los sometieron durante los dos días”, dice Rina Belvederessi.
Juan Bautista Osses Beltrán, también del GAP, fue uno de los últimos que vio a Montiglio en el Regimiento Tacna y de los pocos sobrevivientes que ha relatado lo que ocurrió ahí.
Osses recuerda que les dijeron que los iban a fusilar ese mismo 11 a la medianoche. “Se pueden levantar de a uno, tomar café y un pan porque después los vamos a fusilar”, fue la estremecedora orden que escucharon. Fue la última vez que Osses vio a sus compañeros.
A las dos de la tarde del 13 de septiembre, algunos prisioneros, entre ellos Montiglio, fueron amarrados de pies y manos con alambres y subidos a un camión militar. De ahí los llevaron al recinto militar Fuerte Arteaga, en el sector de Peldehue, al norte de la comuna de Colina.
Allí los prisioneros fueron puestos al borde de una fosa de unos cinco metros de diámetro y fusilados en grupos de a cuatro. Luego los militares lanzaron granadas para dinamitar los cuerpos. Décadas después un soldado que estuvo esos días en Peldehue, cuenta una escena que deja en evidencia la brutalidad y la magnitud de la matanza: encontró un trozo de oreja humana incrustado entre unos pinos.
Los familiares de Montiglio y de otros 19 prisioneros tuvieron que esperar décadas para enterarse de la terrible verdad.
Lanzados al mar
El penúltimo día de noviembre de 1978 fueron encontrados los cuerpos de 11 campesinos y 4 jóvenes en los hornos de Lonquén. Este hallazgo echaba por tierra la versión oficial de la dictadura, que aseguraba que los desaparecidos se habían escapado del país y que estaban por el mundo desprestigiando al Régimen Militar.
Pinochet sabía muy bien que los detenidos desaparecidos habían sido asesinados y enterrados en fosas a lo largo de todo Chile. Por esto, dio la orden de iniciar la “Operación Retiro de Televisores”, nombre en clave que se dio al desentierro de los cadáveres de prisioneros políticos para posteriormente lanzarlos al mar. Una forma macabra de encubrir las matanzas ocurridas tras el Golpe de Estado.
Luego de que la Mesa de Diálogo entregara una lista de 200 nombres con la supuesta ubicación de sus cuerpos, la esposa de Juan José Montiglio fue notificada de que había sido arrojado al mar, 200 millas marinas hacia el interior, frente a las costas de San Antonio. Sin embargo, a poco andar, se pudo comprobar la falsedad de la información, pues en ese listado aparecían personas que habían sido encontradas, por ejemplo, en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Ese dato abrió una nueva arista en el caso. Es así que se designó a la magistrada Amanda Valdovinos como ministra en visita con dedicación exclusiva, para investigar los crímenes y desapariciones de personas en Peldehue.
En enero de 2002, casi 30 años desde ocurrida la matanza en Peldehue, la ministra Valdovinos logró localizar el lugar exacto donde se encontraba la fosa en que fueron enterrados Montiglio y otros 19 prisioneros, gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que colaboraron voluntariamente en la investigación. El remordimiento comenzaba a atacar las conciencias de algunos testigos de los crímenes.
Ahí quedó en evidencia que la “Operación Retiro de Televisores” no pudo ocultarlo todo. En el lugar se encontraron más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad cercana a los tres metros. Entre ellos un fragmento de un talón.
Tras años de investigación, un análisis de ADN en un laboratorio en Austria logró determinar que ese fragmento de hueso correspondía a Juan José Montiglio, el “compañero Aníbal”.
En su búsqueda, los familiares de Aníbal fueron tras pistas que muchas veces terminaron en nada. Les dijeron que algunos prisioneros habían logrado escapar o que podía estar en una casa de personas que habían perdido la razón, en Puente Alto. Debieron esperar más de cuatro décadas para que finalmente esa fosa les devolviera los restos de su compañero, como si la tierra estuviera «gritando que no se pueden ocultar los crímenes toda una vida”, como dice con la voz entrecortada Alejandra Belvederessi, cuñada de Aníbal, mientras el hueso sobre la mesa del Servicio Médico Legal espera para poder por fin descansar en paz.
“Tengo que decir con mucha fuerza que no hemos encontrado al compañero Aníbal”, dice Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos a los pies del Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político, donde se le rinde el último homenaje a Montiglio.
“La historia hay que decirla con la verdad. Estamos encontrando fragmentos óseos de nuestros familiares y le rendimos homenaje y hacemos lo que debemos hacer y lo que ellos se merecen (…) Lo que está ocurriendo es un gesto de dignidad al jefe del GAP. Lo que está ocurriendo es un gesto de amor profundo de la familia de Aníbal de despedir al compañero, al padre, al abuelo.”, dice Pizarro.
Tomado de: lared.cl
Texto y fotos: Felipe Avendaño
Los vecinos lo describieron como una ráfaga de balas.
En la madrugada del 21 de abril de 1974, un grupo de las Fuerzas Conjuntas de Uruguay, que incluía a efectivos del ejército y la policía, abrió fuego en un pequeño apartamento en el barrio Brazo Oriental, una zona residencial cerca del centro de Montevideo.
En el interior había tres mujeres: la dueña de casa, Silvia Reyes, de 19 años, y dos amigas, Laura Raggio y Diana Maidanik, ambas estudiantes de psicología —Maidanik además, maestra jardinera—, quienes se habrían quedado a estudiar y dormir.
Las tres eran compañeras de militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), una guerrilla urbana de izquierda surgida en los años ’60, en la que —según sus familiares— se dedicaban a tareas como repartir volantes y «no habían agarrado un arma».
«Abran, abran que tiramos», recuerdan haber oído los vecinos, a eso de las tres de la mañana.
Lo que siguió fue una balacera ensordecedora, con más de 200 proyectiles disparados en el interior de la residencia.
Luego, los cuerpos de las tres jóvenes fueron retirados en bolsas, cada uno con decenas de balazos, según descubrirían más tarde sus familiares.
Se cree que el operativo tenía como objetivo detener al marido de Reyes, Washington Barrios, también militante del MLN-T, quien había logrado huir a Argentina (donde luego sería detenido, en 1974, y aún permanece desaparecido).
Reyes esperaba al primer hijo de amboscuando fue acribillada.
La matanza de las tres jóvenes, que pasaron a ser conocidas como las «muchachas de abril» o las «pibas de abril» fue una de las más cruentas ocurridas durante el último régimen cívico-militar uruguayo, instaurado tras un golpe de Estado el 27 de junio de 1973, hace 48 años.
Pero aunque ha pasado casi medio siglo y Uruguay ya lleva más de 36 años de democracia —incluyendo tres gobiernos de izquierda, uno liderado por el exlíder guerrillero tupamaro José «Pepe» Mujica— estas muertes siguen impunes.
Recién este año, en febrero pasado, se pidió el procesamiento de tres militares retirados acusados de la matanza: Juan Rebollo, José Gavazzo (que falleció este sábado 26 de junio) y Eduardo Klastornick.
Los tres declararon que abrieron fuego solo después de haber sido atacados desde el interior de la vivienda.
Rebollo, quien estaba al mando del operativo, sufrió una herida de bala en un brazo y el capitán Julio César Gutiérrez murió abatido.
Pero el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, considera que «la versión proporcionada por los indagados no concuerda con lo informado por los peritos, ni con el testimonio de los vecinos».
Según estos últimos, cuando los primeros efectivos entraron a la casa, luego de romper la puerta de entrada y acceder a un patio abierto, fueron recibidos por disparos que provenían de otros efectivos militares apostados en las azoteas que daban al fondo de la propiedad, quienes, al ver entrar gente, pensaron que era Barrios y abrieron fuego.
«Más allá de si las jóvenes se resistieron o no al allanamiento (realizado sin orden judicial y en horas de la noche) lo real es que estas fueron ejecutadas, si se quiere masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna», señaló en su pedido de procesamiento Perciballe.
Cansados por la lenta respuesta que ha tenido la Justicia uruguaya, los familiares de las víctimas han acudido a otro órgano judicial fuera de ese país: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El pasado 16 y 17 de junio, el tribunal autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó audiencias para analizar las «presuntas ejecuciones extrajudiciales« de las «muchachas de abril».
El órgano también recogió testimonios relacionados con otros dos crímenes del último gobierno cívico-militar uruguayo: las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Osear Tassino Asteazu.
No es la primera vez que este organismo investiga los abusos cometidos durante este oscuro período de la historia reciente uruguaya.
Una de sus sentencias más destacadas de los últimos años fue la del llamado «Caso Gelman»,en 2011, relacionado con la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, quien dio a luz durante su cautiverio a una bebé que fue secuestrada y entregada a la familia de un policía.
Por ese caso, la Corte IDH condenó a Uruguay a investigar todas las violaciones a los derechos humanosocurridas durante el período militar.
¿Cómo se explica entonces que una década más tarde siga habiendo casos de lesa humanidad sin juzgar, incluyendo una de las matanzas más infames de esa época?
La respuesta está relacionada con la reticencia que ha tenido Uruguay a juzgar la violencia política del pasado.
Cuando se restauró la democracia, después de casi 12 años de gobierno cívico-militar, en 1985, el presidente Julio María Sanguinetti propuso una amnistía tanto para la guerrilla como para las fuerzas de seguridad.
Todos los presos políticos, la mayoría tupamaros, fueron liberados. En tanto, Sanguinetti envió al Parlamento una ley que frenaba los juicios contra militares, policías y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto.
La «Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado» fue aprobada en 1986.
Dos años más tarde, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) avaló la constitucionalidad de la norma.
De esta forma, la amnistía recibió el respaldo de los tres poderes del Estado.
En 1989, la ciudadanía también se expresó a favor de poner punto final a los crímenes del pasado, ratificando la ley a través de un referéndum.
El 55,9% de quienes participaron eligieron que siga vigente la Ley de Caducidad, contra el 41,3% que pidió anular el perdón y juzgar a quienes cometieron crímenes.
Pasarían 15 años antes de que hubiera un cambio de postura que permitiera llevar ante los tribunales a quienes cometieron abusos.
La elección de Tabaré Vázquez en 2004 le dio por primera vez el poder a una fuerza política de izquierda en Uruguay: el Frente Amplio, una coalición que incluía a los tupamaros, quienes habían abandonado las armas tras el retorno de la democracia.
Amparado en una facultad que la Ley de Caducidad le otorgaba al Poder Ejecutivo para decidir en qué casos debía aplicarse la norma, Vázquez logró que se llevara ante la Justicia a varios de los líderes del gobierno cívico-militar.
Muere Tabaré Vázquez, el primer presidente de izquierda que gobernó Uruguay
El primer caso que el presidente excluyó de la Ley de Caducidad fue el de Washington Barrios, el esposo de Silvia Reyes, a quien presuntamente habían ido a buscar en el operativo que terminó con las muertes de esta, Raggio y Maidanik.
Estas investigaciones, habilitadas por las exclusiones, eventualmente llevaron a que se condenara, entre otros, al primer presidente de facto,Juan María Bordaberry, y al último, Gregorio Álvarez.
También fueron sentenciados a penas de cárcel el excanciller Juan Carlos Blanco y varias figuras militares, entre ellas el fallecido José Gavazzo, imputado por el caso de las «muchachas de abril».
Vázquez, además, ordenó a las Fuerzas Armadas recabar toda información existente sobre el paradero de loscasi 200 uruguayos que fueron detenidos y desaparecidos durante el régimen militar, la mayoría de ellos en la vecina Argentina, en el marco del Plan Cóndor.
E impulsó la creación del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), que logró empezar a hallar e identificar a los primeros desaparecidos, que habían sido enterrados principalmente en predios militares.
También la Suprema Corte dio un paso inédito: el 19 de octubre de 2009, dos décadas después del retorno de la democracia, falló por primera vez —y por unanimidad— que la Ley de Caducidad era inconstitucional.
La sentencia aplicó únicamente al caso de Nibia Sabalsagaray, una profesora de Literatura, activista social y militante comunista que había sido detenida, torturada y asesinada en un cuartel militar en 1974.
Uruguay: Ley de Caducidad, inconstitucional
Pero el fallo sentó un precedente que abrió las puertas a muchos otros juicios que habían sido frenados por la Ley de Caducidad.
No obstante, la ciudadanía no acompañó este cambio de rumbo.
Seis días después del histórico fallo de la Corte, los uruguayos volvieron a votar sobre la vigencia de la Ley de Caducidad en un plebiscito que se realizó a la par de las elecciones generales del 25 de octubre de 2009.
Otra vez, la mayoría eligió mantener el perdón a quienes cometieron abusos durante el gobierno cívico-militar y rechazaron derogar la norma.
Los detractores de la amnistía lograron un apoyo un poco mayor al de 1989, con el 48% de los votos, pero nuevamente fue insuficiente para dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
Irónicamente, la misma elección que decidió mantener la amnistía para las fuerzas de seguridad del gobierno cívico-militar, también terminó llevando a la presidencia a uno de los presos políticos encarcelados por ese régimen: el exguerrillero tupamaro José «Pepe» Mujica.
Mujica estaba convencido de que el plebiscito sobre la Ley de Caducidad tuvo ese resultado porque, al haberse realizado junto con las elecciones nacionales, contabilizó todo voto que no se pronunció sobre la amnistía como un voto en contra de la anulación.
«Esto era como mezclar zapallos con chicharrones«, criticó en su típico estilo campechano.
El presidente propuso realizar otro plebiscito para subsanar este «error» y ver realmente cuánto respaldo popular tenía la Ley de Caducidad.
«Yo quisiera que el hombre de la calle decidiera esto, ¿nos vamos a pasar 40 años discutiendo?», declaró al diario La República.
Sin embargo, la mayoría de su partido rechazó esta idea. En vez de eso, el Frente Amplio decidió impulsar una «ley interpretativa de la Caducidad», para dejar sin efecto la amnistía.
Los partidarios de esta propuesta señalaban que urgía aprobar la legislación por dos motivos: primero, porque la mayoría de los crímenes cometidos durante el gobierno de facto eran considerados hasta ese momento delitos comunes yprescribirían a finales de 2011.
Pero además, porque se esperaba el fallo de la Corte IDH por el caso Gelman, que —se anticipaba—, no solo declararía que la Ley de Caducidad era incompatible con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, sino que también abriría las puertas a una ola dedenuncias contra el Estado uruguayo por acatar esa ley.
No obstante, varios referentes del Frente Amplio —entre ellos Mujica y Vázquez— se opusieron a dejar sin validez una norma que había sido respaldada dos veces por el pueblo uruguayo.
Los desacuerdos llevaron a que el primer intento de legisladores oficialistas de aprobar la ley interpretativa fracasara a último momento, en mayo de 2011, debido a la abstención de uno de sus propios diputados, Víctor Semproni.
Tras ese revés, el presidente Mujica, firmó, en junio, un decreto para permitir que se continuaran investigando más de 80 casos de violaciones que habían sido frenados por gobiernos previos bajo el amparo de la Ley de Caducidad.
Finalmente, el 27 de octubre de 2011, cinco días antes de que prescribieran los delitos del período militar, el Parlamento uruguayo aprobó una ley que restableció la «pretensión punitiva del Estado».
La norma declaró que esos crímenes eran de lesa humanidad y, por tanto, no prescribían.
Sin embargo, esto no puso fin a las idas y vueltas que ha tenido Uruguay en relación a cómo encarar los abusos del pasado.
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Las llamas aparecieron la madrugada del 18 de noviembre, exactamente un mes después de iniciado el estallido social. Salían de la tienda Hites, en calle Condell 1273, Valparaíso. Y tal voracidad alcanzó el fuego, que siete compañías de bomberos de la comuna (más una de Viña del Mar) tuvieron que llegar a extinguirlo.
Para entonces, el local había sido saqueado en cuatro oportunidades. Misma suerte que los otros del mismo barrio, allí entre la subida Ecuador y la Plaza Aníbal Pinto. Es donde se han concentrado las expresiones de los dos meses de agitación: marchas, barricadas, destrozos al mobiliario público, además de los mismos incendios y robos. Pero para esa noche y “al momento del incendio, la tienda no tenía mayores especies”, detallaría después el mayor Marco Jiménez, de la segunda comisaría central de Valparaíso. De los registros que llevaban, contaban al menos cuatro las veces en que desconocidos entraron para llevarse algo.
El siniestro de esa noche de noviembre provocó daños estructurales en todo el edificio. Las causas que lo produjeron aún no están determinadas. Fueron varias docenas de voluntarios los que respondieron al llamado; también miles de litros de agua vertidos. Tantos, que la planta baja, el subterráneo de la tienda, quedó inundado.
Lo que vino después fue el lamento de los trabajadores y el refuerzo de la fachada: sobre las cortinas de metal pusieron gruesas láminas de acero, cruzadas por fierros tanto o más gruesos, todos soldados. Una fortaleza casi impenetrable. Solo se podía acceder por una pequeña puerta, del mismo material, que estaba en la parte delantera del local, asegurada por dos candados.
Guillermo Alegría, el gerente de la tienda, había visitado dos o tres veces el edificio hasta antes del sábado 21 de diciembre pasado. No tenía mucho más que ver: las vigas gruesas, los pilares negros, las ventanas quebradas. Pero quiso, de todas maneras, caminar por entre las ruinas. Era el último trayecto para definir si había algo que recuperar, o si debía de echarse todo abajo y comenzar de cero.
Cerca de las 10:00 de la mañana hizo el llamado a Carabineros. Era la primera vez que bajaba hacia la bodega, en el piso subterráneo. No tenía esperanzas de encontrar algo: lo que no había sido quemado, se había mojado y por ende, quedaba en condición de inutilizable. Además, la escalera, cerca de la entrada, también estaba con agua y humedad. Pero quién sabe por qué instinto, decidió ir.
Entre los haces de luz que se cruzaban por la fachada avanzó hacia el líquido estancado. Y allí lo vio, flotando, deformado, putrefacto, hinchado, inidentificable. Un cuerpo, una persona a la que olvidaron allí, entre el fuego y las cenizas.
Lo siguiente que hizo el gerente fue dar el aviso a Carabineros. El Laboratorio de Criminalística fue el primero en llegar. De ellos dependía que la escena quedara indemne para que el Servicio Médico Legal (SML) hiciera después lo suyo. “Al momento que el personal del laboratorio de criminalística ingresó a fin de verificar el sitio del suceso, se percató de la presencia de un segundo cuerpo”, contaría luego el mayor Jiménez.
En 18 de noviembre, las denuncias por presuntas desgracias que manejaba la policía eran alrededor de seis o siete. Cuando los cuerpos se encontraron, eran solo cinco las que se mantenían en proceso,según la información policial. De forma preliminar e inacabada (principalmente fijándose en rasgos físicos como tatuajes), Carabineros descartó alguna coincidencia con la lista.
33 días después del incendio, con cuatro visitas a los vestigios del local, con siete (o cinco) denuncias por presunta desgracia, nadie reparó en dos cuerpos en el agua que, con esos mismos números, se transformaron en piezas difíciles de reconocer.
No los vieron, tampoco los buscaron.
El primer saqueo ocurrió en 19 de octubre. Guillermo Alegría recuerda la fecha por ser la inicial. También sabe de la última, en 11 de noviembre, que fue la que finalmente lo llevó a sacar todo del local: “A pesar de estar cerrada, estos gallos siguieron entrando y rompiendo las láminas de acero que colocamos. ¡Entraron hasta por el techo! Con eso te digo todo”, cuenta el gerente.
El barrio está rodeado de testigos que vieron el incendio, o que pasearon frente al local desde el estallido. “Desde que se empezó a saquear, Hites abrió muchas veces. En los primeros días, entraron los dueños, blindaron, pero después se hizotira el segundo piso, rompieron los vidrios”, cuenta una testigo.
Según relata una locataria cercana, si bien no había un olor distinguible a carne humana en descomposición después del incendio, sí había una gran concentración de moscas en la entrada.No obstante, de otras tiendas atribuyeron la presencia de los insectos a otro gran incendio en la misma calle Condell: uno que calcinó el antiguo edificio en el que funcionaba una tienda de alimento para mascotas y en el que había una gata adentro.
Fuentes del Servicio Médico Legal de Valparaíso precisan que después de cinco semanas sumergidos en el agua, los cuerpos comenzaron el proceso de gasificación propio de los muertos. Las huellas dactilares, a esa altura (y según detalla la misma fuente), habían desaparecido.
De acuerdo al mismo relato, los cuerpos corresponden a dos hombres, de entre 25 y 30 años, que no presentan señales de quemaduras. “Tiene que haber sucedido lo siguiente: los cuerpos no estaban calcinados.Seguramente estas personas, como hipótesis, estaban robando. Se declaró el incendio y quedaron atrapados abajo. Cuando llega bomberos, los rocían con agua y ahí fallecen. No fue producto del incendio, quizás fue por inhalación de gases, probablemente por asfixia”, explica la misma fuente.
Hoy en día, las investigaciones dieron con una de las familias de los dos fallecidos. “Había hablado con la esposa de uno. Ella dijo que efectivamente estaba delinquiendo, que ella eso lo sabía”, cuenta la misma misma fuente del SML.
Con todo, lo que ordenó el Fiscal Cristian Andrade, quien encabeza la investigación, fue que las autopsias siguieran el Protocolo Minnesota, el nombre genérico que adquirió el “Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias”, creado en 1991. Cuando las pesquisas siguen estos lineamientos, no se descarta que hayan actuado agentes del Estado en el mismo deceso de las víctimas. Entre sus características destaca la toma de radiografías de los cadáveres y la confirmación de los fallecidos por muestras de ADN.
Andrade explicó que buscará “determinar algún crimen de lesa humanidad para determinar todas las circunstancias posibles y con precisión todas las causas de muerte”.
Tomado de: el desconcierto.cl
Por: Diego Alonso Bravo
La memoria durante el siglo XX se ha venido trabajando desde dos perspectivas más o menos delimitadas pero contrapuestas entre sí, una de ellas, la individualidad y otra, la colectiva. Nos referiremos a la visión de la memoria colectiva pues la individual cada persona a partir de sus experiencias, enseñanzas y recuerdos la puede traer al presente.
La memoria se ha estudiado desde la Grecia clásica pues con ellos se funda el “arte de la memoria” a partir de relatos de los poetas y filósofos, por tanto, era una transmisión oral con lo cual, ya estamos dejando algo establecido, el lenguaje es la función principal y constructor para acometer dicho acto.
«La memoria permite conocer, denunciar y atender los atropellos de la sociedad actual, para evitar su olvido y naturalización, pues recupera las voces silenciadas y las experiencias de colectivos humanos»
Además del lenguaje, existen dos complementos que vienen a fortalecer lo anterior, como son las fechas y los lugares. En ese sentido, cuando se reúnen las sociedades van construyendo sus recuerdos. Dado lo anterior, Pierre Nora habla de “lugares de la memoria”, porque en esos lugares se configuran y almacenan los recuerdos (2009). Según Nora, la memoria es vida encarnada en grupos, cambiante, pendular entre el recuerdo y la amnesia, desatenta o más bien inconsciente de las deformaciones y manipulaciones, siempre aprovechable, particular y mágica por su efectividad.
Por lo esbozado hasta ahora, para que exista memoria también debe existir olvido, por tanto, ambas se relacionan y tienden a configurar las sociedades, en el sentido de que en la medida que una avanza el otro tiende a retroceder, cuando la memoria se incrementa el olvido se minimiza y viceversa.
El conflicto claramente es y será entre memoria y olvido. Este último se forja a partir del poder de los grupos dominantes y que por cuya presencia van modificando procesos, acuerdos, compromisos incluso, obligaciones institucionales. Por tanto, es un olvido impuesto desde los grupos que generalmente dominan abierta o secretamente las sociedades, pueden ser gubernamentales, académicas, políticas u eclesiales, en donde a través de las cuales imponen su punto de vista pues gozan de credibilidad y de poder. Cuando dicho olvido es impuesto silentemente, el mismo es aceptado y asumido por la sociedad, aparece la desmemoria y se transita lentamente hacia el olvido social.
Lo anterior, dos grandes pensadores ya lo plantearon Nietzsche (1874), “es necesario el olvido” y Todorov (1995), “es necesario olvidar”. No olvidemos que en Grecia se llegó a legalizar a través de decretos, el olvido. Dicho lo anterior, el olvido social lo utiliza el poder como mecanismo de control para narrar el pasado, relatar la historia de manera tal, que ellos son los únicos herederos reales del pasado. Tal aseveración también, la reafirma en abril del 2021, Pedro Güell, “octubre del 2019, ya es pasado… las tesis del malestar o las del origen del estallido, por acertadas que sean, ya no bastan para entender bien el presente”.
A partir de lo expresado y respondiendo a lo antepuesto, aparece un desafío por tercera vez, la memoria permite conocer, denunciar y atender los atropellos de la sociedad actual, para evitar su olvido y naturalización, pues recupera las voces silenciadas y las experiencias de colectivos humanos. Con ese caudal, nos habilita a abrirnos a otras formas de pensar, resolver problemas y salir de la enunciación en primera persona.
La ciudadanía con más o menos conciencia a partir de octubre del 2019 se transformó reiteradamente en sujeto activo dejando la pasividad y la inercia de 30 años de justicias en la medida de lo posible, con las luchas populares se tomaron los diversos espacios públicos donde quedaron huellas de memoria y que las clases dominantes respondieron con sus artefactos y dispositivos disciplinantes vigilando y castigando a cientos de miles, transformando a la ciudad en un campo de batalla. En el cual hubo heridos, detenidos y miles que manifestaron los abusos, anhelos y esperanzas… campo de batalla pendiente aun y por ende, ciudad en disputa todavía.
Para concluir, “la memoria nace cada día, con lo que significamos del pasado construimos la realidad en la que nos movemos, y por la memoria tiene sentido. La memoria nos remite a los orígenes, a lo fundacional, a lo que se encuentra al inicio de nuestras intenciones, de las intenciones edificantes de una nación, de una sociedad. Hay que saber qué hay en la raíz, en el comienzo, para averiguar así si hemos desviado el desviado el camino, y entonces sabernos conducir, porque cuando se olvidan los principios se olvidan los fines. Cuando se olvida el pasado el único futuro que queda es el olvido, y el olvido es la única muerte que mata de verdad” (Mendoza, 2005).
Bibliografía:
Nora, Pierre. (2009). Les lieux de memoire. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
Mendoza, Jorge. (2005). Exordio a la memoria colectiva y el olvido social en Athenea Digital – número 8.
Tomado de: elquinto poder.cl
Por: Andrés Vera Quiroz
Verdeolivo 